La histórica firma Expreso Júpiter, de Arijón 670, que hace traslados de productos y mercaderías (sobre todo del rubro textil) tiene los días contados. La Cámara de Senadores -por iniciativa del senador Marcelo Lewandowski- había otorgado a principios de octubre la media sanción a un proyecto de Ley de Expropiación Temporal, que permite a los trabajadores constituidos en cooperativa conservar sus puestos de trabajo. Pero si el proyecto no se trata este jueves en la Cámara de Diputados, la empresa cerrará y todos quedarán en la calle. «La expropiación es la única salvación», dijo a El Ciudadano Sebastián Corvalán, uno de los empelados.
El proyecto de expropiación de la firma de zona sur declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el «uso temporal» del inmueble. De esa manera, se busca proteger la fuente laboral de 50 familias de Rosario.
Además, alcanza a los vehículos de la firma, las herramientas, instalaciones y los bienes intangibles, marcas, patentes y habilitaciones necesarias para el desarrollo de las actividades habituales de la empresa. De esta forma quedan temporalmente «por fuera» del patrimonio a alquilarse en la quiebra.
«Se pospuso tres veces el proyecto de expropiación en Diputados. Si no se trata este jueves, el liquidador que designaron cierra la empresa y todos los trabajadores quedamos en pampa y la vía», advirtió el trabajador.
Cabe recordar que por una orden judicial, a fines de agosto, se dispuso la liquidación de bienes de la empresa.
Corvalán, que trabaja desde hace más de 15 años en el área de logística, contó que a fines de junio el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) les entregó la matrícula como “Cooperativa de Trabajo Expreso Júpiter Limitada”.
Este tipo de iniciativa cuenta con antecedentes en la Legislatura santafesina. Uno de los más resonantes es el de la Ley 13.317, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el «uso temporal» de los inmuebles, maquinarias, instalaciones y bienes de la Cooperativa de Trabajo Naranpol.
La historia
Los problemas en la empresa, con base en barrio Saladillo, empezaron en 2009 con la muerte de sus fundadores Juan Manuel Fuster y Julio Francés. A partir de allí hubo dificultades para llegar a acuerdos de mayorías de las asambleas, por lo que nunca se pudo designar a un gerente.
La firma de zona sur está bajo administración judicial desde hace unos 10 años, luego del pedido de disolución que hicieron los herederos de uno de sus fundadores.
Ante ese escenario, el juzgado en lo Civil y Comercial Nº 6 a cargo de Néstor García designó a varios administradores, uno de ellos, recuerdan los trabajadores, había sido condenado por la Justicia por diversos delitos. En los años bajo administración judicial se retuvieron aportes de los empleados y se incumplieron obligaciones impositivas, sin que el tribunal interviniente tomara medidas al respecto, agregaron.
El personal planteó su intención de recuperar la empresa y, según señalaron, recibió siempre respuestas negativas del juez que lleva la causa, al que luego denunciaron por haber permitido los incumplimientos tributarios y de derechos laborales.
Se duplicaron los pedidos
Uno de los puntos a destacar, remarcó Corvalán, es que durante la pandemia se duplicaron los pedidos. El trabajador contó que Expreso Júpiter tiene una sucursal en el barrio La Paternal, en la ciudad de Buenos Aires. La cartera de clientes hoy es más amplia y se entregan pedidos a la principales firmas: en los shoppings Alto y Portal Rosario, en las peatonales y en los locales de las galerías, entre otros.
«Tenemos mucho trabajo. La empresa da ganancias y hasta podríamos comprar dos camiones por año cero kilómetro. Si la administramos los trabajadores nos va a ir mucho mejor y hasta vamos a necesitar más empleados», aseguró el empleado de la firma de transporte.
Según contó Corvalán, la firma tiene una deuda impositiva superior a los 100 millones de pesos en la Administración Federal de Impuestos (Afip), en concepto de aportes de la seguridad social.
