El interventor de Fabricaciones Militares confirmó este martes el cierre definitivo de la planta bonaerense que la empresa estatal tiene en Azul y en Santa Fe el panorama no es alentador: el Estado no tiene en sus planes reincorporar a los 35 empleados que fueron despedidos a fines del año pasado en la fábrica de Fray Luis Beltrán. Les sacaron hasta los dispensers de agua y las licencias por vacaciones a sus trabajadores, entre otros logros sindicales. Los empleados temen que el desfinanciamiento que sufre el Ejército y le impide modernizar su infraestructura termine por sellar la suerte de las instalaciones en el cordón industrial o, en el mejor de los casos, ser la excusa para recortar la masa salarial.
Fernando Peirano, secretario General de la Junta Interna de ATE Rosario y trabajador de la fábrica de Beltrán, contó a El Ciudadano que esa planta tiene compromisos de producción por “pedidos de la Policía (de Santa Fe)». Pero eso no alcanza: «Como el Ejército sufrió un desguace en sus diferentes áreas, incluso tememos la posible venta del edificio del batallón de arsenal de la fuerza, que está pegado a la fábrica, y pensamos que eso puede provocar un quiebre total”, expuso el referente sindical.
“Para este año –agregó– el Ejército tiene cero presupuesto, lo que significa que si necesitan renovar los proyectiles viejos o comprar elementos para hacer ejercicios de pruebas de morteros y otros productos que se fabrican en Beltrán, no va haber dinero disponible para adquirirlos”.
Peirano recordó que la planta de Beltrán recibió “un gran pedido de disuasivos químicos (gases lacrimógenos)”. En cuanto a la producción actual de 6 millones de municiones por un convenio que viene de la anterior gestión nacional, explicó que “se procesará en 2018, como también una tanda de chalecos femeninos y otro modernizado y liviano”.
No obstante, remarcó que esos contratos garantizan producción apenas por un par de meses. Y el hilo se corta en esos casos por lo más delgado: “Tememos por la flexibilización del contrato anual, que la empresa considere que se ha perdido productividad y baje el sueldo sin siquiera necesitar la (resistida y ahora puesta en el freezer) reforma laboral”, agregó. Es que hay irregularidades laborales históricas que lo permiten: en promedio, el 80 por ciento del personal de todas las plantas está contratado bajo la modalidad de la ley 25.164, y en esa situación tiene una antigüedad media de 15 años
“Además de los 35 despidos sufrimos también la avanzada sobre algunos logros sindicales como licencias, nos sacaron los dispenser de bidones de agua y la provocación de evitar una mesa de diálogo para saber cómo seguir este año la línea de trabajo, ya que el Ministerio de Trabajo de Nación decidió pasar a un cuarto intermedio”, explicó.
Sobre el cierre de la planta de azul
Peirano interpretó que “la función de dar de baja a la planta de la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, es trasladar los puntos de producción a Villa María, Córdoba”. Anticipó que no será sin resistencia: el 5 de febrero próximo, partirá una caravana desde la localidad bonaerense que finalizará el 7 del mismo mes en la sede central porteña.
El interventor de Fabricaciones Militares, Luis Riva, ratificó que la planta de la empresa en Azul no volverá a operar tras su cierre el 28 de diciembre pasado.
«Queda clara la situación de la planta Azul cuyo último día de producción fue el 28 de diciembre de 2017. A partir de esa fecha sólo se están haciendo tareas de mantenimiento y seguridad», señaló Riva.
El funcionario nacional se pronunció de esa forma en una carta dirigida al Concejo Deliberante de Azul, según publicó el diario El Tiempo, de esa localidad.
«Es sin duda un motivo de preocupación la pérdida de numerosos empleos y algunos trabajos que proporcionaba la Planta de Azul de Fabricaciones Militares. Por ello hemos accedido a participar de una mesa de diálogo para colaborar con la sociedad azuleña en la búsqueda de formas de facilitar la generación de trabajo genuino en la región», señaló Riva.
Además, el funcionario indicó que Fabricaciones Militares «verá las formas de poner a disposición activos que tiene en la zona, para generar proyectos en los que, dirigidos por sectores privados o públicos, con inversores interesados en los mismo, pueda participar con aportes de activos que pueden ser utilizados para concretarlos».
Riva justificó el cierre de la planta al señalar que su responsabilidad es «velar por el conjunto de la empresa», que dispone de instalaciones en distintos puntos del país. En verdad, de todas las plantas quedaron cinco.
Señaló que la intención del Gobierno nacional es que la empresa sea «innovadora, productiva, viable», de manera que «provea bienes de calidad en importantes y estratégicos sectores de mercado».
«La situación que afecta hoy a la sociedad de Azul es parte de ese proceso que sin duda será beneficioso para el país en su conjunto», agregó.
