Agustín Fontenla @agusfontenla
Geert Wilders es una de las estrellas de los últimos días en el ámbito político occidental. Jefe del partido Libertad de Países Bajos y –con ese nombre y por si cabía alguna duda– defensor del hoy hechizante programa de ultraderecha que conquista mayorías alrededor del mundo.
Con 37 escaños obtenidos ha hecho su ascendente carrera creando eslóganes corrosivos contra el islam y los inmigrantes musulmanes de Medio Oriente y África. Sin embargo, en estos últimos comicios es posible que no haya sido eso solamente lo que le permitió ubicarse a las puertas de un nuevo gobierno.
Wilders ha hecho campaña argumentando que el “tsunami” de refugiados que enfrenta al país ha hecho que los jóvenes y los sectores trabajadores no puedan alquilar o comprar un departamento debido a la falta de oferta que generó la llegada de extranjeros. Se trata de una falacia porque los inmigrantes apenas si logran vivir en refugios o viven hacinados en instituciones o casas de familiares y/o amigos.
Sin embargo, sí es cierto que cada vez más ciudadanos de las clases medias y medias bajas no consiguen alquilar (ni hablar de comprar) un lugar decente donde vivir, y han debido resignar confort pero también cercanía de los centros de las grandes urbes.
Uno de los competidores de Wilders y candidato sorpresa de esta elección es Pieter Omtzigt. Su partido, Nuevo Contrato Social, fue creado recientemente y en estos comicios logró 20 escaños, 5 menos que la socialdemocracia. El líder, que parafrasea a Cristina Fernández de Kirchner con su nueva fuerza, sostiene que el problema del holandés medio es la ausencia de protección del (extinto) Estado de Bienestar.
“Fuera de las grandes ciudades, el holandés medio piensa: ¿pueden darnos alguna protección social? ¿pueden cuidar de nosotros para que podamos acceder a la vivienda o para que nuestros hijos puedan estudiar sin contraer deudas enormes?”, explicó Pieter al Financial Times sobre lo que los ciudadanos de su país pensaban.
Los dos líderes políticos, distanciados uno de otro respecto a la ideología que dicen profesar, han puesto el acento en lo mismo, la problemática de los sectores trabajadores y medios que ven hace décadas cómo se reduce su poder adquisitivo sin que los partidos tradicionales de izquierda ofrezcan alguna solución. El propio dirigente de Nuevo Contrato Social lo explica así: “Algunos partidos de izquierda creen tener una agenda progresiva mientras se olvidan de la clase trabajadora”.
La frase resume muy bien el problema del peronismo y las socialdemocracias light que no han logrado romper la lógica con la que el neoliberalismo ha hundido en la desigualdad y la pobreza creciente a las grandes mayorías sociales en las últimas décadas. Que no se trata de ladrarle a las corporaciones sino de crear sistemas impositivos verdaderamente progresivos, entre otras cosas.
De Irlanda a Alemania, de España a Francia, y de Estados Unidos a Argentina, las fuerzas políticas que abrevan en el progresismo han perdido el apoyo de las clases trabajadoras a manos del nuevo fenómeno de las ultraderechas.
El caso más reciente y cercano es el argentino, con un gobierno que se había planteado recuperar el bolsillo del ciudadano castigado por la gestión Macri, pero que terminó ofreciéndole inflación desbordada y algunos gestos simbólicos que no alcanzan para devolverle su poder de compra y, sobre todo, la idea de un horizonte de ascenso social.
En el extremo del continente americano, el gobierno de Joe Biden ofrece la misma gestión con sabor a poco, y un electorado que se inclina hacia el retorno de Donald Trump. Las ayudas del líder demócrata y su apoyo a los trabajadores para reclamar por un mayor salario chocan contra una realidad aplastante: el trabajador medio de Amazon gana unos 1200 dólares mensuales, el CEO de la empresa, 1.3 millones de dólares anuales, y la compañía como tal reporta ganancias por billones de dólares.
En España, el escenario no es muy distinto. Esta semana, el flamante gobierno socialista transmite la idea de una negociación titánica para arrancarle a la patronal un aumento del 4 por ciento en el salario mínimo durante 2024. Sin embargo, la inflación en alimentos durante el 2023 rondó el 10 por ciento.
Irlanda ha sido uno de los últimos países en evidenciar que el malestar social da paso al odio al inmigrante y, posteriormente, a la elección de un partido de ultraderecha. Hace unos días Dublin fue escenario de una de las acciones de violencia social más relevantes de los últimos años. Aunque todo apunta a sectores radicalizados con posturas antiinmigrantes, los analistas locales creen que el origen de lo sucedido hay que buscarlo en el “agotamiento” del Estado de Bienestar.
El Instituto para el Diálogo Estratégico, un think-tank irlandés, sostiene que la crisis de la falta de vivienda, la falta de acceso a la educación, y de los servicios de salud y salud mental están detrás de la narrativa del “nosotros contra ellos” (los inmigrantes) que crean los partidos de ultraderecha. A nadie debería extrañarle que, en este contexto, el próximo partido político que gobierne Irlanda lleve en su nombre la palabra “libertad”, y proponga como solución la agenda típica de la ultraderecha. Es lo que ha pasado en España con Vox, Argentina con Milei, Países Bajos con Wilders, Le Pen en Francia por citar solo algunos casos.
Lo que puede venirse en Europa
El caso alemán marcará un punto de inflexión en la historia de ese país, pero también de Europa si la ultraderecha Alternativa para Alemania (AFD) lidera o entra en un próximo gobierno. La economía alemana lleva dos años con serias dificultades y en las últimas semanas surgieron informes sobre un desarme industrial producto del fin de la energía barata (que antes obtenían de Rusia).
Muchas empresas se están radicando en otros países donde los costos de producción son menores. El director de Salzgitter, una de las empresas insignia del sector del acero, afirmó que si la tendencia se sostiene corren el riesgo de que se rompa la cadena industrial en la nación; más críptico, aseguró que “si yo siguiera esa tendencia, entonces vamos a desindustrializar el país”.
El gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz se enfrenta a ese desafío existencial, pero también a otro doméstico y más inmediato como un revés de la Corte Suprema por un fondo de dinero que el Gobierno debía usar en el marco de la pandemia, pero que utilizó para otros fines. El planteo judicial creó un agujero de 60 mil millones de euros en el presupuesto.
Si Scholz logra reponerse y mantener el Ejecutivo a flote igual tendrá que lidiar con una economía en crisis y el gasto/inversión en rojo. ¿Será capaz de revertir el deterioro de las clases medias y trabajadoras? ¿Qué pasará cuando las mayorías alemanas no encuentren una mejora de la mano de la socialdemocracia? ¿Acudirán a los verdes o terminarán resignándose al odio a los inmigrantes y a las élites que profesa AFD, como también Wilders, Milei o Trump?
Lo mismo cabe preguntarse para las elecciones del Parlamento Europeo en junio del año que viene. Lo que resulte de esas elecciones marcará el rumbo de la Unión Europea por los próximos cinco años. Vox, Hermanos de Italia, el partido de la Libertad en Países Bajos, la Agrupación Nacional en Francia, la Unión Cívica en Hungría, entre otras fuerzas del mismo corte ideológico creen que ha llegado su hora. A juzgar por el poder adquisitivo de las grandes mayorías, es posible que no estén equivocados.
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