La familia de Santiago Maldonado dijo hoy que el caso debe ser investigado con la hipótesis de «desaparición forzada seguida de muerte», porque el joven artesano no desapareció «cuando caminaba al lado del río, sino en el contexto de la represión de Gendarmería» a mapuches del Pu Lof en Resistencia Cushamen en Chubut, el 1º de agosto último.
Antes de ser hallado en un tramo del río Chubut, el pasado 17 de octubre, «el cuerpo no estaba ahí», un lugar «varias veces rastrillado», sostuvo Verónica Heredia, la abogada de la familia, que brindó esta tarde una conferencia de prensa junto a Sergio Maldonado -hermano de Santiago- y su esposa Andrea Antico, en la sede de Amnistía Internacional Argentina (AI), en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
«Por eso es que insistimos en que un grupo de expertos independientes» sume su aporte a la investigación, encabezada por el juez federal Gustavo Lleral, para garantizar «imparcialidad», porque «lo que está en peligro es la investigación, conocer la verdad», subrayó la letrada.
Además, Sergio denunció una campaña en redes sociales de hostigamiento hacia ellos, que se sumó a la hostilidad de «algunos periodistas y medios periodísticos» y a repetidos «seguimientos que nos hizo Gendarmería en El Bolsón, Esquel y Bariloche, de los que escuche los audios, no me lo contaron».
Por su parte, la directora ejecutiva de AI en la Argentina, Mariela Belski, señaló que esa organización de derechos humanos «acompaña a la familia Maldonado en un caso muy importante», por tratarse de «un delito muy grave» que involucra la actuación de Gendarmería y sobre el que se debe «investigar qué pasó».
Consultado sobre las declaraciones del juez Lleral después de las primeras 12 horas de pericias en la Morgue de Buenos Aires, cuando dijo que el cuerpo de Santiago no presentaba lesiones externas, Sergio se limitó a opinar que «tal vez fueron apresuradas, porque podría haber esperado al informe final».
Ante la pregunta de si el cuerpo de Santiago fue «colocado» en el lugar en el que fue hallado a 78 días de su desaparición, Heredia dijo que el prefecto Leandro Ruata declaró ayer en la causa que a comienzos de agosto en esa zona del río la profundidad era de 30 centímetros, cuando el rastrillaje del 19 de septiembre cercana a un metro y el 17 de octubre último, de 1,30 metros.
«No decimos que fue colocado, decimos que no estaba ahí y que todo esto debe ser comprobado. Podemos afirmar lo que dijeron ayer Ruata y dos buzos, también lo que nosotros vimos y es que ahí no estaba», insistió.
Preguntados sobre la responsabilidad que atribuyen a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y a su jefe de gabinete, Pablo Noceti, Heredia respondió que podrá establecerse «qué responsabilidad les cabe en la medida en que avance la investigación».
La abogada criticó el papel del Ministerio de Seguridad en la investigación, porque «tomaban declaraciones testimoniales a gendarmes y a la vez la Gendarmería y funcionarios de la cartera tenían acceso al expediente» porque el juez Guido Otranto aceptó a esa fuerza como parte.
Recusado y apartado de la causa Otranto, Lleral «los apartó, pero entonces se presentó espontáneamente (el gendarme Emmanuel) Echazú, que quedó como imputado y nombró como defensores a los mismos abogados que antes representaban a la Gendarmería», argumentó.
Finalmente, tanto Sergio Maldonado como Andrea Antico aludieron a la «campaña de hostigamiento» en su contra en redes sociales, el trato hostil e irrespetuoso que atribuyeron a «algunos periodistas y medios periodísticos» y señalaron que la Gendamería los espió y ordenó hacerles seguimientos, «como lo denunció ante la justicia la abogada Myriam Bregman».
