Vijay Prashad (*)
El presidente de Bolivia Evo Morales fue derrocado por un golpe militar el 10 de noviembre. Ahora está en México. Antes de ser obligado a dejar la presidencia estuvo dedicado a un amplio proyecto de llevar democracia económica y social a su largamente explotado país. Es importante recordar que Bolivia ha sufrido una serie de golpes de Estado, a menudo encabezados por los militares y la oligarquía en nombre de las empresas mineras transnacionales. Inicialmente, eran empresas de estaño, pero el estaño ya no es el objetivo principal en Bolivia. El objetivo principal son sus enormes depósitos de litio, cruciales para los automóviles eléctricos.
Durante los últimos 13 años, Morales ha tratado de construir una relación diferente entre el país y sus recursos naturales. No quería que esos recursos beneficien a las transnacionales mineras, sino a su propia población. Parte de esa promesa se cumplió, ya que ha disminuido el porcentaje de pobreza y la población boliviana ha mejorado sus indicadores sociales. La nacionalización los recursos combinada con el uso de sus ingresos para financiar el desarrollo social ha desempeñado un papel importante. La actitud del gobierno de Morales hacia las empresas transnacionales produjo una áspera respuesta por parte de ellas, muchas de las cuales llevaron a Bolivia ante los Tribunales.
En el transcurso de los últimos años, Bolivia ha luchado por aumentar las inversiones para desarrollar sus reservas de litio de forma que devuelvan la riqueza del país a su gente. El vicepresidente de Morales, Álvaro García Linera, dijo que el litio será “el combustible que alimente al mundo”. Bolivia no pudo llegar a acuerdos con empresas transnacionales occidentales; entonces decidió asociarse con empresas chinas. Esto hizo vulnerable al gobierno de Morales. Había entrado en la nueva Guerra Fría entre Occidente y China. El golpe contra Morales no se puede entender sin una mirada a este enfrentamiento.
Choque con transnacionales
Cuando Evo Morales y el Movimiento al Socialismo asumieron el poder en 2006, el gobierno inmediatamente intentó deshacer décadas de robo por parte de las empresas mineras transnacionales. El gobierno de Morales se apoderó de varias de las operaciones mineras de las empresas más poderosas, como Glencore, Jindal Steel, Anglo-Argentinian Pan American Energy y South American Silver (ahora TriMetals Mining). Envió el mensaje de que las cosas no iban a continuar como antes.
Sin embargo, estas grandes empresas continuaron con sus operaciones –basadas en contratos antiguos– en algunas zonas del país. Por ejemplo, la transnacional canadiense South American Silver había creado una compañía en 2003 –antes de que Morales llegara al poder– para explotar en Malku Khota, en busca de plata e indio (un metal de tierras raras utilizado en televisores de pantalla plana). South American Silver comenzó entonces a extender el alcance de sus concesiones. La tierra que reclamaba está habitada por indígenas bolivianos, que argumentaban que la compañía estaba destruyendo sus espacios sagrados, así como promoviendo una atmósfera de violencia.
El 1° de agosto de 2012, el gobierno de Morales, mediante el decreto supremo 1.308 anuló el contrato con la South American Silver (TriMetals Mining), que entonces buscó arbitraje internacional y compensaciones. El gobierno canadiense de Justin Trudeau –como parte de un movimiento más amplio a favor de las compañías mineras canadienses en Sudamérica– ejerció una presión inmensa sobre Bolivia. En agosto de 2019, TriMetals alcanzó un acuerdo con el gobierno boliviano por 25,8 millones de dólares, aproximadamente una décima parte de lo que había exigido anteriormente como compensación.
Jindal Steel, una corporación transnacional india tenía un viejo contrato para extraer mineral de hierro en Bolivia, en El Mutún, un contrato que el gobierno de Morales suspendió en 2007. En junio de 2012, Jindal Steel rescindió el contrato, buscó arbitraje internacional y una compensación por su inversión. En 2014 ganó 22,5 millones de dólares de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. En otro caso, Jindal Steel exigió una compensación de 100 millones de dólares.
El gobierno de Morales confiscó tres instalaciones de la empresa minera transnacional Glencore, con sede en Suiza. Estas incluyen una mina de estaño y zinc, así como dos fundiciones. La expropiación de la mina tuvo lugar luego de que la subsidiaria de Glencore se enfrentara violentamente con mineros.
De manera más agresiva, Pan American demandó al gobierno boliviano por 1.500 millones de dólares por la expropiación de su participación en la Petrolera Chaco, hecha por la compañía estatal de energía. Bolivia llegó a un acuerdo por 357 millones de dólares en 2014.
La escala de estos pagos es enorme. En 2014 se estimó que los pagos privados y públicos hechos para la nacionalización de estos sectores clave ascendían por lo menos a 1.900 millones de dólares (El PIB de Bolivia era de 28.000 millones de dólares en ese momento).
En 2014, hasta el <Financial Times< estuvo de acuerdo en que la estrategia de Morales no era del todo inadecuada. “La prueba del éxito del modelo económico de Morales es que desde que llegó al poder ha triplicado el tamaño de la economía, al tiempo que ha logrado un récord en reservas de divisas”.
Litio
Las reservas clave de Bolivia son de litio, que es esencial para los automóviles eléctricos. Bolivia afirma tener el 70% de las reservas mundiales de litio, sobre todo en el Salar de Uyuni. La complejidad de esta minería y su procesamiento ha significado que Bolivia no haya sido capaz de desarrollar la industria del litio por sí misma. Se requiere de capital y experticia.
El Salar está a 3.600 metros sobre el nivel del mar y recibe altas precipitaciones. Esto dificulta utilizar evaporación solar. Soluciones más simples ya están disponibles para el desierto de Atacama en Chile y para Hombre Muerto en Argentina. En Bolivia se necesitan soluciones técnicamente más complejas, lo que significa que se requiere más inversión.
La política de nacionalización del gobierno de Morales y la complejidad geográfica del Salar de Uyuni ahuyentaron a varias empresas mineras transnacionales. Eramet (Francia), FMC (Estados Unidos) y Posco (Corea del Sur) no pudieron hacer negocios con Bolivia y ahora operan en la Argentina.
Morales dejó claro que cualquier desarrollo del litio tenía que hacerse con su compañía minera nacional, Comibol, y con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), su compañía nacional de litio como socias paritarias.
El año pasado la empresa alemana ACI Systems llegó a un acuerdo con Bolivia. Después de protestas de los residentes en la región del Salar de Uyuni, Morales canceló el acuerdo el 4 de noviembre de 2019.
Empresas chinas –como TBEA Group y China Machinery Engineering– llegaron a un acuerdo con YLB. Se dijo que Tianqui Lithium Group de China, que opera en Argentina, iba a llegar a un acuerdo con YLB. Tanto las inversiones chinas como la Compañía Boliviana de Litio estaban experimentando con nuevas formas de extraer el litio y de compartir las ganancias del litio. La idea de que hubiera un nuevo pacto social para el litio era inaceptable para las principales compañías mineras transnacionales.
Tesla y Pure Energy Minerals (Canadá) mostraron ambas gran interés en tener una participación directa en el litio boliviano. Pero no pudieron llegar a un acuerdo que tuviera en cuenta los parámetros establecidos por el gobierno de Morales. El propio Evo fue un impedimento directo para que las empresas transnacionales no chinas se hicieran cargo de los campos de litio. Tuvo que irse.
Después del golpe, las acciones de Tesla aumentaron astronómicamente.
(*) Historiador indio. De brasildefato.com.br
