El archivo de una causa penal que debía investigar el homicidio de un menor de edad en manos de un cabo de Prefectura Naval alertó a la Multisectorial contra la Violencia Institucional, que este lunes emitió un comunicado en el que repudia la decisión del fiscal Miguel Moreno, a quien acusan de negarse a realizar medidas probatorias solicitadas por los familiares de las víctimas, en este y otros dos casos denunciados como gatillo fácil. La Multisectorial ya había advertido la posibilidad de que las causas queden impunes. La última vez fue hace diez días en un “escrache público” durante el último informe de gestión del fiscal Regional de Rosario, Jorge Baclini, quien se comprometió a escuchar el reclamo este miércoles al mediodía.
La Multisectorial contra la Violencia Institucional que nuclea organizaciones sociales, políticas, sindicales, académicas y de derechos humanos realiza un seguimiento de ocho homicidios donde las víctimas son jóvenes de barrios populares muertos en confusos episodios por efectivos de fuerzas de seguridad públicas. El caso que el fiscal Moreno archivó la semana pasada es el de Maximiliano Zamudio, un adolescente de 16 años con retraso madurativo asesinado de tres disparos en la puerta de su casa de Tablada, el 27 de mayo de 2015. Quien disparó fue un prefecto que esa noche había ingresado a bordo de un Ford Falcon particular por uno de los pasillos del barrio, para detener la marcha en Patricias Argentinas al 4300. A la ventanilla se acercó el menor, quien cayó con tres balazos, uno en la cabeza. El cabo de Prefectura Naval Ariel Fernando C. A. nunca negó haber disparado, pero dijo que se defendió de un robo. La familia del pibe dijo que el prefecto, que vestía de civil, lo llamó del auto, y tras una breve discusión le disparó en el pecho, luego se bajó del coche y lo remató de un tiro en la cabeza.
Según la citada Multisectorial, al igual que en otras causas donde los tiradores son uniformados y las víctimas pobres, el Ministerio Público de la Acusación no investigó hipótesis que difieran de la versión de los empleados de las fuerzas públicas y terminan archivadas. Así lo denunció la organización, que ayer adelantó que se apeló el archivo de la causa Zamudio y recordó que en varias oportunidades solicitaron una auditoria a Moreno y su apartamiento de los tres homicidios perpetrados por uniformados que tiene a su cargo. Entre los argumentos, no sólo dijeron que Moreno no investiga, sino que además impulsa el archivo de las causas y tiene un trato “despectivo, irrespetuoso e irresponsable con los familiares de las víctimas”, a quienes no recibe ni les brinda información.
“Nos preguntamos si puede el fiscal Moreno identificar quiénes son las víctimas y quiénes los responsables de estos homicidios, dado que sólo ha dedicado tiempo a investigar a los jóvenes asesinados. Aclaramos y denunciamos que incluso le ha bastado la sola declaración de los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de estas muertes para construir su versión de los hechos, sin contemplar la declaración del resto de los testigos. Aclaramos y denunciamos que Moreno se niega a realizar las medidas probatorias solicitadas insistentemente por las querellas que representan a las familias de estos jóvenes”, sostienen en un comunicado. Y agregan: “Nos preguntamos entonces si a Moreno le interesa realmente conocer la verdad de lo sucedido y buscar a los responsables de estos homicidios”.
En el texto aclaran que “el patrón de actuación” ante este tipo de hechos ha sido denunciado en distintos documentos ante el Fiscal General de la provincia, Julio de Olazábal y al de Rosario, Jorge Baclini: “Nos referimos al abordaje policial, fiscal y judicial inadecuado que se le da a estos casos y que producen impunidad. Como ya hemos expresado, en la mayoría de los casos las primeras actuaciones las realiza la Policía. En algunos, incluso, los mismos policías autores o participes de los hechos. Esto permite la construcción de una versión policial de lo sucedido, presentando por ejemplo los casos de uso ilegal de la fuerza letal como enfrentamientos con armas, o legítima defensa ante un intento de robo. Hace posible, también, la alteración de los escenarios del hecho, la introducción de evidencia falsa y el ocultamiento de evidencia incriminatoria”.
Con esos argumentos, las organizaciones nucleadas en la Multisectorial instaron al Ministerio Público de la Acusación a “no archivar estas causas, a investigarlas y no dejar estos homicidios impunes”.
Gatillos
El fiscal Moreno tiene a su cargo otras dos causas de homicidios en las que familiares de las víctimas aseguran que fueron gatillo fácil, como se expresa popularmente los casos de ejecución sumaria de la pena de muerte. Desde la Multisectorial anunciaron su preocupación de que las muertes de Carlos Vicente Godoy y Alejandro Ponce tengan idéntico desenlace y terminen sin condenas.
Los demás investigaciones que se siguen con cautela son los homicidios de Jonatan Herrera, Gerardo Escobar, Brandon Cardozo, Jonatan Ojeda y Franco Casco.
Mañana a las 13, el fiscal Regional Jorge Baclini recibirá en su despacho a los abogados de las querellas y a un familiar por cada uno de los ocho asesinados.
Sogas en el cuerpo de Franco Casco
Los abogados de la familia de Franco Casco, el joven cuyo cuerpo apareció flotando en el río Paraná en 2014 y que había sido visto con vida por última vez en la seccional 7ª de Rosario, denunciaron que lo quisieron “hacer desaparecer”, luego de que se conocieron nuevas pruebas en la causa. Según publicó en su edición del domingo el diario Rosario 12, la querella recibió de forma anónima fotos que no estaban en la causa y que contradicen los dichos de los prefectos que levantaron el cuerpo del muchacho. En las mismas se observan sogas en el cuerpo (una cuerda en el brazo y otra en el muslo izquierdos) en el momento que es sacado del agua. Para el abogado Salvador Vera, las imágenes confirman la hipótesis que denunciaron desde un principio: que al pibe lo mataron a golpes y lo fondearon en el arroyo Ludueña. La causa está en la Justicia federal que incorporó las fotos tomadas por un miembro de la Prefectura al momento de rescatar el cuerpo, y que en forma anónima llegaron a los investigadores. Las mismas imágenes fueron también secuestradas en una de las computadoras que la fuerza naval tenía en una de sus sedes. Lo curioso es que los prefectos negaron haber usado sogas para el rescate y ocultaron la existencia de las mismas. Vera dijo que las nuevas pruebas ameritan que sean indagados los cinco prefectos y que queda pendiente una explicación de la fiscal Mariana Prunotto, quien participó del operativo de levantamiento del cuerpo.
