Luego de un proceso que rozó el escándalo, un tribunal de la ciudad santafesina de Reconquista aceptó este miércoles un acuerdo entre partes y condenó a 7 años de prisión y el pago de un resarcimiento económico de un ex funcionario de la Municipalidad de Avellaneda por abusos sexuales a una sobrina entre sus 4 y 10 años, informaron fuentes judiciales.
El tribunal compuesto por Mauricio Martelossi, Norma Senn y Gustavo Gon condenó a 7 años de prisión a Marcelo Galaz, ex secretario del senador nacional Dionisio Scarpín cuando era intendente de esa ciudad, como autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes y abusos sexuales con acceso carnal, reiterados en número indeterminado de veces.
El caso estuvo salpicado por el escándalo y motivó que un auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitara la destitución del fiscal de la causa, Aldo Gerosa, por haber presionado y violentado a la víctima.
Con el acuerdo, que alivianó los cargos, Galaz evitó el juicio oral que lo exponía a 32 años de cárcel, por lo que el proceso fue criticado desde su inicio y puso en alerta al MPA, que le encargó al auditor Leandro Mai una investigación.
«Procede la sanción de destitución en el cargo», dictaminó Mai, no obstante lo cual hoy el tribunal resolvió por mayoría hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes, que incluyó un resarcimiento de 6 millones de pesos a la víctima, que ya es mayor de edad.
Las fuentes indicaron que para posibilitar el acuerdo se aplicó el artículo 119 del Código Penal Argentino, que en sus párrafos segundo y tercero establecen una pena de entre de entre 4 y 10 años de cárcel por abusos sexuales gravemente ultrajantes, y de entre 6 y 15 años por acceso carnal.
Para evitar el juicio oral los abogados defensores y acusadores aceptaron quitar el delito de promoción de la corrupción, agravada por la guarda y la convivencia, y otros tres agravantes: la de grave daño a la salud, la convivencia preexistente y la guarda de la niña.
Galaz, durante la investigación, se mantuvo en prisión domiciliaria y recién hoy fue trasladado a una unidad penal.
En principio, el juez Santiago Banegas se negó a homologar el acuerdo con el argumento de que carecía de «libertad» para fallar en virtud de las declaraciones del procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial, que había adelantado que haría una investigación sobre el caso.
Banegas se inhibió de firmar el acuerdo por declaraciones que el procurador de la Corte provincial, Marcelo Barraguirre, realizó a una radio de Rosario, en las que dijo que iban a «conformar un legajo de actuaciones para poder investigar las responsabilidades judiciales» y anticipó que se investigaría «la responsabilidad del magistrado en avalar, al homologar un acuerdo de partes en estos términos».
