La justicia española condenó este viernes a 133 años y cuatro meses de cárcel al ex coronel salvadoreño Inocente Montano por el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989, en una matanza con otras tres víctimas durante la guerra civil en el país centroamericano.
«Debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista», dijo el portavoz del tribunal durante la lectura de la sentencia en la Audiencia Nacional de Madrid en la que estuvo presente el acusado.
Por cada uno de estos delitos, el tribunal estableció una pena de 26 años y ocho meses, lo que suma 133 años y cuatro meses, aunque el tiempo máximo que podrá estar preso según la ley española son 30 años, precisó la agencia de noticias AFP.
En su sentencia, apelable ante el Tribunal Supremo, los magistrados también lo consideran responsable de los otros tres asesinatos ocurridos contra otro religioso salvadoreño, una empleada de la orden y su hija.
El ex militar de 77 años, extraditado a España en 2017, era el único acusado en el juicio celebrado entre junio y julio por la masacre ocurrida en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) en la guerra civil (1980-1992).
En medio de una ofensiva guerrillera sobre la capital San Salvador, el 16 de noviembre de 1989, efectivos del ahora proscrito batallón militar Atlacatl asesinaron a los religiosos.
En esa época, la orden religiosa, en especial Ignacio Ellacuría, estaba ejerciendo de intermediario entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a fin de encauzar unas negociaciones de paz.
Eso, según el comunicado de la Audiencia Nacional, «les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios».
Durante el juicio, en el que compareció en silla de ruedas y con mascarilla, el coronel aseguró que no había participado en ninguna reunión «en la cual se diera la orden de matar a los curas».
Su defensa también alegó que los hechos estaban prescritos según las leyes salvadoreñas, pero la fiscalía rebatió que seguían siendo punibles en España donde se inició la investigación más tarde, en 2009, gracias al principio de justicia universal.
