El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, leyó con preocupación el último fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, relacionado con despidos que tuvieron lugar en el astillero estatal Tandanor en 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri.
La Sala ordenó las reincorporaciones de tres trabajadores despedidos en 2018 por considerar que los despidos habían estado relacionados con su actividad sindical, todo un precedente que puede complicar los planes de reducción de personal del Estado que quiere llevar adelante Sturzenegger.
Los empleados estaban afiliados al Sindicato de Trabajadores de Talleres Navales (SITTAN) y ahora deberán volver a sus tareas y se le deben pagar los salarios caídos desde agosto de 2018 hasta la actualidad.
El fallo que Sturzenegger no quería
“El actor sostuvo y acreditó en la causa que su despido encubrió un móvil discriminatorio basado en la actividad sindical que refirió haber desplegado en la empresa. En este sentido, relata que en el año 2012 se afilió al Sindicato de Trabajadores de Talleres Navales (SITTAN), a partir de lo cual comenzó a participar de las actividades, movilizaciones y reclamos que efectuaba el sindicato”, destacó la resolución del caso de Diego Carrasco.
Carrasco es uno de los trabajadores que la empresa estatal debe reincorporar, junto con David Melián y Eduardo Soler.
Qué sucedió
Carrasco, Melián y Soler recibieron el telegrama de despido en agosto de 2018 como parte de un plan de cesantías que desplegó el gobierno de Mauricio Macri contra 26 trabajadores de Tandanor y que ejecutó el entonces presidente del astillero, Jorge Arosa.
Tandanor es un astillero estatal donde, por ejemplo, se reparó el rompehielos Irizar. Actualmente forma parte del Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), creado en 2010, junto al astillero Almirante Storni.
La acción judicial de los sindicatos es un aspecto a tener en cuenta por el gobierno de La Libertad Avanza. En la era Javier Milei, se ejecutaron al menos 28 mil cesantías en el Estado, de acuerdo al último informe de dotación del INDEC, algo que no solo estuvo presentado como una medida importante sino también celebrado por el Gobierno.
Desde los equipos jurídicos de ATE y UPCN avanzaron por la vía judicial para declarar que el recorte que se realizó en distintos ministerios y organismos públicos estn fuera de la ley. Y saben que la Justicia, como sucedió con Tandanor, les dará la razón en algún momento dado que el Gobierno echó a afiliados a gremios, personas con enfermedades, embarazadas y sin aviso previo.
En el oficialismo ignoran los cuestionamientos y hablan de que no se “renovaron vínculos contractuales”.
