El fiscal federal Federico Delgado pidió que se incluya al empresario Franco Macri por presunto lavado de dinero en el caso conocido como Panamá Papers donde también se intenta determinar si el presidente de la Nación Mauricio Macri omitió su participación en sociedades offshore.
El pedido del fiscal fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello luego que el propio empresario reconociera que pago los nueve millones y medio de dólares con los cuales Fleg Trading se hizo del 99 por ciento de las acciones de Owners de Brasil.
Franco Macri se suma de esta forma como eventual imputado en la investigación que se viene siguiendo contra su hijo por dos delitos: lavado de dinero y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas de bienes.
En la causa se investiga si Mauricio Macri omitió su eventual participación en las sociedades off shore Fleg Trading LTDA y Kagemusha, radicadas en Bahamas y Panamá, respectivamente.
Pero la investigación se centra ahora sobre Fleg Traiding: hace pocos días Franco Macri reconoció que él pagó 9.5 millones de dólares el 1 de enero de 1998 y que recién aquella sociedad se constituyó tres meses después, el 31 de marzo de ese año.
El 21 de septiembre de ese mismo año, Fleg Traiding con el dinero aportado por Franco Macri se hizo de Socma Americana la cual integraba parte de Owners, esta última radicada en Brasil.
Según acreditó el fiscal Delgado, de acuerdo al dictamen al que accedió NA, luego parte de esos 9.5 millones de dólares Owners los giró a la empresas Hotel Nurague Portorotondo en Italia: «dicha circunstancia refleja al menos una situación oscura o poco clara sobre la operación financiera que involucra a las empresas», sostuvo Delgado.
«Se trata de inversiones cuyo origen se desconoce, de sociedades que se disuelven dentro de otras sociedades muchas veces compartiendo domicilios en incluso socios, de sociedades que al disolverse se van mudando de país», añadió.
El pedido fiscal fue presentado esta mañana ante el juez Casanello quien reanuda sus funciones tras un mes de receso judicial por la feria de verano.
Delgado advirtió dos problemas que tiene la investigación: una es que los instrumentos para colaborar con la investigación dependen del Poder Ejecutivo, el cual ejerce propiamente Macri, ello en referencia a los exhortos con pedidos de información que tramita el Ministerio de Relaciones Exteriores; y el otro es la colaboración financiera a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Otro problema más grave es que el delito de lavado de dinero se implementó por ley en 2011 y la norma no es aplicable si el hecho fue cometido con anterioridad a esa fecha.
«Es preciso que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la UIF ponderen la necesidad de elaborar mecanismos de colaboración que revelen acciones sustantivas», agregó el fiscal en su escrito.
Ante el juez pidió que nuevamente se analicen las declaraciones juradas de bienes que Mauricio Macri presentó tanto ante la Oficina Anticorrupción como en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires antes de asumir como Presidente: ello porque surgen diferencias entre ambas porque los respectivos formularios solicitan diferente información.
Por otra parte, pidió que se obtengan los informes bancarios sobre los 9.5 millones de dólares que se debitaron desde la cuenta de Franco Macri para comprar las acciones de Owners.
