La jueza federal de San Martín, Marina Forns, rechazó dictar una medida cautelar contra la resolución de la Secretaría de Comunicaciones que declaró la caducidad de la licencia para la prestación de diversos servicios de telecomunicaciones, entre ellos los de Fibertel. La noticia será bien recibida en la Quinta de Olivos y Casa Rosada, desde donde se encaró una batalla contra la «justicia cautelar» que incluyó varios tweets de la presidente Cristina de Kirchner.
El pedido de la medida de «no innovar» estaba contenido en un planteo de nulidad de la Resolución 100/2010, formulado por dos usuarios de internet, Ignacio Aranda y Fernando Raúl Borio, quienes argumentaron que la norma lesiona la libertad de comercio al restringirles el derecho a elección.
Forns recordó jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación según la cual cuando el objeto de la medida cautelar consiste en la suspensión de la ejecución de un acto administrativo, «su procedencia exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora».
La magistrada afirmó que «en esta etapa inicial del proceso» no surge que la resolución 100/2010 «sea ilegal o arbitraria», pues «ha sido dictada en uso de las atribuciones legales».
Agregó que «cuando se solicita una medida cautelar, que constituye una decisión excepcional porque altera el estado de hecho y de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, se exige mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión».
Al desestimar el dictado de la medida de «no innovar», la jueza dispuso, además, notificar al Estado Nacional, para que produzca un informe relacionado con el objeto de la demanda.