El presidente Alberto Fernández consideró hoy que «el uso del servicio de inteligencia para hacer espionaje interno es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible» y exhortó a la Justicia a «investigar sin demoras» para «dirimir las distintas responsabilidades» porque se trata de hechos que «deben tener una respuesta».
En una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter, Fernández dejó sentada su posición respecto al video conocido hace unos días, y en cual Marcelo Villegas, exministro de Trabajo del gobierno bonaerense que encabezó María Eugenia Vidal, describe, en una reunión celebrada en 2017, el supuesto accionar que debe seguirse para armar causas judiciales contra organizaciones sindicales.
En ese encuentro, en el que participaron funcionarios bonaerenses; el intendente de La Plata, Julio Garro; agentes de la AFI y empresarios de la construcción, Villegas se muestra en favor de contar con «una Gestapo» -la policía política del nazismo- para accionar en perjuicio de los gremios.
El registro audiovisual fue hallado en dependencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y la interventora del organismo, Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la Justicia federal de La Plata para determinar las responsabilidades por esos hechos.
Ante la denuncia, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak habilitó la feria judicial para avanzar en el trámite del expediente en el que se investiga la «mesa judicial bonaerense» contra sindicalistas.
Al respecto, el Jefe de Estado manifestó que «ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos».
Fernández recordó que «al inicio de la gestión denunciamos la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos».
En ese sentido, detalló que «se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros».
«¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en operador judicial?», se preguntó el Presidente.
Fernández aseguró que «esas preguntas exigen una respuesta» al mismo tiempo que afirmó que «el uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible».
Al finalizar su mensaje en redes sociales, el presidente remarcó: «He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy», resaltó.
«Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática», concluyó.
Tras el hallazgo del video y denuncia de la AFI, se activaron dos expedientes judiciales y una subcomisión de investigación del Congreso de la Nación.
En ese encuentro celebrado en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia -ubicada a metros de la Plaza de Mayo-, los participantes hablaron de provocar a los sindicalistas del gremio de la construcción de La Plata para generar una reacción por parte de ellos y entonces grabarlos -«cablear»- y luego denunciarlos por amenazas y lograr su encarcelamiento.
El video, según se pudo reconstruir, fue encontrado en un disco rígido en una de las bases de la AFI y no en su sede central, ubicada en la calle 25 de Mayo, a metros de la Plaza de Mayo.
Los espías que aparecen en la grabación serían, según trascendió públicamente, Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI); Dario Biorci (cuñado y exjefe de Gabinete de la exsubdirectora de la central de espías Silvia Majdalani) y Diego Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de ese organismo).
El material audiovisual en el que se ve a los tres espías planeando una estrategia junto con los funcionarios del gobierno de Vidal fue hallado por las actuales autoridades de la AFI apenas días después de que la Cámara Federal porteña emitiera un fallo con el que descartó que durante la gestión de Cambiemos se hubiera desarrollado una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal.
Por su parte, la Comisión Bicameral de control de los organismos de inteligencia, encabezada por el diputado Leopoldo Moreau, formó una subcomisión para que investigue el tema.
Esa subcomisión, integrada por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical Miguel Bazze dispuso citar a los agentes de la AFI que revestían en el área de operaciones tecnológicas y pudieron haber participado de la colocación de las cámaras o de su manipulación.
Además, decidieron convocar a los empresarios que participaron de la reunión, luego a los exfuncionarios públicos y al intendente de la Plata y finalmente a los espías; mientras que en el camino planean convocar a la exgobernadora Vidal, que todavía no se refirió públicamente al ‘Gestapogate’, en el que su entonces ministro de Trabajo manifestó sus deseos de contar con una organización como la «Gestapo» (la policía política que operó durante el régimen de la Alemania nazi) para accionar contra los gremios en Argentina.
