El presidente Alberto Fernández consideró este miércoles que la discusión en torno al intento de intervención de la empresa Vicentin es una «prueba contundente del daño que generan los falsos dilemas», y lamentó que «entre los directivos de la compañía y la Justicia impidieron conocer lo que pasaba en la firma. No conocemos la verdad».
Después de que el Poder Ejecutivo derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que disponía la intervención de la cerealera, el mandatario señaló que «fueron los mismos directivos» de esa firma los que acudieron al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para alertarlo de que «estaban en una situación financiera complicada».
«Asumí y, desde entonces, todos me lo plantearon como un problema acuciante para el sector exportador, la provincia de Santa Fe y los productores», recordó Fernández en una entrevista con el canal C5N.
Al respecto, aclaró que decidió «tomar cartas en el asunto» con el DNU de intervención y, desde ese momento, se convirtió en un «expropiador serial, en un tipo que se quería quedar con la casa y los departamentos de la gente, y con las empresas de los empresarios», por lo que ese caso oficia como una «prueba contundente del daño que generan los falsos dilemas».
El jefe de Estado planteó que, desde la intervención, «entre los directivos de Vicentin y la Justicia impidieron conocer lo que pasaba» en la empresa.
«Llevé casi 60 días esperando que la Justicia abra una puerta, y nunca lo logramos, por acción de los directivos de Vicentin y de la Justicia», añadió.
No obstante, aclaró que lo que sí «pudo ver» es que «hay serias denuncias penales contra los directivos de Vicentin; que los créditos dados por el Banco Nación están severamente cuestionados; que hay en Estados Unidos una denuncia para buscar dónde fueron a parar recursos de Vicentin, y denuncias de lavado de dinero».
«Me empecé a preguntar si la idea original, que era rescatar una empresa e ir resolviendo el problema de los productores, para que fuera referencia para el Estado en un mercado tan importante como el agroindustrial, no se convirtió en una salvataje para los empresarios», reflexionó.
Este viernes, Fernández derogó el decreto por el que había ordenado la intervención de Vicentin durante un plazo de 60 días y ordenó acciones que permitan «dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado» por los créditos que se le dieron a la firma.
