La jueza Ana María Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, se refirió este jueves a la actuación de la denominada «mesa judicial» durante la gestión de Cambiemos al afirmar que «a los magistrados que no nos aveníamos a lo que le gustaba el gobierno, nos metían denuncias».
«Nos metían denuncias en el Consejo de la Magistratura con apoyo de cierto sector de la prensa, que nos trataba de limar para disciplinarnos», dijo la jueza, en diálogo con El Destape Radio, consultada sobre las presuntas presiones ejercidas sobre la Justicia por la gestión de Cambiemos.
Este miércoles, el fiscal federal Ramiro González imputó al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el marco de la causa en la que se investigan esas presuntas presiones.
Al respecto, la jueza Figueroa indicó que «hubo varios actos del poder político contra los jueces: los jubilaron, trasladaron o aplicaron quitas de sueldo».
«Para llegar a ser juez, la mayoría pasamos por estrictos concursos y somos académicos con prestigio, y ser sometido a este manoseo es muy grave para cualquier magistrado», opinó la camarista federal.
Asimismo, cuestionó el hecho de que, según Figueroa, «se sabía que muchos jueces habíamos tenido situaciones (de presión) y el Consejo de la Magistratura, que tiene que asegurar la independencia del Poder Judicial, fue muy funcional en esa época al poder político».
En otro orden, al evaluar el trabajo judicial durante la pandemia de coronavirus, Figueroa rechazó que estén «de vacaciones» y dijo que durante el aislamiento ingresaron a la Cámara de Casación Federal «más de 2.000 pedidos de medidas morigeradas, prisión domiciliaria y excarcelaciones relacionados con el coronavirus».
«Se ha hecho un trabajo interminable: nos sentamos a las 9 de la mañana y son las 19 y seguimos trabajando», gráfico la jueza.
En ese sentido, la magistrada reclamó «un sistema informático adecuado», y explicó que hay «un sistema informático que no estaba previsto para esto, que se cae seguido, funciona muy lento y hay que suplir con más horas de trabajo».
Figueroa rechazó también las acusaciones de que se esté produciendo «una largada masiva de presos» desde la justicia federal.
«En la Cámara Federal de Casación Penal hacemos el análisis caso por caso y de la cantidad de presentaciones que ingresaron, se declaran inadmisibles un 90%», agregó al respecto.
Asimismo, explicó que, cuando se analiza un pedido para determinar si un condenado por delitos de lesa humanidad puede acceder a un beneficio como la prisión domiciliaria, «hay hacer una investigación adecuada y los requisitos son más exigentes».
Sobre ese punto, Figueroa aseguró que tampoco existe una «suelta generalizada» de personas que recuperan la libertad por la pandemia.
