La fiscal Cristina Ferraro, de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Santa Fe, quedó bajo la lupa de la Justicia Federal por irregularidades que se desprenden de la investigación del crimen del operador turístico Hugo Oldani. La causa del asesinato, ocurrido el 11 de febrero pasado en la capital provincial, abrió una caja de pandora por la sospecha de que en la oficina del agente de viajes funcionaba una cueva donde se producían delitos económicos y anidaban cajas negras policiales.
Para el fiscal federal Walter Rodríguez, Ferraro no resguardó la suma millonaria hallada en el local de Oldani tras su muerte y permitió que familiares lo retiraran, además de no garantizar la custodia, lo que le valió una denuncia por el delito de encubrimiento agravado. Este miércoles, el gobernador Omar Perotti se refirió al lodazal que rodea al caso: “Claramente son cosas muy groseras como para mirar para otro lado y eso no lo vamos a hacer”.
El caso Oldani, espinoso en los primeros meses de gestión del gobierno provincial por las marchas en contra de la inseguridad que motivó en la urbe capitalina, mutó en una causa compleja e incómoda.
Parte de ello se debe a que el ministro de Seguridad Marcelo Sain denunció en junio ante la Justicia federal que la firma ubicada en La Rioja al 2445 de Santa Fe –sede de Oldani Turismo SRL– lavaba activos, al tiempo que criticó el accionar de la Justicia provincial.
«Se empezó a mover la cosa como para decir paremos esto, esclarezcamos el homicidio, pero no investiguemos nada más que el homicidio. Esto puede terminar con que se corte el piolín en lo más débil, que son los cuatro pelagatos que estuvieron en ese lugar», había dicho el ministro sobre los módicos avances del caso que tiene a tres hombres imputados y a una adolescente indagada en la Justicia de Menores.
Por ese entonces la fiscal provincial Ferraro había quedado bajo la picota por no abundar en la pista financiera como móvil del homicidio: una suma millonaria en fajos de dólares y pesos –que había sido fotografiada por peritos y cuyas imágenes fueron publicadas por el portal ZonaCrítica– desapareció del local días después del crimen.
El monto preciso nunca pudo ser peritado, ya que –se desprende de la investigación– la hija del empresario turístico no lo consintió, además de impedir de que la caja fuerte que estaba en el local fuera abierta el día del crimen. Una semana después, el dinero se esfumó.
Sain denuncia por lavado a una empresa de Santa Fe cuyo dueño fue asesinado
El 18 de agosto pasado el fiscal federal Rodríguez presentó una denuncia ante el Ministerio de Seguridad provincial en la que señala que la fiscal Ferraro pudo haber incurrido en el delito de encubrimiento “en la modalidad de hacer desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del ilícito, agravado por tratarse de una figura penal especialmente grave y por su calidad de funcionaria pública”.
En ese marco Rodríguez también expuso que dirigió a un grupo especial de la Policía Federal que estimó un movimiento de gastos cercanos a los 300 mil pesos mensuales por parte de Oldani, quien se dedicaba a las tareas de cambio chico con dinero que resguardaba en un morral que fue robado por los atacantes que acabaron con su vida hace seis meses.
“Además de esos movimientos chicos, Oldani realizaba operaciones con operadores de mayor envergadura, de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Los operadores o cambistas ingresaban por la cochera que tiene la galería Rivadavia, colocaban sus coches en las dársenas, bajaban con cajas de cartón, iban a la empresa Oldani y regresaban al vehículo”, de acuerdo con lo que pudo reconstruir el funcionario federal que, de acuerdo con informes de la Policía Federal incorporados en la causa, “manejaba dinero de correspondía a policía de Santa Fe, específicamente a la Regional I y a las Motorizada”.
En su dictamen Rodríguez indicó que poco después del homicidio quedó grabado en la pantalla de la calculadora del Oldani el número 16.800.000.
