Los familiares de las víctimas y heridos de la tragedia de Once leyeron hoy, durante el acto por el cuarto aniversario del choque del tren que dejó 52 muertos y 789 heridos, un documento en el que afirmaron que «la condena de Once deja en evidencia que una de las grandes deudas de la política es modificar la legislación vigente cuando lo que se juzga son delitos cometidos por funcionarios o ex funcionarios públicos».
En este sentido, se refirieron al fallo judicial de diciembre pasado que condenó en primera instancia a 21 de los de los 28 acusados a penas de entre tres y nueve años de prisión.
En el documento aclararon que no se trata de «una crítica al fallo, ya que se obró de acuerdo a los códigos vigentes», pero se indicó que cuando se refiere a «un funcionario, que es depositario de la fe pública», la violación de ese compromiso «debe agravar su condena, sobre todo si su resultado es la muerte».
Las mayores condenas de la tragedia de Once recayeron sobre el secretario de Transporte de la Nación al momento del hecho, Juan Pablo Schiavi (ocho años), y sobre el ex concesionario de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Claudio Cirigliano (nueve años).
Ambos fueron encontrados responsables de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo por el pago de subsidios estatales y la simultánea falta de mantenimiento de los trenes del ferrocarril Sarmiento.
Por tal razón, los familiares de las víctimas y heridos de la tragedia de Once realizaron un llamamiento a los «señores legisladores», y manifestaron que «la sociedad pide a gritos verse representada en códigos que imponen penas durísimas para los delincuentes disfrazados de funcionarios».
«Queremos delitos imprescriptibles y penas implacables, queremos que les sea incautado todos los bienes mal habidos, queremos prisión efectiva y cárcel común desde la condena en primera instancia, queremos que nunca más puedan volver a presentarse en listas electivas ni en ningún cargo público», afirmaron los familiares respectos de los funcionarios que cometan delitos.
La lectura del documento tuvo lugar en el Andén 1 de la estación terminal de Once, donde se encuentra el Memorial de Corazones en homenaje a las 52 víctimas que murieron en el choque del tren Chapa 16, el 22 de febrero de 2012.
El énfasis puesto en la modificación de los códigos y las leyes vigentes estuvo presente en todo el documento cuando se recalcó que «los funcionarios corruptos no son delincuentes comunes, sino que son peores», porque no solo causan el daño a la víctima «sino a toda la sociedad».
Asimismo, los familiares agradecieron a todas las personas que los acompañaron en su lucha durante estos cuatro años y consideraron «imprescindible que la dinámica impuesta al desarrollo de la causa desde 2012 no se detenga, sino que se acreciente».
«Pudimos hacerlo, sintámonos todos parte de este logro, y gritemos entonces, liberados de todos los miedos, de todas las dudas, y con la misma indestructible convicción de la primera vez: Justicia por los muertos y heridos de Once», concluyeron los familiares, a través del documento.
