El TOF 7 había rechazado la excarcelación pedida por los respectivos abogados (Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro por De Vido y Alejandro Rúa y Graciana Peñafort por Baratta). Casación tuvo en cuenta que De Vido y Baratta llevan más de dos años de prisión y que no está fundamentado ni el peligro de fuga ni el peligro de entorpecimiento de una investigación. Por eso ordenó dictar otro fallo.
Fuentes ligadas a De Vido confirmaron a Télam que al ex ministro «está en su casa de Zárate acompañado por su compañera Alessandra Minnicelli y su hijo» desde las primeras horas de la mañana.
Aunque abandonó el penal de Ezeiza, De Vido debe cumplir con una detención domiciliaria impuesta por el TOF 1, en el marco de la causa en la que se investigan supuestos desmanejos con dinero público que debía destinarse a la mina de carbón de Río Turbio.
Baratta no tiene dictada la prisión domiciliaria, pero sí debe cumplir con el requisito de una tobillera electrónica, sólo para monitoreo, y se encuentra en su domicilio del barrio porteño de Belgrano.
La decisión de excarcelar a De Vido y Baratta fue tomada por el TOF 7 luego de que la Sala I de Casación, a cargo de Diego Gustavo Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, anulara el fallo que rechazaba excarcelar y les ordenara dictar uno nuevo
Por mayoría, Barroetaveña y Petrone resolvieron aceptar el recurso de las defensas de los ex funcionarios de Planificación y ordenar que el TOF 7 revise su decisión de no morigerar la situación de los detenidos, a la luz de las nuevas normas del Código Procesal Penal que puso en vigencia la comisión Bicameral en los últimos días del gobierno de Mauricio Macri.
Los magistrados de Casación coincidieron en que el TOF no analizó debidamente las distintas pautas alternativas al encarcelamiento. Ejemplo de estas morigeraciones del encierro son la prisión domiciliaria o la excarcelación con tobillera para prevenir riesgos de fuga.
La decisión de la Cámara se enmarca en «un cambio legislativo vinculado a la disposición de la comisión bicameral del Congreso que en forma explícita se refirió a las medidas que deben tomarse previo al dictado de una prisión preventiva», amplió Rúa, defensor de Baratta y también del ex vicepresidente Amado Boudou, encarcelado por la causa Ciccone.
El abogado dijo respecto de las excarcelaciones que «falta Amado» porque «su situación de él es similar» a la de De Vido y Baratta en cuanto a que «no hay condena firme».
Añadió que «es absurdo que se empiecen a ejecutar (las penas de prisión), si todavía quedan instancias de revisión y no hay sentencia firme». Sobre ese punto, pidió la «intervención de la Corte Suprema para revisar las prisiones preventivas que se aplican de esta manera».
La excarcelación de De Vido llega a pocas horas de que el ex ministro anunciara el inicio de una negativa a recibir alimentos, actitud que le comunicó mediante una carta al director de la Unidad Penal Federal 31 «como medida de protesta y reclamo a raíz de la violación de mis derechos constitucionales de igualdad ante la ley y presunción de inocencia desconocidos en mi contra», escribió el ex funcionario.
En la misiva –que publicó por Twitter– aclaró además que las «causas que se me han armado» fueron «en el marco de la feroz y despiadada persecución que he sufrido desde el 10-12-2015, por parte de los tres poderes del Estado, con privación ilegítima de mi libertad, desde el 20-10-2017».
La causa de los cuadernos se inició en abril de 2018, cuando el periodista Diego Cabot se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli para aportarle fotocopias de cuadernos que contenían las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, con el registro de los viajes que hacían supuestamente recaudando dinero entre empresarios.
En el marco de esa causa, se ordenaron detenciones que incluían a la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner (en ese momento con fueros como senadora), a De Vido, Baratta, otros ex funcionarios y empresarios.
