Dos instituciones del Estado coincidieron en la presentación de un habeas corpus por las condiciones de detención que enfrentan los adolescentes privados de libertad en el Irar. Si bien la Asesoría de Menores y el Servicio Público de la Defensa (SPD) plantearon las acciones en forma independiente, confluyeron en una audiencia oral que tuvo lugar ayer, ya que los fundamentos del habeas corpus fueron los mismos. Durante visitas que realizaron ambas entidades al Instituto, observaron irregularidades. El juez Luis María Caterina, que intervino en el caso, realizó algunas consideraciones y si bien pasó a un cuarto intermedio fijó un plazo de 30 días en los que dispuso la realización de medidas, además de convocar nueva audiencia para el próximo 23 de septiembre.
El Irar cuenta con un pabellón de ingreso, aunque los presentantes han determinado que hay chicos que se encuentran en ese lugar por más de tres meses. De allí pasan a pabellones. Los nuevos son los 4 primeros, mientras que los pabellones 5 y 6 están deteriorados y fueron objetos de otras acciones anteriores; incluso el camarista Carlos Carbone ordenó en su oportunidad el cierre del pabellón 6, se explicó en la audiencia. Las autoridades del Irar y de la Dirección de Justicia Penal Juvenil sostuvieron que los pabellones 6 y 5 son utilizados cuando se excede la capacidad de las otras unidades.
Usualmente, en el Irar viven 40 adolescentes, lo que supera la capacidad del lugar. El asesor de menores Daniel Papalardo detalló que muchas veces estos pabellones son utilizados como un instrumento de sanción ya que sus condiciones de mantenimiento son deplorables. El funcionario sostuvo que hay techos que se llueven y mojan los colchones de los niños. En los sectores nuevos, los inodoros antivandálicos no funcionan y en otros casos hay celdas que no cuentan con el artefacto y durante la noche los chicos usan su imaginación para cubrir sus necesidades que muchas veces terminan en un tarro, detalló. “Lejos de ser un instituto de rehabilitación ha mutado a una cárcel. La presencia del Servicio Penitenciario sumado a construcción edilicia le dan esa característica, entonces se aplican las prácticas carcelarias”, sostuvo Papalardo. La limpieza deficiente fue otro punto a tratar, como la alimentación: si bien son cuatro comidas, la cena fue comparada por Papalardo “con lo que le dan a los cerdos” y explicó que este es el motivo por el que los chicos no la comen y eso incrementa la falta de higiene.
Otro punto de cuestionamiento fue la escolaridad. Las presentaciones sostienen que los adolescentes acceden realmente a la escolarización media hora por día, con una maestra compartida con chicos de distintos niveles. El planteo apunta a la calidad de la escolaridad ya que entienden que se trata de una educación pobre y fragmentada, lo que les complica a los chicos incorporarse a las escuelas cuando salen del Irar.
Finalmente, los malos tratos y las vejaciones a los que son sometidos los adolescentes, fue otro eje del planteo. Papalardo sostuvo que al recibir una visita los adolescentes son requisados: se los desnuda, se los hace poner en cuclillas, se los manosea y el mismo procedimiento se aplica cuando la visita termina. A lo que Enrique Font, a cargo de la Secretaría de Prevención de la Violencia Institucional del SPD, explicó la metodología que implementaron para conocer los casos de vejaciones que viven los chicos. Habló de entrevistas sin la presencia de personal del Irar en forma voluntaria y confidencial. De ellas surgieron situaciones sistémicas que no sólo ocurren en el Irar sino incluso antes de llegar allí
Por su parte la directora del Irar Jimena Staurini y Alcides Leicker de la Dirección de Justicia Penal Juvenil informaron sobre los puntos de conflicto. Hablaron de empresas contratadas para la limpieza y la fumigación y agregaron que no les consta lo que plantea el habeas corpus. Respecto a la comida hay una dieta establecida por el Ministerio de Salud y la catalogaron como de buena calidad. Leicker refirió que todas las áreas tienen calefacción y que está garantizada el agua potable. Sostuvo que hay un protocolo de apremios ilegales a través del cual se notifica rápidamente si se presencia alguna vejación. Mientras que destacaron que hay dos escuelas en el lugar.
Papalardo sostuvo que las constataciones se realizaron por distintos asesores en distintos días y muchos coincidieron en las irregularidades del lugar. Mientras que Gabriel Ganón (titular del SPD) detalló que hay una obligación especial del Estado cuando se trata de la privación de la libertad de niños y sostuvo, en este caso, el incumplimiento estatal de garantías básicas. Finalmente la fiscal Andrea Vega no se opuso al plateo y apoyó la apertura de un período probatorio solicitado por la Asesoría de Menores. Finalmente, el juez evaluó que hay cuestiones urgentes y otras estructurales. Para ello dispuso la realización de controles periódicos de un médico forense que evalúe la limpieza, comida, calefacción y agua caliente. Con respecto a las condiciones de los pabellones 5 y 6 dispuso la realización de una pericia por la UNR y la Dirección de Arquitectura de la provincia en un plazo de 30 días. Respecto a la escolarización instó al Irar a congeniar con el Ministerio de Educación la extensión de la jornada escolar y a fijar un protocolo contra los malos tratos y vejaciones que se encuentre dentro de los parámetros internacionales expresados por Font. El 23 de septiembre habrá otra audiencia.
