Desde hace 4 años Gabriela dice buscar un hogar para vivir con sus dos hijos: Ignacio de 7 y Federico, de 12 años. Ella tiene 35 años y limpia casas para sostener el hogar. El menor tiene crisis asmáticas recurrentes y el mayor tiene un certificado de discapacidad por Síndrome de Asperger. En reiteradas oportunidades se anotó en los registros provinciales y municipales para acceder a una vivienda, pero nunca la llamaron. Ahora vive en zona sur en una casa que alquila “de palabra”, pero el dueño le pidió que se mudara. Gabriela no tiene garantías propietarias, ni recibo de sueldo para alquilar. Tampoco percibe la pensión por discapacidad que le corresponde al mayor de sus hijos. Fue a la Justicia y pidió un amparo para que el Estado le garantice el derecho a una casa. La jueza en lo Civil y Comercial María Silvia Beduino tuvo en cuenta la situación de la mujer y el estado de salud de sus hijos y ordenó al “gobierno de Santa Fe, a la Dirección Provincial de la Vivienda, a la Municipalidad de Rosario y al Servicio Público de la Vivienda del municipio que le brinden un subsidio para pagar un alquiler o la incluyan en un plan habitacional para que acceda a una vivienda”.
“Presentamos el amparo porque ella había agotado las instancias oficiales. Ella tiene voluntad de pagar, pero nunca le dieron la posibilidad. La jueza tuvo buena voluntad, pero no significa que a cualquiera que pida una vivienda se la van a otorgar. En este caso, el Estado no logró demostrar su inversión en vivienda y la jueza consideró la situación de vulnerabilidad de la mujer”, dijo a El Ciudadano Luciano D´Angelo, abogado de Gabriela.
Según explicó, Gabriela se anotó en el registro de acceso a la vivienda hace tres años. Envió cartas al Estado provincial y municipal pero no le dieron respuestas. Y todo se complicó aún más cuando hace unos meses el dueño de la casa que alquila “de palabra” en zona sur le pidió que la deje.
D´Angelo explicó que para ir a la justicia se basaron en un caso de la Corte Suprema, dónde habían condenado al gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires a entregarle una vivienda a una persona en situación de vulnerabilidad. Fue en ese marco que el letrado de Gabriela presentó un amparo en la Justicia provincial.
La jueza María Silvia Beduino tuvo en cuenta un informe de una trabajadora social del Centro de Salud San Martín sobre el estado de salud de los hijos y un dictamen de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, que manifestó que la problemática de acceso a una vivienda debe abordarse a través de la implementación de políticas públicas.
“El peligro en la demora estaría dado porque de no acogerse a la medida peticionada podría ponerse en riesgo la salud de los menores hijos de la actora ya que uno es discapacitado y otro padece una afección respiratoria”, señaló la jueza en el fallo.
