Noticias Argentinas- Antonio D’ Eramo
Las drogas por las que murieron civiles inocentes en Rosario y se producían enfrentamientos entre clanes para comercializarla en Rosario y sus zonas adyacentes, no es el producto premium que llega a los puertos de Europa y de otras partes del mundo.
En Rosario y, en varias ciudades del conurbano bonaerense, cordobés y mendocino, se consume cocaína y marihuana en cantidades elevadas que son alarmantes. Es muy posible que el lector conozca alguien que consuma sustancias, y, si no lo conoce, es posible que, trabaje junto a alguien que sí lo hace, viaje en colectivo o en tren con una persona que toma cocaína y hasta deje al cuidado de sus hijos a un adicto a sustancias ilícitas.
La Argentina vive un drama con el consumo de estupefacientes que se extiende cada vez más, en particular, desde la reciente pandemia de Covid-19 y posterior cuarentena decretada por el ex presidente Alberto Fernández.
A pesar del incremento del consumo de pastillas, cocaína y marihuana, los principales mercados para el crimen organizado está en el exterior. El país con su extenso litoral marítimo y sus puertos internacionales necesarios para exportar la riqueza agropecuaria de la Nación, se convirtió en un punto de tránsito para las mafias trasnacionales que buscan abastecer con su droga los sofisticados mercados de Europa, Asia y Oceanía.
La cuenta es sencilla, un kilo de cocaína se vende a un precio varias veces superior a lo que se lo expende en Argentina. En Rosario los clanes se mataban entre sí para controlar la mercadería que no es premium y no se exporta. Y, lo hacían, porque, de ahora en más, el enemigo de las pandillas narcos rosarinas es uno solo. El Estado. Corporizado en las figuras de Maximiliano Pullaro y su equipo y de Javier Milei y Patricia Bullrich y sus equipos que parecen estar decididos a dar una batalla sin cuartel contra aquellos criminales a los que considera terroristas. En ese sentido, los jueces de la Corte Suprema de Justicia nacional siguen de cerca todo lo actuado.
Ahora bien, ¿cómo frenar a los cárteles de la droga en nuestro país que penetran por las porosas y extensas fronteras nacionales?
Para algunos expertos en seguridad no es posible. Se trata de una batalla perdida porque no están dadas las condiciones materiales para controlas una frontera tan extensa y difícil de patrullar.
En lugar de intentar detener la droga antes de que ingrese al territorio nacional, puede ser más eficaz para las autoridades centrarse en los puntos de salida, propuso el analista de seguridad y politólogo Diego Gorgal al sitio especializado Insightcrime.org
“Porque, si de esos 20 puertos, de Argentina, se reduce la posibilidad de portar drogas, se va a reducir la cantidad de droga que ingresa al país para ser exportada”, afirmó. “Entonces, es mucho más efectivo controlar 20 puertos que controlar 2500 kilómetros de frontera norte”.
La Aduana nacional no se quedó quieta durante el mandato de Guillermo Michel en la gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de economía ni en la actual donde el renunciante funcionario ha dejado gente de su confianza.
La Aduana supervisa activamente lo que se transporta por la Hidrovía Paraná-Paraguay en barcazas que vienen desde Paraguay. O en barcos que transportan mercadería.
La Hidrovía Paraná-Paraguay es el principal canal por donde sale al mercado internacional la producción agropecuaria de Argentina, Paraguay y el sur del Brasil. Pero, investigaciones de agencias internacionales y locales entienden que se trata de una zona a patrullar para evitar el tráfico de drogas con destino a mercados del exterior. Camuflada entre las más de 100 millones de toneladas de carga como en las épocas de la piratería en el siglo XVIII, se esconden y contrabandean buena parte de la cocaína elaborada en Bolivia y Perú que consumen los europeos en cantidades crecientes.
En junio de 2022, la Aduana de Michel tomó la decisión de escanear todos los containers que hacían trasbordos en los puertos de Rosario, Buenos Aires o San Nicolás. Especialmente los provenientes de Paraguay con destino a países de Europa.
Se trata de un cambio de procedimiento que continúa en la gestión actual de Rosana Lodovico y que logró alterar el circuito de tráfico, que se originaba principalmente en los puertos de Paraguay, continuaba en barcazas a los largo de la hidrovía y luego pasaba a barcos de gran porte en Argentina, antes de salir a mar abierto, según investigaciones privadas.
La modalidad delictiva puede graficarse con varios casos pero para no abundar se citará un ejemplo.
En Salta, una familia de traficantes conocida como el clan Castedo movía cerca de cuatro toneladas de cocaína al mes desde Bolivia hasta los puertos argentinos. Actuaron con impunidad por décadas, gracias a funcionarios provinciales corruptos, entre ellos un juez que advirtió al líder del grupo, Delfín Reinaldo Castedo, de los operativos en su contra y un diputado que poseía una finca en la frontera boliviana que los Castedo utilizaban para trasegar cocaína.
Nadie puede mover esos volúmenes sin que alguna autoridad sea cómplice. Ese es otro de los puntos que la administración de Javier Milei deberá tomar nota para librar un efectivo combate al crimen organizado.
