Esta semana hijas, hijos y familiares de genocidas por la Memoria, Verdad y Justicia solicitaron al Ministerio de Defensa la digitalización y publicación de los miles de legajos que existen sobre el personal civil de inteligencia que participó de la última dictadura cívico-militar. La carta abierta fue dirigida al titular de la cartera, Agustín Rossi, y la respuesta que recibieron hasta ahora fue institucional, por la que comunicaron que no hay intención de hacerlo.
Historias Desobedientes es el nombre con el que se presenta la agrupación de hijas e hijos de genocidas. Surgió en 2017 y es una experiencia inédita en el mundo. En el cuerpo de la carta expresaron: «Los documentos microfilmados, de los PCI, que prestaron funciones durante la última dictadura cívico militar, se encuentran desclasificados según lo dispuesto en el Decreto 4/2010 y constituyen una prueba fundamental del accionar del Estado terrorista. Toda vez que no se encuentran digitalizados, para su acceso, deben ser solicitados a la Dirección de Inteligencia, cuya demora es considerable. Asimismo, la visualización de los microfilms se lleva a cabo en una máquina obsoleta que dificulta la correcta lectura del documento».
Además resaltaron algo que creen fundamental: en caso de que estos archivos se extraviaran o dañaran se trataría de una pérdida enorme como documentos históricos y como prueba en los juicios de lesa humanidad.
Bibiana Reibaldi es una de las integrantes. En diálogo con El Ciudadano, expresó la necesidad que tienen de tener libre acceso a estos documentos como parte del derecho a la verdad que tienen como familiares y la sociedad argentina en su conjunto.
En la carta también mencionaron con especial interés el hecho de que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y Abuelas de Plaza de Mayo «firmaron un convenio de asistencia técnica cuyo objeto es el asesoramiento para la elaboración de una política de preservación, catalogación y resguardo de documentos y legajos de nuestros progenitores, civiles y militares, con nueva tecnología y mejor acceso».
El papá de Bibiana fue Julio Reibaldi, oficial mayor y personal civil del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Ella es una de las que quiso acceder a este archivo ya que solo contaba con los documentos del Ejército. Desde muy joven se distanció de las ideas y prácticas de su padre, incluso antes del golpe de 1976.
«En todo el país en los setenta había miles de familias de oficiales de todas las fuerzas. Cada una de estas familias tuvo muchos hijos, los milicos se la pasaban teniendo hijos. Pero los que estamos agrupados en Historias Desobedientes somos muy poquitos, se acercaron entre 120 y 150 personas, pero solamente somos cerca de 50 los activos. Somos una excepción», dijo.
Por eso hacen un llamado a la desobediencia, a romper con el mandato de silencio con el que crecieron: «Hacemos un llamado a la toma de conciencia. Sabemos que es un proceso muy lento y doloroso pero si no se hace se tramita a través de los síntomas y muertes por enfermedades. Y si no es en esta generación de los hijos, es en los nietos. Esto que se transmite es tan fuerte, el dolor de ser hijo de un genocida se transmite a los hijos también».
Estiman que hay miles de legajos. Los mismos configuran «contundentes fuentes de prueba en juicios» y su publicación y libre acceso para la ciudadanía ayudaría a afianzar el proceso de Memoria en Argentina luego del genocidio cometido entre 1976 y 1983.
Historias Desobedientes tuvo como puntapié inicial para su creación dos hechos. Por un lado, las marchas en mayo de 2017 contra el fallo conocido como 2×1 de la Corte Suprema de Justicia, que decidió por mayoría aplicar en delitos de lesa humanidad el beneficio para acortar las penas en delitos comunes. Por otro lado, la publicación en revista Anfibia de una crónica donde habló Mariana Dopazo quien inició acciones legales para dejar de tener el apellido de su padre, Miguel Etchecolatz. Fue la primera hija de genocida en hablar públicamente de rechazo al accionar de su padre.
