La investigación contra la asociación ilícita dedicada al juego clandestino atribuida al empresario Leonardo Peiti, quien pronto declaró como arrepentido y se fue en libertad, llevó primero a las coimas recibidas, según la acusación, por el entonces jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, su subordinado y ahora confeso Gustavo Ponce Asahad, y el empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson «Coqui» Ugolini. Después, mediante escuchas, salpicó a un asesor legislativo del peronismo cuando el ex diputado Darío Scataglini llamó a Peiti de parte del presidente del bloque del PJ en la Cámara alta, el senador Armando Traferri. El nombre del legislador volvió a sonar hace una semana cuando Ponce Asahad declaró ante los fiscales del caso Matías Edery y Luis Schiappa Pietra y lo relacionó directamente con Peiti, vínculo que Traferri aceptó aunque en distintos términos: el empresario pretendía conseguir la aprobación de una legislación provincial que legalizara sus máquinas de juego, alegó.
Los dichos de Ponce Asahad, quien hizo mención a más de una decena de nombres de la política, llevaron al senador a presentarse una semana más tarde, este viernes, para brindar su descargo ante los fiscales, quienes adelantaron que pedirán su desafuero para poder imputarlo. La contestación formal del senador por San Lorenzo Armando Traferri se espera para este lunes a las 11, cuando brinde una conferencia de prensa.
En su alocución que duró casi cuatro horas, Ponce Asahad no sólo reconoció que había cobrado coimas sino que también brindó detalles del supuesto funcionamiento de la asociación ilícita: dijo que el abogado Aníbal Porri era el administrador y testaferro de Peiti y que tenía estrecha relación con el ex titular de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, Gonzalo «Chino» Paz.
Ocho días después de que Ponce Asahad embarrara a troche y moche, y con las réplicas institucionales en la política aún generando reuniones y acusaciones cruzadas entre integrantes de los tres poderes del Estado, la investigación avanzó este sábado en dos ejes complementarios: la búsqueda de la pista del blanqueo del dinero ilícito por parte de Porri, siempre según la teoría acusatoria, con el uso de policías retirados con injerencia en el Cordón Industrial, y en el rastreo de indicios de la relación entre Traferri y Peiti.
Los fiscales Edery y Schiappa Pietra solicitaron seis órdenes para sendos allanamientos que el personal del Organismo de Investigaciones del MPA (OI, también conocido como Policía Judicial) y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) hizo en la casa del comisario retirado Paz, en la ex diputado provincial por el PJ Scataglini, en la vivienda del abogado Porri, vinculado con aseguradoras y empleado municipal con licencia, y en una estación de servicios de San Lorenzo, donde éste último figura como socio, dijeron allegados a la pesquisa.
De acuerdo con voceros relacionados al caso, la orden de los fiscales no implicó detenciones sino en el relevamiento de autos e inmuebles y la búsqueda de material informático, de almacenamiento y documentación que brinde indicios de su sospecha sobre el blanqueo del dinero proveniente del juego ilegal.
Los voceros judiciales informaron que los procedimientos se hicieron en: Colombia 980, Servando Bayo al 1000 y 3 de Febrero al 300 de Rosario, mientras que en la localidad de Roldán la requisa se hizo en un domicilio de bulevar Pellegrini al 400, en San Lorenzo en la estación de Servicios YPF de Urquiza al 1900 y la casa de Scataglini ubicada en la cuadra de Lassaga al 3500, en la ciudad de Santa Fe.
La Fiscalía pedirá el desafuero del senador Traferri para imputarlo en la causa por juego ilegal
«De parte del senador Traferri»
La primera vez que se nombró al ex legislador Scataglini en la causa fue el 5 de agosto pasado, cuando en la audiencia imputativa al entonces fiscal Ponce Asahad se pasó una escucha que la acusación identificó entre él y la secretaria de Peiti. En la conversación Scataglini se presentó y le dijo a la mujer que quería hablar con Leo, dio un número de teléfono y acto seguido dijo: «Llamo de parte del senador Traferri».
