Con idas y vueltas, numerosos planteos procesales y más de una década de trámite la causa en la que se investiga al policía Hugo Giuliano por enriquecimiento ilícito se encamina finalmente hacia un juicio. Es que la Corte Suprema de Justicia provincial desechó un recurso de queja presentado por la defensa contra la acusación fiscal. Si bien el letrado planteó un nuevo recurso a favor de su cliente, que en caso de ser admitido tramitará ante la Corte nacional, las herramientas procesales para revertir la situación del ex jefe policial están llegando a su límite. En caso de no admitirse este reciente planteo, tendrá lugar el primer juicio por enriquecimiento ilícito contra un funcionario policial en la provincia. Otra de las discusiones que se vislumbran, en caso de quedar firme la decisión, es el trámite que se le imprimirá al expediente. La parte fiscal estima que el caso debe dirimirse en forma oral –por ley de transición del Código de Procesal Penal– mientras la defensa sostiene que se debe tener en cuenta la fecha de inicio del expediente por lo que debe ser escrito.
La investigación contra el comisario inspector Hugo Giuliano, quien supo ostentar cargos jerárquicos en las altas esferas policiales, se inició en 2004. Una denuncia del gremio no reconocido de Apropol disparó la pesquisa que puso en aprietos al uniformado, quien no pudo justificar su patrimonio. Si bien en un primer momento la jueza instructora Patricia Bilotta le dictó un falta de mérito y luego su par Hernán Postma lo sobreseyó, la Cámara Penal revocó ambos decisorios.
Finalmente Giuliano fue procesado por el juez Juan Andrés Donnola por el delito de enriquecimiento ilícito, a su vez trabó embargo sobre sus bienes por 300 mil pesos. Y el fiscal actuante solicitó la elevación de la causa a juicio. A este planteo la defensa, a cargo de Carlos Edwards, presentó un pedido de nulidad que no fue admitido en primera instancia. Por lo que hizo sucesivos planteos ante la Cámara Penal y la Corte provincial que fueron desechados. El más reciente es un recurso de queja ante la Corte que fue rechazado al entender que no se trata de una sentencia definitiva a lo que se sumó que la defensa no logró probar que la decisión causa un gravamen irreparable.
Ahora Edwards planteó un recurso Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, agotando así todas las instancias recursivas en el caso a nivel nacional. De ser admitido el planteo, el caso girará a la más alta esfera judicial a nivel nacional y si no, el expediente se encamina a un juicio.
Trámite oral o escrito
La otra discusión que se generó en el caso es el trámite que se le imprimirá al expediente en caso de rechazarse el nuevo recurso defensista. Por su parte, la fiscalía sostiene que será oral en virtud de la ley de transición al nuevo Código Procesal Penal que establece que este tipo de delitos se deben enjuiciar oralmente mientras que la defensa argumentó que por la fecha de la investigación, en caso de llegar a juicio, se hará en forma escrita.
Allanamientos por adicionales truchos
Un llamado anónimo a un 0800 derivó en una investigación por defraudación a la administración pública a través de los llamados “adicionales” que brinda la Policía a particulares. En la mira de la Fiscalía quedó un subjefe policial identificado como Germán A. quien, según la investigación, sería la persona que orquestó el desfalco. La pesquisa se inició a través de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, que realizó una tarea de investigación en la empresa Dreyfus, donde una decena de uniformados prestaban servicios. La comunicación anónima sostuvo que de las 10 personas que figuraban prestando horas extras, en el lugar sólo dos trabajaban y esa labor se superponía con las tareas ordinarias que el dúo realizaba en la fuerza, sostuvo Ignacio Del Vecchio, secretario de Control de la Policía de Santa Fe.
Según trascendió, las dos personas que prestaban el servicio en forma deficiente obtenían el 50 por ciento de pago de las horas extras, mientras que los que prestaban su nombre recibían un 25 por ciento de ese monto, explicó la fuente, por lo que se presume que ese dinero que asciende a 100 pesos la hora extra por funcionario policial iba a parar a manos del subjefe policial.
A mediados de la semana pasada, la pesquisa derivó en 3 allanamientos: en las oficinas de Cuerpo de Guardia de Infantería, en la oficina de la Unidad Especial de Seguridad Rural –anterior y actual lugar de trabajo del sospechoso– y en su domicilio particular. En los procedimientos se secuestraron documentos de interés para la causa, que quedó en manos de la fiscal Karina Bertocci. Si bien no hay detenidos hasta el cierre de esta edición, la fiscal evalúa los pasos a seguir y desde la Secretaría de Control refirieron que pedirán la disponibilidad del uniformado.
Por su parte, una fuente allegada al uniformado sostuvo que el subjefe posiblemente se presente de forma espontánea a la Justicia en las próximas horas.
