El defensor del Pueblo de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, reavivó la polémica en torno a los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollan en las localidades de Funes y Roldán al recomendarle “de manera urgente y luego de un relevamiento del terreno” a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que “se produzca una recategorización de oficio de todos los loteos” ubicados en ambas localidades y solicita que se intime a las empresas a cargo “a cumplir con los recaudos legales, en lo que a la presentación y aprobación del estudio de impacto ambiental se refiere”. Entre otros prejuicios, el ombudsman sostiene que existe un “riesgo potencial” de que se produzcan inundaciones en Rosario.
Bistoletti sostuvo que, “teniendo en cuenta que son las autoridades estatales las que deben ejercer el control y poder de Policía en estos casos”, la cartera dependiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente debe proceder a “ordenar la inmediata suspensión de las obras iniciadas sin la correspondiente autorización”, ya que, aseguró, “sólo uno de los muchos emprendimientos” que se llevan adelante en esa zona realizó los estudios de impacto ambiental correspondientes. “Eso genera un claro incumplimiento de la normativa y el riesgo potencial de que se repitan inundaciones en Rosario”, aseveró.
El defensor del Pueblo realizó este pedido mediante la resolución Nº 113, después de recibir a representantes de la organización Nunca Más Inundaciones (Numain), quienes se presentaron en la sede Rosario de la institución para expresar su preocupación por las obras que se realizan en el Gran Rosario sin considerar el impacto ambiental.
En tal sentido, Osvaldo Ortolani, titular de Numain, advirtió sobre la necesidad de construir un nuevo aliviador para los canales Salvat e Ibarlucea y señaló que si esto no sucede las obras realizadas hasta el momento se tornarán inútiles y se incrementará la posibilidad de inundaciones.
En la resolución elevada a la Secretaría de Medio Ambiente, Bistoletti señaló que se recibió una queja que “indica que no se estaría cumplimentando con el requisito de realizar estudios de impacto ambiental de numerosos inmobiliarios que se están desarrollando en las localidades de Funes y Roldán”. Y aclaró que la “Defensoría del Pueblo es directamente competente en este tema atento a que la autoridad de aplicación de la normativa respectiva es la Secretaría de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente”.
En los considerandos de la resolución se señala que “esos emprendimientos inmobiliarios comprenden decenas de hectáreas que, anteriormente, estaban destinadas a explotaciones rurales o destinos similares y, ahora, se están transformando en lotes, de distintas dimensiones, para la construcción de viviendas individuales”. Y recordó que la ley 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable indica que uno de sus objetivos es “el de asegurar el derecho irrenunciable de las personas de gozar un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la dignidad humana”.
La resolución advierte además que “las personas físicas o jurídicas responsables de proyectos y obras o acciones que afecten o sean susceptibles de afectar el ambiente están obligados a presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente un estudio e informe de evaluación del impacto ambiental en todas sus etapas”. Y recalca que, dado el tamaño de estas construcciones, “no hay duda de que se debe tramitar” este análisis en estos casos. No obstante, destacó que “sólo uno de los muchos emprendimientos lo hizo, por lo que, sólo cabe deducir, con los elementos recabados en estos actuados, que ninguno de los otros lo ha hecho, pese a la obligación legal que se le impone”.
Bistoletti no tiene dudas de que las empresas a cargo de lotear los terrenos en Funes y Roldán se encuentran “ante un claro incumplimiento de la normativa ya indicada, que conlleva que no exista ningún análisis de impacto ambiental de decenas de propuestas de parcelamiento de propiedades rurales o suburbanos para ser transformadas en urbanas y que, por lo tanto, nadie conozca, en definitiva, qué impacto ambiental genera ello, por ejemplo, en el aspecto hidrológico”.
El ombudsman, al insistir en los riesgos que generan estos proyectos que no realizaron estudio de impacto ambiental, aseguró que “no se puede determinar, a la fecha, cómo pueden afectar miles de nuevas construcciones al proceso natural de absorción, escurrimiento o drenaje de aguas, debiendo recordarse que, como es también de público y notorio, las aguas de esa zona, propias de precipitaciones en el lugar o que derivan de otros más altos, tienen como destino final el arroyo Ludueña que, a su vez, desemboca en plena zona urbana de la ciudad de Rosario, con riesgo potencial de que se repitan inundaciones en zonas de esa ciudad”.
No obstante, aclaró que “el aspecto hidrológico no es el único que debe tenerse presente y la legislación así lo considera, pero se menciona esto para destacar la importancia que los estudios previos tienen”.
Luego aclaró que con su iniciativa no busca “impedir ni obstaculizar el progreso y la generación de empleo”, pero pidió que se exiga “el cumplimiento de normativas impuestas en beneficio del bien común, pues, por más loable que pueda ser un objetivo, no se debe tolerar que se consiga a cualquier costo”.
Consciente de las críticas que puede recibir por parte de las partes interesadas en estos proyectos urbanísticos, Bistoletti indicó que “el compromiso asumido es con el pueblo de la provincia de Santa Fe y con el respeto que debe darse a sus derechos”. Y agregó: “Estas recomendaciones deben producir especial beneficio sobre los adquirientes de los lotes, que verán valorizada su inversión al haber adquirido tierras en un lugar que respeta las normas impuestas para salvaguardar el medio ambiente”.
