La madrugada del miércoles, una fuerte explosión dentro de la planta industrial de la agroquímica Atanor en San Nicolás provocó una descomunal nube tóxica y causó graves lesiones a un operario. El material particulado de la fábrica que produce pesticidas como glifosato, atrazina y 2,4D se esparció varios kilómetros a la redonda y un polvo blanco alcanzó cinco barrios de esa localidad bonaerense. Dificultad para respirar, olor a veneno e hinchazón en los ojos fueron algunos de los testimonios de vecinos que hace décadas denuncian enfermedades producidas por la ilegalidad en que opera la empresa, condenada hace un año por contaminar el río Paraná.
Pocas horas después de la explosión, una jueza hizo lugar a una medida cautelar de urgencia y ordenó el cese de actividades de Atanor pasado el mediodía del miércoles. Pero las autoridades no interrumpieron la actividad escolar de la escuela primaria N° 17, ubicada a solo tres cuadras de la planta, y las clases continuaron el jueves con normalidad. El viernes, mientras distintas ONGs realizaban tareas en el barrio afectado, entre ellos Greenpace que tomó muestras para realizar análisis de laboratorio, algunos alumnos y docentes de la escuela N° 17 sufrieron descomposturas en las aulas y el establecimiento educativo debió ser evacuado.
Desde la Asociación Civil Foro Medio Ambiental San Nicolás (Fomea), que representó a los vecinos para solicitar la inmediata clausura de Atanor, dijeron que mantener la escuela abierta como si no hubiese pasado nada fue una actitud criminal.
Fomea, que en 2015 denunció a la fábrica de herbicidas y consiguió una condena histórica en marzo de 2023, recordó que si bien una sentencia dio por demostrado el vertido ilegal de desechos tóxicos en el río Paraná y la contaminación que produce en agua, tierra y aire, la empresa continúa sin cumplir las medidas “urgentes” dispuestas por la Justicia en materia de riesgo ambiental.
Alerta por tóxicos: explotó un reactor para síntesis de herbicida en la planta Atanor de San Nicolás
Por ello, ante las reiteradas intimaciones y la descomunal explosión del miércoles, la ONG Fomea tramitó una medida cautelar de urgencia que la jueza de Ejecución Penal Luciana Díaz Bancalari avaló a horas del siniestro. La misma dispuso “el cese inmediato de la actividad de la planta de Atanor y la prohibición total de salida de camiones con residuos y/o materiales de la planta hasta tanto no se expidan todos los organismos competentes que determinen fehacientemente que se encuentran dadas las condiciones de seguridad para que esa planta continúe operando”.
Asimismo ordenó que en caso que la empresa no acate lo ordenado deberá pagar una multa de diez millones de pesos ($10.000.000) por cada día de incumplimiento.
Atanor no acató condena por contaminación ambiental y volvió a ser intimada por la Justicia
