Desde fines de septiembre se desató un conflicto en la zona noroeste de la ciudad, cuando por lo menos 82 familias ocuparon unas tierras en barrio Magaldi que estaban abandonadas y que hacían de basural. Además, hay otras vecinos y vecinas que habitan los terrenos hace 4, 6 y hasta 10 años. En este tiempo, acondicionaron el lugar y fueron construyendo casas para darse una respuesta habitacional en el medio de la emergencia social de la pandemia. El 29 de octubre recibieron una notificación de Fiscalía que imputó a 92 personas por el delito de usurpación de tierras. Los defensores piden el acceso al legajo y se oponen a esta lectura.
El abogado Norberto Olivares manifestó a El Ciudadano que se oponen a la constitución como querellante de quien se aduce la propiedad de la tierra. «Lo que él invoca es que en 1982 obtuvo un boleto de compraventa y eso no lo consideramos válido. Esto no es prueba del dominio registral a favor de él. Ignoramos quién es el verdadero titular registral», explicó.
«Esa tierra estaba ociosa, abandonada, no estaba en la esfera de custodia de él. Entonces no cabe decir que hay delito de usurpación. Para eso tendría que haber habido violencia y no la hubo. Nadie hizo uso de la violencia para ingresar, ni abuso de confianza», planteó.
Olivares dijo que el fiscal de Flagrancia, Marcelo Maximino, inició el trámite para que se realicen audiencias con los imputados y estima que se encamina a pedir un desalojo, aunque aclaró que el fiscal no puede dar la orden. En este marco, el viernes pasado tuvieron una reunión las y los vecinos de la toma y funcionarios de Hábitat de la Provincia y la Municipalidad. El lunes 16 de noviembre tendrán una segunda reunión en la que esperan que haya alguna propuesta de solución habitacional. Este es uno de los compromisos que, según Olivares, asumieron.
El segundo pedido que hicieron a los funcionarios es que presenten un escrito al fiscal donde den cuenta de que está iniciado un camino de negociación para que termine con el pedido de audiencias y la situación no derive en un desalojo.
«Como defensores queremos evitar un desalojo violento, sanguinario, ya sabemos cuáles son la consecuencias como vimos en Guernica. Necesitamos encontrar una solución estable para la gente que ocupa los terrenos. Tiene que haber una instancia de negociación entre el Estado municipal y provincial», manifestó.
Y planteó que ir por el desalojo sería ir por «la respuesta más primitiva porque se criminaliza una situación de pobreza a indigencia». Entre las familias que esperan alguna solución, se cuentan al menos 82 y cerca de 75 niñas y niños.
