El comisario retirado Néstor Arismendi fue indagado ayer en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito que lleva adelante el magistrado Luis María Caterina de Instrucción 3ª. El ex jefe de la Unidad Regional II negó la acusación para luego brindar explicaciones sobre el resultado del informe que entregó la Dirección Provincial de Asuntos Internos, que cuestiona el origen de su patrimonio.
En paralelo, el diputado Maximiliano Pullaro denunció que “no avanzan las causas por enriquecimiento ilícito de policías” investigados en la provincia, y reclamó celeridad en la resolución de esos expedientes.
El sumario administrativo del ex comisario se inició a principios de 2008 y se dio a conocer en diciembre de 2011, horas antes de que el comisario asumiera como jefe policial del departamento Rosario, cargo en el que se desempeñó por sólo cuatro meses.
Por ese entonces, el comisario fue citado por pesquisas de Asuntos Internos para que justifique la procedencia de varios inmuebles, entre los que figuraban tres casas en la zona oeste de Rosario, otra en Funes, cuatro departamentos de pasillo en pleno centro rosarino y un terreno en Zavalla.
En su exposición, Arismendi indicó que para adquirir las propiedades recibió ayudas económicas de familiares y se desprendió de ahorros y bienes muebles.
Pero, luego de un cruce de información, Asuntos Internos llegó a la presunción de que la venta de algunos inmuebles, mencionados como entrada de dinero para posteriores compras, fue hecha a algunos familiares, que no contaban –a simple vista– con la capacidad económica para afrontar dichas operaciones inmobiliarias. En ese marco, Asuntos Internos elevó a la Justicia rosarina la causa para que se determine la veracidad de lo formulado por el ex jefe de Policía rosarino.
El ex uniformado fue indagado ayer a la mañana por el juez Luis María Caterina y luego de negar las acusaciones quedó imputado bajo la carátula de enriquecimiento ilícito.
Informes en la Cámara baja
La causa contra Arismendi por enriquecimiento ilícito surgió como resultado de un informe que entregó personal de Asuntos Internos, que realizó una investigación que duró cinco años y tuvo en la mira a más de 50 jefes policiales santafesinos.
Fue en base a esas investigaciones que el legislador del Frente Progresista Maximiliano Píllaro ingresó ayer un pedido de informes en la Cámara baja santafesina para conocer el estado de las investigaciones administrativas y de las causas judiciales contra policías por presunto enriquecimiento ilícito.
“Creemos que en el actual contexto respecto de la seguridad pública de la provincia, y la sistemática aparición de contactos entre integrantes de las fuerzas policiales y elementos de la criminalidad organizada, es evidente que, o bien dicho sistema (por la ley sancionada en 2003 que establece el procedimiento para la investigación del enriquecimiento ilícito del personal policial) no funcionó en la medida en que había sido pensado, o bien los tribunales jurisdiccionales no han cumplido en tiempo y forma con su obligación de investigar y sancionar”, dijo Pullaro, quien además sostuvo que “no se puede tolerar que estos procedimientos se sigan dilatando indefinidamente” sin saber si los policías investigados efectivamente se enriquecieron de modo ilícito.
