La causa por extorsiones y por la explotación del juego clandestino que comenzó tras la investigación por ataque armado contra el Casino City Center hace un año donde cometieron el asesinato del gerente bancario Enrique Encino y que develó el cobro de coimas por parte de dos fiscales de Rosario, sumó un nuevo acusado. Se trata de Hernán Horacio “Chema” Quintero, quien quedó imputado este jueves como integrante de una organización criminal vinculada al juego ilegal y que exigía dinero a comerciantes en nombre del jefe de la banda Los Monos, Ariel “Guille” Cantero para “brindarles seguridad”.
En la audiencia, el fiscal David Carizza de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos sindicó a Chema por administrar un garito en Centeno y Cafferata y como autor de dos tentativas de extorsión y el juez Héctor Núñez Cartelle le dictó la prisión preventiva por dos años.
Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que se trata del séptimo detenido y acusado de integrar una banda sindicada por exigir dinero a comerciantes en nombre de Guille Cantero. Según la pesquisa esta organización también invertía en garitos ilegales que se multiplicaron durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus, cuando las salas de juego legalmente habilitadas estuvieron cerradas.
En la misma causa que Quintero está imputado Maximiliano “Cachete” Díaz, un lugarteniente de Guille y sindicado como organizador de la asociación ilícita en la que sus integrantes respondían a cuatro grupos: uno que comunicaban las amenazas a las víctimas presentándose directamente o mandando mensajes mediante dispositivos electrónicos. En tanto, el segundo grupo se encargaba de llevar a cabo los hechos intimidatorios contra la integridad física de las víctimas. Un tercero que se encargaba de administrar el dinero obtenido de forma ilícita y hacerlo circular mientras que el cuarto hacía los negocios ilegales de “quiniela” clandestina y casinos ilegales. Con respecto a este último, estos miembros obtenían cobertura institucional en agencias policiales y/o judiciales, explicó el fiscal en la audiencia en referencia a la detención del entonces fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, y el fiscal de grado Gustavo Ponce Asahad por presunto cobro de coimas.
Cachete también está acusado como instigador de la balacera contra el casino cometida el 11 de enero del año pasado y en la asesinaron a Encino de un disparo en la cabeza.
El atentado
Hernán “Chema” Quintero ya había sido nombrado esta causa, ya que luego de que cayera su líder, Cachete Díaz tras el crimen en el Casino, los resultados a los peritajes de un teléfono dieron cuenta de la complicidad policial y de funcionarios de la Fiscalía. El ataque al casino fue el 11 de enero y en la pesquisas hubo indicios de que la balacera iba a cometerse tres días antes. Dos de los atacantes iban a ser Chema Quintero junto a Claudio Humberto “Cadi” Ricaldes (prófugo). Sin embargo, ese 8 de enero, personal de la Gendarmería los detuvo cuando estaba en un auto robado y con armas.
“No tengo la causa yo, pero dejame ver como metemos un comentario ahí”. Ese mensaje estaba en una captura de pantalla recobrada del celular a Cachete Díaz. La imagen –según la imputación– se la había enviado el empresario del juego legal como ilegal Leonardo Peiti como prueba de la gestión que intentó concretar con un funcionario del MPA para aliviar la situación judicial de dos miembros de la banda.
Chema y Cadi terminaron imputados por portación de arma y encubrimiento. En ese momento se les dictó una prisión preventiva por 30 días. Tras cumplir ese plazo, fueron declarados prófugos en el marco de esta investigación. A finales de julio se conocería que los contactos de Peiti, quien lo declaró como imputado arrepentido, eran nada menos que el empleado del MPA Nelson Ugolini, el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el entonces fiscal Regional Patricio Serjal, quienes terminaron imputados.
También se conoció por ese tiempo que Cachete, en su afán para que liberaran a Chema y Cadi también había contactado al comisario retirado Alejandro “Pipi” Torrisi, quien fue detenido cuando salía de un casinito clandestino que regenteaba en Villa Gobernador Gálvez y que ya condenado a tres años en un juicio abreviado como miembro de esta organización.
La imputación
Chema estuvo prófugo por seis meses hasta este martes cuando fue detenido por la policía en un control vehicular en San José al 5500 de la vecina localidad de Funes y le saltó el pedido de captura.
En la audiencia que se llevó a cabo este jueves a las 11 el fiscal Carizza acusó a Chema Quintero de integrar la asociación con fines ilícitos que funcionó al menos entre 7 de agosto de 2019 el 22 de mayo pasado donde participaba de las extorsiones reuniéndose con las víctimas para exigirles dinero y aportando una cobertura y mayor poder de intimidación al organizador. Además, el fiscal le sumó estar encargado de una sala de juego ubicada en Cafferata y Centeno de barrio Alvear.
Concretamente las dos tentativas de extorsión por la que fue acusado fueron: la primera el 12 de agosto de 2019 cuando a alrededor de las 11, Cachete, Chema y otra persona sorprendieron a una de sus víctimas cuando se iba a subir a un auto en Valparaíso y Rioja y la amenazaron. Luego la llamaron y le exigieron que entregara 100 mil dólares.
En tanto, el segundo intento de extorsión que la Fiscalía le atribuyó fue el del 22 de mayo pasado cuando Chema y otro hombre se presentaron en un comercio de bulevar Avellaneda al 3200 e invocando el nombre de Guille Cantero le dijeron que llamara por teléfono a Cachete. El jefe de la organización le exigió desde su lugar detención una suma de dinero a cambio de “protección”. Al día siguiente a las 23, el portón del negocio de la víctima fue incendiado.
Tras escuchar a las partes, el juez Héctor Núñez Cartelle tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó para Chema Quintero la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.
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