El Concejo aprobó este jueves la norma que contempla sanciones para quienes organicen y faciliten fiestas clandestinas. La propuesta, impulsada por la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, tiene como objetivo desalentar las fiestas ilegales, elevando las multas a quienes las organizan o son propietarios de los inmuebles donde se desarrollan.
El proyecto propone la incorporación de este nuevo marco normativo en el Código de Faltas Municipal cuando se compruebe la venta de alcohol y el ingreso masivo de personas. Esto abarca a establecimientos, casas, quintas, fincas y otro tipo de inmuebles al aire libre o en espacio cerrado dentro de Rosario.
La iniciativa contó con el apoyo de la Cámara que nuclea a los boliches de Rosario (IDEAR), quienes no solo aportaron su mirada sino que también se mostraron conformes con el pedido ya que este tipo de encuentros son una competencia desleal.
“A causa de la pandemia se incrementó la realización de reuniones sociales multitudinarias incumpliendo las normas vigentes, por lo tanto entendemos que es esencial implementar medidas que contrarresten la generación de eventos, reuniones o fiestas privadas ilegales o clandestinas, que ponen en riesgo la salud de todos por hacerse sin las medidas sanitarias ni de seguridad correspondientes”, explicó Schmuck.
Y agregó: “Además, planteamos que aquellas personas que quieran hacer fiestas en casas particulares post pandemia tengan que pedir autorización al municipio teniendo en cuenta la capacidad ocupacional, las normas de seguridad e higiene que tienen que cumplir, y saber si los vecinos linderos están de acuerdo o no. En función de eso, la municipalidad evaluará si se le otorga o no la habilitación solicitada. En este momento donde ninguna de estas cuestiones está habilitada, las multas son mayores porque estaríamos ante la presencia de lo que llamamos fiestas clandestinas”
Las sanciones alcanzarán a los propietarios de las viviendas o lugares donde se hagan las fiestas y a los organizadores de las mismas. Donde las multas irán desde las 2.300 UF (unidades fijas) a las 4.600 UF, que traducido partirá desde los 225.400 a los 450.800 pesos.
“En esta propuesta incluimos una cláusula donde las faltas que sean cometidas durante la emergencia sanitaria declarada, en vigencia de los decretos nacionales, provinciales y municipales, serán sancionadas con un multa de 15.000 a 25.000 UF y el decomiso de todos los elementos que usaron para el evento e inhabilitación de hasta 180 días cuando se traten de un inmueble o comercios habilitados”, agregó la edila.
Y cerró: “La intención es otorgarle herramientas de más peso y más severas al municipio para poder actuar sobre quienes promueven, participan o facilitan este tipo de reuniones masivas, que están prohibidas y que han puesto en jaque las estructuras sanitarias en la ciudad y en la región”.
