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Faltan jueces para juzgados de pequeñas causas

Por Carina Ortiz. Hay 256 fueros, donde faltan 113 magistrados. Además 46 de los funcionarios no son abogados.

En mayo de 2011, el Poder Legislativo sancionó la ley 13.178 que creó los juzgados comunitarios de pequeñas causas. Esta normativa entró en vigencia en agosto, aunque casi un año después la Justicia se topó con dos grandes escollos para su funcionamiento: en primer lugar cerca de la mitad de los Juzgados están vacantes; de 256 juzgados 113 actualmente no tienen juez. Y el segundo problema se centra en que un gran porcentaje de los jueces comunitarios en funciones son legos, es decir que sólo 46 magistrados son abogados y no se encuentran facultados para llevar adelante un proceso judicial. Esta situación generó preocupación entre los magistrados y la Cámara de Apelación de Circuito trasmitió la inquietud a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que en abril de 2012 requirió al Poder Ejecutivo una solución urgente  y resaltó el “estado de crisis” que existe en materia de infraestructura, de personal, edilicia y de equipamientos técnicos que atraviesan los tribunales de pequeñas causas.

En diálogo con El Ciudadano Ricardo Netri, presidente de la Cámara de Circuito de la Segunda Circunscripción, sostuvo que el objetivo del gobierno al crear la Justicia comunitaria de pequeñas causas fue trasformar los juzgados comunales de toda la provincia en juzgados comunitarios asignándoles más tareas jurisdiccionales de las que tenían.

En la práctica los juzgados comunales eran los viejos juzgados de paz legos, que actuaban en instancias de mediación o conciliación, diligenciamientos y además tenían la jefatura del Registro Civil.

“La idea fue otorgarle más importancia a esos juzgados dándole otras tareas como llevar adelante pequeños juicios hasta una determinada cuantía –4 mil pesos– y así descomprimir de alguna manera a los juzgados de primera instancia. El problema que se advirtió cuando el gobierno presentó este proyecto que aplaudimos fue que esos jueces deben ser letrados ya que tienen una actuación judicial y dictan sentencia”, refirió el camarista.

Al momento de la sanción de la ley existían en toda la provincia 256 juzgados de paz que iban a ser trasformados en comunitarios. De ellos, 98 se encontraban vacantes, a los que actualmente se le sumaron 15 puestos más, mientras que de los juzgados cubiertos sólo 46 de sus titulares son jueces letrados, explicó Netri.

Respecto a Rosario y sus alrededores, el camarista sostuvo que bajo la jurisdicción de la Cámara que preside existen 63 juzgados de pequeñas causas de los cuales 26 están vacantes y de los 37 jueces en actividad solo 13 son letrados. Otro dato que resaltó el funcionario judicial es que la norma fijó la creación de 8 juzgados comunitarios en Rosario y 6 en Santa Fe, de los que no hay ni vista de su creación, refirió Netri.

Otro tema que preocupa al fuero son los concursos para cubrir estos cargos. El magistrado sostuvo que entre febrero y marzo de 2011 se llamó a concurso para cubrir vacantes en tres localidades Granadero Baigorria, Salto Grande y San José de la Esquina, y recién en mayo se realizaron las entrevistas personales para cubrir estos cargos. La preocupación es que las vacantes aumentaron de 98 a 113 desde que está en vigencia la ley y si bien se nombrarán 20 jueces en toda la provincia, la disponibilidad de cargos en este tiempo sumó 15 puestos más, afirmó Netri.

Ante este panorama la Cámara de Circuito de Rosario trasladó su preocupación a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que a través de un acuerdo fechado en abril de 2012 sostuvo que la falta de cobertura de las vacantes que vienen en aumento “lleva a pensar que habrá de postergarse aún más la satisfacción de los fines pretendidos por la norma, pudiéndose generar – si así persiste la situación – un supuesto de denegación de Justicia”.

A la vez, resaltaron “el estado de crisis que en materia de personal, infraestructura, edilicia y de equipamiento técnico atraviesa la Justicia comunitaria de pequeñas causas”, refiere el documento cuyo contenido fue comunicado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a las Cámaras de Diputados y Senadores entre otros organismos del Estado.

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