«Es una cuestión política», señala un abogado que se presentó al concurso para la designación de jueces comunitarios en pequeñas causas y rindió examen en diciembre pasado en Santa Fe. Se trata de las postulaciones para cubrir cargos en ese fuero, creado para dirimir conflictos en localidades chicas evitando así que ingresen a circuitos mayores con el fin de acelerar los procesos y garantizar el servicio de justicia en tiempos prudenciales, incluso con mediaciones. El ruido estalló al conocerse las ternas de los pliegos que el Ejecutivo envió a la Legislatura para definir los cargos. Hay acusaciones de irregularidades en el mecanismo por el que se establecieron los órdenes de mérito y sospechas –fundadas en los nombres de los que quedaron en carrera– de un acuerdo entre el Ejecutivo y otro espacio político para direccionar la cobertura de las vacantes. El adjetivo «política» que menciona el letrado refiere entonces a «política de reparto» partidario por fuera de mínimos estándares institucionales. Cinco diputados provinciales ya pidieron el retiro de los pliegos.
La discordia, no la única en designaciones para la justicia, corresponde en este caso a 39 pliegos de candidatos a ocupar juzgados comunitarios en todo el territorio provincial que la Asamblea Legislativa debe considerar el próximo 24 de noviembre. Si no hay acuerdo, otra fecha, la última, es el 30 del mismo mes, tras lo cual los cargos quedarán aprobados de forma ficta (automática).
Esta controversia se suma a la generada por los mensajes que la Casa Gris envió la semana pasada a la Legislatura con postulaciones para cubrir 8 cargos de jueces penales, 19 fiscales titulares y adjuntos y otros seis de magistrados para los fueros Civil y Comercial y de Familia, además de un integrante del Tribunal de Cuentas, instancia también cuestionada con dureza por su presunta opacidad.
En cuanto a las vacantes de jueces comunitarios, el profesional que habló con El Ciudadano señaló que rendió un examen consistente en 100 preguntas múltiple choice, pero los resultados del mismo no se notificaron colectivamente sino de manera individual. Él pasó a la instancia de entrevistas, la tercera junto al análisis de antecedentes, pero no quedó en las ternas.
El pedido de retiro del pliego fue adelantado en conferencia de prensa este miércoles por los diputados provinciales Fabián Palo Oliver (Radicales Libres) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular). En la capital provincial, denunciaron una serie de irregularidades en la conformación de las ternas. Acompañaron la iniciativa otros tres integrantes de la Cámara baja: Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura), Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad).
El abogado consultado por este medio describió parte de una trama oscura en los concursos. El primer día de examen, recordó, se cayó el sistema informático del Poder Judicial. Los postulantes fueron notificados de su nota final en forma individual y no hubo información pública ni de todas las notas ni de los antecedentes presentados por cada candidato. El letrado agregó a sus reclamos por la afectación institucional los perjuicios para los postulantes, que debieron por ejemplo pagar un hotel para rendir en Santa Fe, que pusieron en juego postgrados pagos y se costearon viajes a las comunas, entre otros esfuerzos para acceder a los cargos.
«Desde lo formal, no se cumplió el decreto 593, los concursantes no tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho a impugnar porque se publicó el orden de mérito pero no las calificaciones que sacaron cada uno de los postulantes», explicó Oliver a medios de comunicación y en su cuenta de Twitter.
Del Frade agregó: “Hay justicialistas, radicales, socialistas, gente de Juntos por el Cambio. Acá en la provincia no hay grieta, hay acuerdo de cúpula y reducción de la democracia. Hay más feudalismo que democracia”. El referente del FSyP insistió en el riesgo de «naturalización de lo que está mal» en la provincia. «Estamos por cumplir 40 años de democracia y con estos casos se está demostrando que no existe la transparencia”, resumió.
Fabián Bastía, diputado provincial radical, contó en diálogo con LT8 este viernes que cuando empezaron a ver los nombres que llegaban a partir de la frondosa e inédita cantidad de pliegos –más de 80– para 36 cargos de la justicia provincial, «en 29 de ellos encontramos que los que no habían sido los primeros en el concurso aparecían propuestos para los cargos. Hay un caso de quien quedó décimo octavo sobre 18 y fue ubicado primero”, ejemplificó.
“Los concursos constituyen una hipocresía total, una vergüenza. Deberían ser un espacio para la mejora de la calidad de la institucionalidad del Estado. Pero como están planteados, son una careta para encubrir deseos que tal vez no pueden sostenerse”, siguió Bastía, quien reprochó “la manipulación del Consejo de la Magistratura que hace (el secretario de Justicia) Gabriel Somaglia, a quien el gobernador Omar Perotti cuida y esconde porque lo separó del Consejo a partir del escándalo del concurso para fiscales generales y defensores regionales, que son los cargos más altos de la Defensa Pública”.
Los legisladores que cuestionan el proceso señalaron que «hay una matriz donde se refleja el acuerdo entre el partido de gobierno y sectores parlamentarios. Hay militantes reconocidos en muchos de los juzgados. No hay una inhabilitación legal o formal para que concurse un militante político, pero la mayoría de estos militantes han tenido exámenes por debajo de otros concursantes y sin embargo terminan conformando la terna y luego seleccionados por el gobernador para enviar sus pliegos».
Las críticas no son sólo a la Casa Gris: «El gobernador ha omitido fundamentar, en el caso de que no enviara el pliego del primer seleccionado, su postura que es lo que el decreto le ordena hacer. La omisión del Consejo de la Magistratura es mucho más grave institucionalmente. Nos llama poderosamente la atención que el Consejo haya omitido un paso tan importante como es haber publicado el orden de mérito y el puntaje de cada uno de los concursantes», destacó Oliver.
