La organización privada estadounidense National Bureau of Economic Research (NBER), integrada por Sebastián Galiani, ex vice ministro de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri, publicó en julio una polémica investigación implementada durante el 2018 en la ciudad de Nairobi. Junto a tres economistas llevaron a la práctica un experimento que proponía cortar servicios esenciales como agua y luz en barrios marginales de la capital de Kenia para analizar la reacción de sus habitantes.
El informe que se titula «Hacer cumplir el pago por los servicios de agua y saneamiento en los barrios marginales de Nairobi» cuenta con veinticinco páginas donde los autores sostienen que a partir de advertencias de cortes o la desconexión de suministros básicos, la gente no encuentra otra alternativa que pagar. El escrito lleva también la firma de los economistas Aidan Coville, Paul Gertlet y Susumu Yoshida.
Los integrantes de la NBER consideran que » la alta frecuencia de impagos ha creado una crisis fiscal para los servicios públicos y ha obligado a las empresas a racionar los suministros». A su vez, parten de la base que las entidades que proveen los servicios públicos «temen que las desconexiones tengan consecuencias políticas», y que por eso habitualmente evitan el corte de suministro. A partir de esta hipótesis que decidieron experimentar en los barrios populares de la capital de Kenia.
«Probamos un estímulo suave que informa a los inquilinos sobre la morosidad en el pago del propietario y, en segundo lugar, una fuerte amenaza de desconexión por falta de pago con aplicación si los propietarios no pagan», explican los economistas en el texto.
Una de las particularidades que reconocen, es que ante eventuales aumentos o falta de pago en los servicios, los propietarios de las viviendas (sobre quienes recaían los reclamos de incumplimiento) terminaron trasladando estos costos a subas en los alquileres de los inquilinos.
El informe lo sintetiza de la siguiente manera: «Para contrarrestar el aumento efectivo de las tarifas de servicios públicos pagadas, los propietarios aumentan sus ingresos por alquiler alquilando espacio adicional en sus complejos y aumentando marginalmente los alquileres de los inquilinos».
Para Galiani y sus colegas de la National Bureau of Economic Research, el hecho de que no se haya provocado una revuelta social, «sugiere que la aplicación estricta a través de desconexiones, aumenta el pago y la posición financiera de la empresa sin incurrir en costos políticos».
Una cuestión ética y moral
El experimento generó rebote en el entorno económico a nivel mundial y en el ámbito político local a raíz de la participación del ex ministro macrista en la implementación.
El economista y especialista en desigualdad económica Branko Milanovic se hizo eco de la publicación y a través de sus redes sociales manifestó: ««Simplemente córtelos durante nueve meses y publique su artículo». Cosas vergonzosas».
https://twitter.com/BrankoMilan/status/1292250927299063808
Milanoivk citó el análisis del economista sudafricano Josh Budlender, quien cuestionó el costado ético y moral del experimento. «Sin consentimiento informado, para mí, esto siempre es serio, pero a veces se justifica que el experimento no hace daño y permite potenciales beneficios para la población. ¿En este caso? Daños masivos y beneficios completamente confusos», argumentó Budlender.
Por su parte, Mark Healey, el historiador alemán con trayectoria académica en Estados Unidos, reparó en el efecto dominó que generó la reacción de los propietarios ante los aumentos y cortes en servicios. «Disciplinó a los propietarios aumentado el costo de vida de los pobres», sintetizó.
En el ámbito de la política local, a Galiani no le dejaron pasar por alto el experimento. El diputado nacional Rodolfo Tailhade recordó: «Este infame vino al Congreso como viceministro de Dujovne a difamar a Néstor. Esto es el macrismo, estas lacras nos gobernaron».
https://twitter.com/rodotailhade/status/1292228247070167041