Tras conocerse esta comunicación, el 7 de agosto se divulgó que Scataglini había dejado de ser asesor del diputado y presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera en la Cámara baja.
Con respecto a su relación en la causa, no hubo novedades hasta el viernes 4 de diciembre pasado, cuando Ponce Asahad volvió a nombrar a Traferri, ahora con datos de supuestas reuniones entre él y el legislador.
Entonces, Scataglini se presentó este miércoles ante los fiscales Edery y Schiappa Pietra para brindar su testimonio sobre por qué intento comunicarse con Peiti invocando el nombre del senador Traferri, quien luego fue citado a las 48 horas para una declaración informativa que se concretó este viernes, y sobre quien la Fiscalía adelantó que pedirá el desafuero para poder imputarlo.
En esta línea, este sábado a las 9 el personal de la TOE y de la OI hizo un allanamiento en la casa de Scataglini, ubicada en Lassaga al 3500 de la capital provincial, donde los uniformados recolectaron documentación de interés para la causa, hicieron un inventario de sus vehículos, secuestraron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, aportaron voceros relacionados al caso.
El testaferro, el Chino y la plata
En los operativos de este sábado también requisaron la vivienda y una estación de servicios del abogado Porri y la casa del comisario retirado Paz.
Porri, asesor legal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) durante la gestión socialista y actualmente abogado del Sindicato de Trabajadores Municipales, ya había sido nombrado en la causa por juego clandestino, ya que un video lo tomó cuando llevó en un auto a Peiti hasta inmediaciones del departamento de Ponce Asahad.
En la causa figura que ese día el empresario le pagó a Ponce Asahad 10 mil dólares para que junto con Serjal y Ugolini le pasaran información de las causas donde estaba nombrado y lo ayudaran a entorpecerlas: además de la acusación en Rosario Peiti enfrenta una causa similar en Melincué, donde la Fiscalía acaba de presentar la acusación como jefe de una asociación ilícita focalizada en el departamento General López.
Tras cuatro meses, el apellido de Porri resurgió tras la declaración de Ponce Asahad, ya que lo sindicó como el testaferro y administrador del dinero de Peiti.
Además, el ex fiscal habló de la preocupación de Porri por una camioneta que era usada por el Chino Paz, quien pidió el pase a retiro en noviembre de 2019 cuando era jefe de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo en medio de una investigación por un puerto seco en la localidad de Ricardone.
El personal del OI venía tras los pasos del Chino Paz y en medio de los seguimientos determinaron que frecuentaba una coqueta casona de barrio Fisherton y usaba una Toyota Hilux, cuando constataron la procedencia de ambos, saltó que estaban a nombre de Porri, dice la acusación.
Ponce Asahad también remarcó que Peiti había conformado un entramado con policías retirados para «trabajar» en el Cordón Industrial y agregó que el Chino tenía intenciones de poner una agencia de seguridad en sociedad con Porri. Por esto, los pesquisas de la OI fueron a hacer un relevamiento y secuestrar material de interés a la casa del jefe policial retirado.
Otra sociedad de Porri que quedó en la mira fue la estación de servicio YPF de Urquiza al 1900, en la ciudad de San Lorenzo. Si bien figura como uno de los dueños, lo que deslizaron los pesquisas es que, como obviamente Porri no posee capacidad económica para comprarla, se investigará si ofició como prestanombre de Peiti para hacer lícitas las ganancias provenientes del juego ilegal.
Desde la Fiscalía indicaron que una vez recolectada toda la documentación y los objetos de electrónica, se analizarán para determinar si algunos de los nombrados serán llamados a imputativa en una causa que, lejos de terminar, promete seguir la ruta del dinero proveniente del juego clandestino, del que los fiscales consideran que genera 1.100 millones de pesos mensuales en la provincia y que, según la teoría del MPA, sirve para financiar la actividad política.
El impacto político de las declaraciones de Ponce Asahad sobre el juego clandestino
