El juez Juan Carlos Curto, que hasta ayer llevaba adelante la investigación por la explosión del edificio de Salta 2141 donde murieron 21 personas, se declaró incompetente y giró las actuaciones al Juzgado de Instrucción de la 9ª Nominación a cargo de Javier Beltramone. Si bien hasta anoche no se pudo acceder al dictamen del magistrado, desde los Tribunales provinciales indicaron que en el texto se argumenta que el “estrago culposo agravado por muerte” habilita una pena de hasta cinco años de prisión y que los fueros correccionales –como el de Curto– intervienen cuando las condenas no superan los tres. Al cierre de esta edición, Beltramone afirmó que aceptaba la causa ya que “es un compromiso moral con la ciudad dada la emvergadura de la tragedia”.
En paralelo, durante la mañana de ayer se produjo una importante declaración en la causa. Es que un empleado de Litoral Gas ratificó que el gasista imputado por la tragedia, Carlos García, se había presentado en la empresa para pedir asesoramiento, lo que consta en el libro de ingreso de la dependencia, y hasta brindó los datos del inspector con el que habló.
La decisión del juez Curto de apartarse de la causa declarándose incompetente fue un rumor a voces hasta anoche, cuando el dato fue confirmado por fuentes del Poder Judicial sin mayores detalles sobre el dictamen. El trascendido había circulado durante toda la tarde por boca de varios funcionarios, entre ellos el juez de Instrucción de la 9ª Nominación a quien fue remitido el expediente ya que estaba de turno el día de la tragedia.
En diálogo con El Ciudadano, Javier Beltramone explicó que no recibió ninguna notificación oficial sobre el pedido de incompetencia de Curto. No obstante, consultado sobre cuál sería su posición en caso de que se confirme, expresó: “De ser cierto, me resulta extraño una declaración de incompetencia después del tiempo transcurrido, en el que se ha investigado y realizado innumerables medidas procesales y probatorias (allanamientos, detenciones y declaraciones informativas) que sólo conozco por los medios de comunicación”. Tras resaltar su asombro por el dictamen “a esta altura del proceso, a diez días del hecho”, no quiso adelantar opinión jurídica pero admitió: “Dada la gravedad de los hechos y la conmoción social, no voy a objetar por cuestiones formales una investigación que nos atañe a todos como sociedad”.
La pesquisa
El gasista detenido en el marco de la causa que investiga la explosión del edificio de calle Salta 2141 amplió su declaración indagatoria. El hombre llegó a los Tribunales a aclarar algunos puntos respecto a su presencia en Litoral Gas días antes de la tragedia para –aseguró– realizar una consulta técnica a la firma sobre el cambio de regulador en el edificio siniestrado. A su vez, el Juzgado Correccional de la 7ª Nominación tomó declaración informativa al jefe de inspecciones domiciliarias de Litoral Gas, quien reconoció la existencia de una constancia en el libro de ingreso a la dependencia que la empresa tiene emplazada en barrio La Tablada. Ese dato respalda parte de los dichos del gasista, aunque fuentes judiciales refirieron que aún resta ordenar otras medidas para aclarar el punto.
El gasista llegó al primer piso de Tribunales custodiado por dos policías. Fue trasladado al juzgado de Curto para ampliar su declaración, y a pedido de su defensa. Allí brindó precisiones sobre la consulta técnica en la firma sobre cuáles eran los pasos que debía seguir para cambiar el regulador del edificio de calle Salta, si debía iniciar un legajo, a lo que le respondieron que como estaba matriculado estaba habilitado para realizar el trabajo.
Antes, había declarado en carácter informativo el jefe de sector de Inspecciones Domiciliarias de Litoral Gas, Hugo L., y reconoció que el 1º de agosto –el día previo a la última inspección que la firma realizó en el edificio– consta en el libro de ingresos a la dependencia un registro de que el gasista se presentó a pedir asesoramiento y brindó los datos del inspector con el que habló, refirió una fuente del caso. Además, la fiscal Graciela Argüelles sostuvo que el ingeniero de la empresa fue citado para precisar aspectos de la instalación de calle Salta, los antecedes de ese edificio, cuáles son las facultades de los gasistas matriculados y cuáles las obligaciones que tiene la empresa.
La fiscal Graciela Argüelles añadió que el magistrado Curto ordenó tres peritajes en la causa, que realizarán Gendarmería Nacional y la policía científica.
Una de ellas apunta a las causas que produjeron la explosión del edificio, la otra al estado de las instalaciones de la red de la propiedad horizontal y la tercera está vinculada al sistema informático de la empresa Litoral Gas, que justamente tiene que ver con el allanamiento que se realizó anteayer, refirió.
A su vez la funcionaria judicial sostuvo que el resultado de la pericia sobre la válvula, va a demorar entre dos o tres meses, según estiman los peritos, así que se excusó de adelantar alguna opinión hasta que el personal técnico les haga llegar las conclusiones. Y agregó que con el avance de las investigaciones determinarán si puede haber otras personas imputadas en la causa o no.
