Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Después del discurso del presidente, grabado y transmitido por cadena nacional, cualquiera puede preguntarse si el mismo resulta una rendición de cuentas de final de gestión o más bien la inauguración de un relato armado en clave de su nuevo rol opositor.
Las opiniones y comentarios comenzaron rápidamente a versar sobre las declaraciones del jefe del Estado, que resultaron contrastadas de manera contundente por los datos oficiales generados bajo su misma gestión. En algunos casos la mentira y tergiversación es tan evidente que nos enfrentamos al riesgo de la banalidad, y a la náusea que puede generar la desidia y cinismo de los responsables de la cosa pública.
Algunas de las palabras reutilizadas por Mauricio Macri son: transparencia, control, eficacia, eficiencia, desarrollo, mejora; entre otras expresiones que muy poco tienen que ver con los hechos de la realidad y los datos leídos desde el interés nacional.
Por eso vale la pena superar la confrontación de cifras para abordar las cuestiones de fondo, de tal forma que este tipo de sucesos no quede neutralizado en el marco de un simple y pasajero debate de opiniones. Proponemos entonces discurrir si existe la rendición de cuentas como elemento para garantizar el control público sobre las acciones de gobierno, a fin de que la “chantada” o el relato cínico dejen de ser una práctica recurrida por los representantes políticos en nuestro país.
El término “rendición de cuentas” proviene del inglés accountability, que en realidad no tiene traducción literal al español pero que significa el estado de ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo; ser responsable ante alguien de algo; ser sujeto y responsable de dar cuentas y responder preguntas.
Su importancia como pilar del Estado moderno ya se encontraba contemplada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuyo artículo 15 fijaba que “la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su Administración”. Incluso un presidente argentino llegó a decir que “los funcionario son esclavos, en tanto deben hacer lo que el pueble quiere”, habida cuenta de que son gestores de los bienes y recursos públicos con la finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad, en pro del bien común y el interés de la Patria.
Como lo hizo el presidente Macri, podemos remarcar, de las tantas perspectivas posibles, aquellas que vinculan la rendición de cuentas con el acceso a la información y al deber de poner en conocimiento de la comunidad la actuación de todos los funcionarios, hecho que incluye a las normas legales que obligan a determinados funcionarios públicos a rendir cuenta de su gestión ante los organismos de control.
Esto es importante porque no se puede controlar lo que no se conoce; de ahí que sea imprescindible el acceso a la información veraz y la “transparencia”. Pero esto no implica solamente un acto de generar estadísticas confiables (hecho desde luego importante), sino más bien la práctica permanente de colocar la información en la “vitrina pública” para que los interesados puedan revisarla, analizarla, comprenderla y asimilarla con la realidad, con el objeto de usarla como mecanismo para juzgar y hasta sancionar en caso de la tarea gubernamental resulte divergente de sus promesas y el interés nacional.
Poco de esto hemos experimentado en estos cuatro años de gestión (en coherencia con el discurso de esta semana) en los que se ha transmitido un mensaje que difirió de la orientación de las decisiones y el juego de intereses que prevaleció sobre los recursos públicos y la riqueza nacional. Aunque se ha idolatrado la veracidad de las estadísticas, se proporcionó muy poca información, de manera parcial o incompleta, respecto al verdadero rumbo de la gestión gubernamental y del saldo que deja.
En un Estado moderno, por otra parte, el control de las funciones se instrumenta a través de diversos mecanismos y organismos que comparan la actuación debida con la real o efectiva. El control es un proceso dinámico e integral efectuado por todo el personal y los órganos comprendidos dentro del Estado mismo.
Por eso, uno de los controles más importantes es el denominado control interno que abarca la gestión por constituir instrumentos de prevención y detección de irregularidades y que tiene por finalidades básicas asegurar la veracidad de la información elaborada en el interior de una organización y que se utiliza como soporte de la toma de decisiones por parte de su nivel directivo, para asegurar que la política del organismo sea ejecutada en forma correcta por las diferentes áreas y en los distintos niveles jerárquicos.
Queda bastante claro entonces que en estos años los gestores de la cosa pública no parecen haber sido ni transparentes, ni controlados. Eso es lo que surge de la pública información y se refleja en la conformación de algunos de los más trascendentes organismos de control (por ejemplo, la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción). Por la relación de amistad con el Poder Ejecutivo a quien debía controlar, en el caso de la OA, y por incompatibilidad de intereses en el caso de quien estuviera a cargo de la UIF, teniendo que investigar a la entidad bancaria de la cual proviene, no puede extraerse más que la imposibilidad casi absoluta de desempeñarse de manera independiente e idónea de los funcionarios que ocuparon los puestos de conducción de tales organismos.
También habrá que reparar en las funciones desempeñadas por las Unidades de Auditoría Interna y la Sindicatura General de la Nación (más allá de las numerosas críticas que merece el sistema de control instaurado por la ley), cuyos funcionarios –aunque políticos– deben tener una actitud independiente y conservar posturas de objetividad ética e idoneidad técnica que garanticen el ejercicio legal y razonable de ese control que les compete.
El tema es que el acceso a la información y la actuación pública transparente son una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero la clave en el uso de ellas no resulta eficaz si queda reservado a los organismos del Estado, sin la necesaria y suficiente participación ciudadana, mediante la concurrencia efectiva del pueblo a través de todas las organizaciones que representen y manifiesten los intereses sectoriales y nacionales con poder de presión real.
Éste es el gran desafío que tenemos por delante, en vista de la insuficiencia y el fracaso recurrente que viene arrojando el descanso en el funcionamiento de los organismos del Estado y la declaración de las normas de esta democracia liberal.
El efectivo y real control popular resulta necesario e imprescindible para evitar que sea cual fuere el gobierno que toque, nos siga imponiendo un relato que sólo atiende a las pretensiones personales y los intereses de una minoría siempre acomodada.
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