Después de que asesinaron a su hija Dayana, Hugo Capacio sólo quería que lo escucharan. A la chica la encontraron muerta en un monte cerca de General Lagos, tres días después de haber desaparecido. Tenía 17 años y hacía unos meses había terminado un noviazgo violento. Cuando Vanesa Celma murió Eva Domínguez, su cuñada, pensó en los hijos de Celma: uno de 5 años y otro que estaba aún en la panza de la mujer cuando el marido la prendió fuego después de una discusión. Al día siguiente le hicieron una cesárea en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), nació una nena y cinco meses más tarde Celma murió por quemaduras en más de un tercio del cuerpo.
Capacio y Domínguez se conocieron en una marcha en la que pedían justicia por la muerte de Dayana. También cruzaron caminos con la familia de Wanda Tadei –asesinada por su pareja en 2010– y a la familia de las mujeres del cuádruple crimen de La Plata en 2011. Habían vivido lo mismo y conocían el sufrimiento. Decidieron unirse y formar el grupo llamado “Atravesados por el femicidio”. Sumaron a otros familiares de víctimas de femicidios de todo el país para dar contención y consejos a la hora de hacer trámites en la Justicia. La semana pasada trajeron la experiencia a Rosario y formaron una mesa provincial que además de familiares incluyó al Gobierno de Santa Fe. La próxima reunión será en agosto, pero en la capital provincial. “Somos los primeros que tratamos de contener a la familia y trasmitirle las experiencias vividas. Nadie está preparado. O te tirás en la cama o salís a luchar”, explicó a El Ciudadano Capacio. Desde la mesa intentarán presentar proyectos para acelerar los pasos de la Justicia y aumentar la asistencia a las víctimas y las familias.
Contener y proponer
En la mesa trabajan cerca de 20 familias de víctimas de femicidios de Rosario. El objetivo es sumar casos de toda la provincia. El grupo Atravesados por el Femicidio acompaña a las familias desde el velorio hasta en los trámites judiciales. Les dan consejos y las alientan desde la propia experiencia. Desde la semana pasada sumarán los recursos de la Subsecretaría de Políticas de Género, los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Salud para la asistencia sanitaria, psicológica y económica de víctimas y familiares. A futuro pretenden generar políticas públicas. Una de las mayores preocupaciones del grupo es aprobar una legislación para proteger los derechos de los hijos de las víctimas, similar al proyecto de ley Brisa (ver aparte).
“El grupo es un espacio para articular con las reparticiones provinciales las necesidades de las víctimas colaterales. Valoramos las reuniones que los familiares venían teniendo y nos pareció importante que el Estado pueda dar respuestas”, dijo a El Ciudadano la titular de la Subsecretaría de Políticas de Género de Santa Fe, Gabriela Sosa. La funcionaria explicó que la mesa servirá para diseñar políticas públicas que colaboren en la prevención, la contención, el acompañamiento económico, y el fortalecimiento territorial de las familias. “A la par de contener los casos particulares, pensamos en políticas que queden para el futuro. Discutir legislaciones, acelerar los trámites judiciales y fortalecer el protocolo de femicidio”, agregó.
La otra lucha
“Es un proceso doloroso. Una vez que dejás a tu hija en el cementerio, empieza la segunda muerte del familiar: superar las vueltas de la Justicia. Tenés que buscar testigos, tener plata para pagar un buen abogado o pedir uno oficial y esperar que se comprometa en el caso. La Justicia está desbordada y nos abandona. Siempre va dos pasos atrás del familiar”, opinó Capacio.
Cuando la Justicia tomó el caso de Vanesa Celma consideró que la mujer de 27 años había muerto en un incendio. La familia pidió el cambió de caratula y hoy la causa está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Contraté abogados sin una visión de género. Tuvimos que luchar para incorporar testimonios que dieran cuenta que Vanesa era víctima de violencia. La mesa de familiares es necesaria porque compartimos nuestra experiencia con la Justicia para asesorar a otras familias y evitar que las causas queden estancadas”, señaló Domínguez. “Queremos que la Justicia entienda que cada caso es individual. Tienen que escuchar a los testigos y a las mujeres cuando van a denunciar. Los familiares somos víctimas colaterales y muchas veces la Justicia nos hace responsable por no haber advertido la violencia antes”, agregó.
Domínguez es ama de casa participa del grupo y milita en el colectivo Mujeres de Negro que realiza intervenciones en espacios públicos para visibilizar los femicidios. Con ellas, contó la historia de Celma cada vez que pudo. “Encontrarme con otros familiares me ayudó a no sentirme sola. Queremos ser optimistas y pensar que entre todos podemos cambiar la historia. Creemos que podemos salir y que tenemos derecho a que la Justicia actúe rápido y el Estado responda”, concluyó.
