Por: Juan Cruz Varela / paginajudicial.com
El juez federal Leandro Ríos decretó el procesamiento del ruralista Leonardo Roberto Airaldi, cuya organización fue desarticulada en un impresionante operativo en una zona rural surcada por ríos y arroyos en el departamento Diamante.
Airaldi, ex director de la Sociedad Rural de Diamante, fue procesado por haber organizado y financiado actividades de comercio de estupefacientes en las ciudades de Paraná y Diamante. El magistrado le dictó la prisión preventiva y trabó un embargo sobre sus bienes por 6.750.000 pesos.
El juez Ríos considera a Airaldi como el jefe de una organización que tenía como principal característica el dominio territorial de la zona rural e islas y sostenía su poder a través de un aceitado vínculo con efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad que operaban en la zona, algunos de los cuales le brindaban protección.
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La detención de Airaldi fue el corolario de una investigación iniciada hacia fines de 2018. En un principio, efectivos de Prefectura Naval Argentina recibieron datos de vecinos de zonas de islas que advertían sobre la llegada de embarcaciones, por la noche y sin ningún tipo de identificación, que dejaban bultos sobre la costa. Con el tiempo, la Policía de Entre Ríos sumó testimonios que señalaban que una vez por mes, aproximadamente, durante el día se veían descender avionetas en una estancia de Airaldi y por la noche salían camionetas con sus cajas tapadas.
Con esos datos, durante varios años, los investigadores pudieron reconstruir el organigrama de una estructura delictiva de gran magnitud y nivel de sofisticación.
Airaldi era quien organizaba las diferentes adquisiciones y remesas de cocaína y marihuana para la venta en las ciudades de Paraná y Diamante. En esa tarea era asistido por Jimena Burne, su pareja e hija de un prefecto, quien colaboraba en la totalidad de las actividades, especialmente, en lo relativo al transporte y comercialización e incluso en ocasiones vendía ella misma drogas al menudeo. Sebastián Armocida, un empleado del área administrativa del Hospital San José de Diamante; y Armando Marcelo Balcaza, trabajador de un frigorífico eran otros colaboradores estrechos. Ellos eran los encargados del resguardo, transporte y distribución de la droga a los vendedores minoristas, como también de la recaudación por esas operaciones.
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En tanto, Tanya Gisel Kranevitter, ex pareja de Airaldi e hija de un reconocido empresario diamantino, era la encargada del manejo económico y financiero de la organización; era quien realizaba los pagos, mediante transferencias, tanto a proveedores como a los distintos eslabones de la organización. Al mismo tiempo, se ocupaba de la administración de las actividades legales de Airaldi, relacionadas con el sector agropecuario, la administración de los campos heredados de su familia y negocios inmobiliarios.
Otros aspectos importantes dentro de la organización eran la seguridad. El juez resaltó que “Airaldi mantenía contactos y vínculos de extrema confianza con distintos funcionarios policiales que le permitían ingresar el estupefaciente por el puesto caminero del túnel subfluvial, en el Puente Rosario-Victoria y en el cruce de rutas de acceso a Diamante, lo que optimizaba el funcionamiento de la organización y les permitía mantener un flujo de distribución constante, sin necesidad de almacenar grandes cantidades de estupefaciente y, con ello, reducir el riesgo de ser interceptados”.
Un eslabón vital en la estructura logística era Roberto Fabián Coronel, un policía provincial que estaba actualmente con licencia médica, y cumplía funciones de resguardo, transporte y distribución de la droga, se ocupaba cobrar el dinero resultante de la venta al menudeo y, principalmente, se encargaba de la seguridad personal de Airaldi y de la administración de los bienes de la organización.
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Los registros de las comunicaciones entre ambos ilustran ese rol y el nivel de vinculaciones que tenía Airaldi en la fuerza policial. En una ocasión, por ejemplo, Coronel le expresa su preocupación previo a salir a la ruta al volante de una camioneta del líder de la organización para el transporte de drogas. Airaldi, sin embargo, lo tranquiliza:
–Che, vos Leo, por la camioneta tuya… ¿vos decís que la Policía no…? Porque no tengo tarjeta azul en tu camioneta.
–Pero si tiene tarjeta verde y la caminera del puente es mía, ¿qué te preocupas?
–Ah, listo, bueno.
Un rato después, estando en Paraná, Airaldi se comunica con una persona a la que identifica por su nombre, que sería integrante de la policía caminera, a quien le consulta sobre los agentes que estaban realizando controles en la ruta:
–¿Cómo le va, amigo? ¿Estás en el cruce vos, no? –pregunta Airaldi.
–No, entro el lunes recién –le responden del otro lado de la línea.
–Ah, está bien. ¿Quién de los muchachos está ahí?
–Creo que está Chuky hoy.
–Ah, lo llamé Chuky recién, pero no me dio, no me contestó.
–Deben estar Chuky o Chori.
–Ah, listo, listo, listo –se despide Airaldi.
La agenda de contactos de Airaldi es insondable. En los registros de sus teléfonos aparecen encumbrados hombres de la Policía de Entre Ríos, desde integrantes de la plana mayor, ex altos mandos retirados, jefes de puestos camineros, de comisarías, de brigadas y agentes de calle. Incluso algunos declararon en la causa. Parece una obviedad decirlo, pero aparecer en una agenda no significa absolutamente nada. Lo realmente relevante, sin embargo, es el trato reverencial que algunos policías le proferían. Otros deberán explicar conversaciones impropias que mantenían con Airaldi.
La organización tenía un modelo de negocios diversificado. Por un lado, proveía de drogas a vendedores minoristas; y a la vez abastecía a otros proveedores que luego revendían en Paraná. El traslado se hacía en taxi por un colaborador de la banda.
Los investigadores detectaron que un punto estratégico de las operaciones era Mandela Resto Bar, en el centro de la ciudad de Diamante. Los administradores eran Juan Andrés Erbes y Walter Gonzalo Olivero, este último también empleado del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y suboficial de la Policía santafesina. Ellos se encargaban de la coordinación, transporte y almacenamiento de drogas que comercializaba la banda.
Allí funcionaba un punto de venta de la organización, bajo la dirección de Erbes y a cargo de los mismos empleados, que en ocasiones hacían entregas bajo la modalidad de delivery. La coordinación de esta porción del negocio estaba a cargo de Jimena Burne, pareja de Airaldi, quien le reportaba directamente.
Airaldi y otras diecisiete personas que desempeñaban distintos roles en la estructura narcocriminal fueron procesados. A estos últimos se les trabarpm embargos por 5.062.500 pesos para cada uno. En el caso de Airaldi, Burne, Balcaza, Armocida, Erbes, Coronel y Olivero se les dictó la prisión preventiva; mientras que los otros once, entre los que se encuentra la ex pareja de Airaldi, seguirán el proceso en libertad.
