Familiares de víctimas y sobrevivientes de la represión institucional del 19 y 20 de diciembre de 2001 repudiaron hoy un editorial del diario La Nación en el cual se avala el desempeño que tuvieron en esas jornadas Enrique Mathov, secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, y el comisario Rubén Santos, ambos condenados por la Justicia por su responsabilidad en esos hechos. «Con la verdad y en búsqueda de Justicia. Los familiares de víctimas de la represión policial del 20 de diciembre del 2001 repudiamos el miserable editorial del diario La Nación», señaló un documento difundido hoy.
En el texto, los familiares de las víctimas indicaron que «después de un largo juicio y más de 20 años de proceso judicial en el que fueron desacreditadas absolutamente todas las mentiras planteadas por Santos y Mathov, resulta inaceptable que se le pretenda dar crédito a esas falsedades como si nada hubiera pasado». En ese sentido, afirmaron que «el vergonzoso» editorial de La Nación constituye «un manotazo de ahogado de dos delincuentes condenados que avizoran el inminente cumplimiento de su pena de prisión». «Contrariamente a lo que repite La Nación, los hechos que determinan la responsabilidad de Mathov y Santos están absolutamente esclarecidos. Ambos condujeron una represión policial tan ilegítima como despiadada, que produjo centenares de víctimas, la mayoría por balas de plomo y alguna de ellas fatales», remarcaron.
En su editorial del último lunes, el Diario La Nación, publicó: «Más de 20 años sin verdad ni justicia. A dos décadas de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, no hay aún sentencia definitiva sobre trágicos hechos nunca esclarecidos». «La sesión que la Cámara de Diputados de la Nación hizo recientemente en homenaje a las víctimas de la jornada de saqueos y convulsión social del 20 de diciembre de 2001 ha constituido un inmenso servicio histórico. Habrá que agradecérselo, en primer lugar, al diputado del PRO Fernando Iglesias», se argumentó en un editorial publicado el pasado 10 de enero.
Para el diario, «los señalamientos de este legislador (Iglesias) permitieron que aflore en la conciencia social algo que se hallaba sepultado por el machacar constante de las organizaciones de izquierda que tomaron por aquel entonces la calle con el estímulo solapado de caudillos del peronismo bonaerense y en medio de cierta hipocresía radical».
En ese sentido, describe al estallido social que determinó el fin del gobierno de De la Rúa como «el paso final para precipitar» su caída y «hundir al país en una de sus crisis más profundas, de la cual, más de 20 años después, aún no hemos salido».
Para los Familiares de Víctimas y Sobrevivientes del 19 y 20 de diciembre de 2001, «es falso» que a lo largo del proceso judicial las defensas de Mathov y Santos hayan demostrado que la jueza María Servini de Cubría haya dado «directivas imprudentes» a la Policía cuando dispuso que se retirara de la Plaza de Mayo durante el 20 de diciembre, en el momento más álgido de la represión.
«Ambos imputados obviaron deliberadamente la orden de la jueza de parar la represión y respetar el derecho a manifestarse. Más aún, según atestiguaron funcionarios policiales, el comisario Santos, siguiendo órdenes de Mathov, dijo: ‘El Estado de sitio está por encima de la Justicia´. Esta frase merece ser remera para obsequiar a todo portador de la tarjeta Club La Nación», enfatizaron los familiares de las víctimas. Además, recuerdan que la Justicia «también determinó con certeza que los disparos mortales provinieron del personal policial que actuó en cumplimiento de las ilegítimas órdenes de Mathov y Santos».
«El diario LN se sensibiliza por los embargos, inhibiciones y prohibición de salida del país que la Justicia les impuso a Mathov y Santos. No pueden ir a Miami ni a Punta del Este. Cuánto dolor! Desvergonzadamente lo considera un sufrimiento injusto, cuando en verdad se trata de restricciones mínimas que la Justicia penal debe imponer a cualquier imputado», subrayaron.
Además, apuntaron: «Es mentira también que las impugnaciones de Mathov y Santos se encuentren a consideración de la Corte. Esos recursos aún están en trámite ante la Cámara Federal de Casación, quien debería declararlos inadmisibles, de manera indefectible». En su descargo, los familiares señalaron en relación al diputado Iglesias que no quieren «darle demasiada trascendencia, por tratarse de un personaje nefasto de la política argentina».
«Porque ya sabemos la Verdad, seguiremos exigiendo Justicia. Prisión efectiva y cárcel común para estos canallas!!! Ya!!! Juicio y castigo para todos los responsables políticos y materiales de la represión policial en diciembre del 2001 en todo el país!!», concluyeron.
