Los 430 trabajadores de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán están en alerta desde el viernes por la noche, cuando desembarcó Prefectura en el predio con la excusa de hacer tareas de vigilancia y custodia. Para empleados esta situación es la misma que vivieron los trabajadores en las fábricas cordobesas de Villa María y Río Tercero. Fue la antesala de los 59 despidos que ocurrieron entre viernes y sábado. Los delegados de ATE habían advertido en la movilización que hicieron el 30 de noviembre pasado que la fábrica estaba paralizada y que peligraban los 370 contratos que tienen que renovarse el 31 de diciembre. El lunes agrupaciones sociales, políticas y el gremio ATE acompañarán a los trabajadores ante los rumores de que las fuerzas federales tienen una lista de personas que serán despedidas, como pasó en las fábricas cordobesas.
“La Prefectura llegó a eso de las 22 de anoche (por el viernes). No tenemos conocimiento de que ya haya una lista de compañeros que serán despedidos. Sabemos que en las fábricas de Villa María y en la de Río Tercero, las fuerzas federales también desembarcaron y después fueron los encargados de no dejarlos entrar”, explicó Alberto Labudia, trabajador de la Fábrica e integrante de la Junta Interna de ATE Rosario.
Los empleados de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán habían adelantado la intención del vaciamiento de la empresa en la marcha contra los despidos que se produjeron el 30 de noviembre pasado. La columna de trabajadores partió desde las puertas de la planta de Fray Luis Beltrán hasta la esquina de los bancos de la ciudad de San Lorenzo. En ese lugar, se manifestaron contra la reforma laboral y previsional, los despidos y el cese de contratos. Los trabajadores se organizaron porque hacía meses que tenían parada la producción por la falta de insumos, lo que daba cuenta de una intención de vaciamiento.
Labudia contó que se reunieron con la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados donde le manifestaron la inquietud para lograr que Fabricaciones no tenga los problemas –faltas de insumos, rumores de despidos y paralización de la producción– que viene acarreando hasta ahora. “La diputada Gabriela Estévez, de Córdoba, elaboró un proyecto de ley por medio del cual no se tocaría a los trabajadores por 24 meses hasta tanto no se designe un rol a Fabricaciones. Esto está firmado por todos los bloques menos por Cambiemos”, puntualizó en esa jornada el gremialista.
La angustia de la espera
Entre viernes y sábado 30 trabajadores de la Fábrica Militar de Villa María y 29 de Río Tercero se enteraron de que se quedaban sin trabajo. Ante este panorama, los trabajadores de Fray Luis Beltrán esperan con angustia y desesperación una misma reacción por parte de la dirección de la fábrica que está bajo la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación.
Labudia explicó que, a pesar de que los rumores sostuvieron que los despidos en Fray Luis Beltrán se iban a dar a conocer el martes próximo, el lunes los trabajadores estarán acompañados por el gremio, organizaciones sociales y políticas para que puedan ingresar sin ningún inconveniente a la Fábrica.
Por su parte, el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, adelantó que el próximo lunes será uno de los referentes políticos que acompañará los trabajadores. “Dentro de todas las actividades que se desarrollarán contra la reforma previsional, una de ellas será estar con los trabajadores para que los dejen entrar y poder darle seguridad a las personas”, sostuvo el Del Frade.
En Fray Luis Beltrán el 85 por ciento de los 430 trabajadores son contratados, sólo 60 está en planta y muchos de ellos tienen más de 20 años de antigüedad. “Los compañeros están desesperados porque algunos hace del 97 que están con contrato. Te mandan un telegrama y ni siquiera tenés indemnización”, explicaron desde el gremio.
El problema es la conducción
El lunes pasado, Marcelo Delfor y Carlos Sánchez por el Consejo Directivo provincial de ATE, y Alberto Labudia, Pablo Torres y Oscar Torres en representación de los trabajadores de la Fábrica y la seccional en el cordón industrial del gremio se reunieron con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, para cerrar el acuerdo a través del cual proveerán de municiones y otros elementos de seguridad para la fuerza policial santafesina por un monto aproximado a los 26 millones de pesos. En esa reunión, los trabajadores dieron un panorama de su situación e invitaron al ministro a recorrer las instalaciones.
“Cuando hay producción, hay trabajo y si logramos que otras provincias también compren nuestros productos se deberá pensar en incorporar más trabajadores y no en despedirlos”, sostuvieron los representantes gremiales en dicha oportunidad.
“Tenemos que tener en cuenta que no es un problema de los trabajadores sino de la conducción de la Fábrica que tiene que abastecer de insumos en tiempo y forma para que entreguemos los productos de los contratos que tenemos. Si faltan insumos estamos parados. Nos quieren sacar del medio porque molestamos, para que entren los de afuera. Porque somos competencia. En el acuerdo con el gobierno de Santa Fe ganamos la licitación por los precios. Así que lo de afuera no es más barato”, remarcó el delegado.
Las cinco plantas del país en conflicto
El viernes pasado se dio a conocer que el gobierno nacional resolvió achicar el plantel de empleados de las cinco plantas de la empresa estatal Fabricaciones Militares y concretó unos sesenta despidos en las sedes de las localidades cordobesas de Río Tercero y Villa María. A pesar de que semanas atrás, funcionarios nacionales y legisladores oficialistas negaban que estuviera en análisis una reducción de personal de estas empresas. En la Fábrica Militar de Río Tercero fueron cesanteados 29 de los 534 trabajadores y en la de Villa María, 30 de los 455. Esta medida se da en el marco de otras similares de ajuste en el plantel de empleados resueltas en estos días para diversas reparticiones y entes estatales.
Las cifras: en el país, las cinco fábricas militares suman unos 1.990 empleados. A las de Fray Luis Beltrán, Villa María y Río Tercero se suman la de Azul (Buenos Aires) y la de Jáchal (San Juan). Del total de trabajadores, más del 80 por ciento es contratado.
