Por fiscales.gob.ar
Juicios que empiezan, que siguen su curso y que terminan en la misma semana. En distintas jurisdicciones y con diferentes imputados, pero con una similitud: la responsabilidad de integrantes del sistema de administración de justicia en la comisión de delitos de lesa humanidad. Salta, La Rioja, Mendoza y Chaco son algunas de las provincias en las que se están desarrollando o recién terminaron debates orales y públicos con ese objeto.
Un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) da cuenta de que están siendo investigadas, tanto en etapa de instrucción como de juicio, 48 personas. Y si se repara en otras once que estuvieron imputadas hasta su fallecimiento, la suma de integrantes del sistema de administración de justicia vinculadas a causas por crímenes cometidos durante la última dictadura asciende a 59.
Más del 50% de ese universo eran jueces o juezas al momento de los hechos; el 20% tenían cargo de secretarios; el 19% eran fiscales y el 8% defensores oficiales. Sólo trece obtuvieron sentencia -once condenas y dos absoluciones-: ocho de las once personas condenadas se desempeñaban como magistradas al momento de la comisión de los delitos.
Los juicios en trámite
El primero del repaso comenzó la semana pasada y cuenta entre sus imputados al ex juez federal de Salta Ricardo Lona. Llegó a la instancia de debate oral acusado de los delitos de prevaricato, encubrimiento y omisión de perseguir a los responsables del secuestro y posterior desaparición del ex gobernador de esa provincia Miguel Ragone. De acuerdo a la imputación, su accionar garantizó la «impunidad» a los autores y partícipes del hecho, en el que resultó asesinado un hombre y herida una mujer testigos del ataque. El proceso se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal de Salta N°2 de Salta y el fiscal general Carlos Amad representa al Ministerio Público Fiscal.
Este viernes, por otra parte, terminó ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja el juicio por los delitos sufridos por 14 víctimas en aquella provincia. Una de las condenas recayó sobre el ex juez federal Roberto Catalán. El entonces magistrado fue juzgado como partícipe secundario de un homicidio, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y tormentos, y finalmente condenado a cuatro años de prisión por encubrimiento. Por el MPF intervinieron la fiscal Virginia Miguel Carmona y el fiscal Rafael Vehils Ruiz.
En San Juan continúa el debate oral y público conocido como “Megacausa III”, con 35 acusados. Allí otro ex funcionario judicial está siendo juzgado por su presunta participación en delitos de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado. Se trata de Juan Carlos Yanello, quien se desempeñara como fiscal federal y llegó a juicio acusado de ser partícipe primario de homicidio agravado (13 casos), privación abusiva de la libertad (65), tormentos agravados (63), robo y violación (2) cuando ejercía el cargo. Interviene el fiscal general de Mendoza, Dante Vega.
El mes pasado comenzó ante el TOF de Resistencia, Chaco, el juicio al ex fiscal federal Domingo José Mazzoni y un oficial penitenciario. Se le endilgan cinco hechos de privación ilegal de la libertad y cuatro por imposición de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político; a ello se le suma incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad e incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento. A ese proceso estuvieron vinculados -con procesamiento firme- el ex juez federal Luis Ángel Córdoba y el también ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, quienes fallecieron antes del inicio del debate. El MPF había señalado en su requerimiento de elevación a juicio que los entonces funcionarios judiciales habrían ofrecido “el aporte necesario para que el personal policial y/o militar pueda llevar adelante la ejecución de los delitos”. Esa “inacción de la Justicia Federal de Chaco”, consistente en no realizar las investigaciones respecto de las denuncias que llegaban a su conocimiento, dio “un marco de impunidad”. Participan del debate el fiscal general Federico Carniel y los integrantes de la Unidad de Derechos Humanos Amad, Patricio Sabadini -fiscal federal- y Diego Vigay -fiscal ad-hoc-.
Detalle de la situación procesal
De acuerdo a los datos recopilados por la PCCH al 1° de agosto, 35 personas de las 48 bajo investigación (73%) aún no han obtenido sentencia; 27 tienen ya una resolución de mérito (procesamiento, falta de mérito, sobreseimiento) y respecto de ocho aún resta que se resuelva su situación procesal.
La cifra total de 59 personas -reseñada al inicio de esta nota- queda desagregada en once condenados; dos absueltos; doce procesados; tres faltas de mérito; doce sobreseídos; dos indagados; seis imputados y once fallecidos.