Y explica en el primer tramo del escrito que, como Oldani está muerto, la Justicia no puede perseguirlo penalmente. Claro que Rodríguez abunda en detalles del presunto rol de cuevista del malogrado empresario turístico.
Para el fiscal federal la agencia de turismo era la cara legal de un negocio dedicado intercambio de divisas, lo cual surge del estudio de papeles, documentos e instrumentos financieros hallados en la oficina, a pesar de la falencia de la fiscal Ferraro en resguardar el dinero hallado al momento del crimen, señala el representante del Ministerio Público Fiscal.
Rodríguez refiere que le pidió a la fiscal Ferraro si poseía elementos sobre “la sustracción de valores y dinero en efectivo” de la escena del crimen y que de no ser así le brindara filmaciones. La respuesta de su par provincial, indica Rodríguez, le sonó elusiva: “No sólo omitió una respuesta a cada uno de los distintos puntos de interés sino que agregó una suerte de alegato respecto de un planteo de competencia que se encuentra fuera de su órbita”.
Rodríguez adujo también que la fiscal Ferraro ordenó a fines de febrero –tras una publicación del portal ZonaCrítica de imágenes de fajos de billetes tomadas en el procedimiento– abrir un legajo por delitos contra el orden económico en la Fiscalía Regional Santa Fe, investigación que derivó en el Organismo de Investigaciones. Sin embargo, ese dinero, cuyas imágenes ahora eran públicas, ya había desaparecido.
“Es un gran interrogante respecto a la capacidad que tiene una imagen para transmitir información de relevancia jurídica y justificativa de la puesta en marcha de una investigación penal (…) una imagen no puede dar cuenta de hechos precedentes o consecuentes que motivaron la sospecha aludidas, ni los sujetos involucrados en los sucesos. Para el caso que el dinero fotografiado fuera el único elemento material objeto de investigación, viene al caso decir que ello nunca hubiese ocurrido, sin que no se haya manifestado previamente un quiebre del resguardo y custodia de los bienes hallados en la jornada en la que mataron a Oldani”, criticó Rodríguez sobre el timing de Ferraro para investigar el origen del dinero.
Según estimaciones que hicieron especialistas de la División Scopometría de la Federal, esa la suma que estaba en los estantes del local de Oldani era de aproximadamente 3.050.000 de pesos y 1.100.000 dólares.
Rodríguez ya había evidenciado su malestar con el jefe de la fiscal Ferraro, el fiscal regional de la 1ª Circunscripción Carlos Arietti, por considerar que no colabora en la investigación para desentrañar el caso Oldani.
A principios de agosto fue por más y le mandó un escrito al propio gobernador Perotti y por añadidura al jefe de Arietti, Jorge Baclini: «Por su intermedio pretendo que las autoridades provinciales competentes tomen las medidas indicadas para que el fiscal general del MPA, Jorge Baclini, instruya a quien corresponda, con el objeto de lograr una pronta remisión de los elementos requeridos, ante la ausencia de una explicación razonable ni justificación legal que ampare la negativa a suministrarlos».
Grosero
“Claramente son cosas muy groseras como para mirar para otro lado y eso no lo vamos a hacer”, dijo el gobernador Omar Perotti este miércoles por Aire de Santa Fe luego de las repercusiones que trajo el dictamen de Rodríguez. “A los avances de las investigaciones los vamos a acompañar plenamente y es un mensaje muy concreto: el respaldo a todos aquellos que actúan bien y por derecha, y en el esquema de que aquel que se desvía no tendrá ningún tipo de respaldo ni hay vista gorda ni complacencia alguna”, remarcó.
Para Perotti, “el caso Oldani es la demostración de cuando decimos que queremos cortar todos los vínculos y queremos generar una condición nueva de mirar más allá”.
En ese sentido, remarcó que haya sido el propio Ministerio de Seguridad el que, ante sospechas, fue en busca de posibles implicancias de parte de un sector policial.
“Quizás esto terminaba con una marcha que le hicieron al gobernador pidiéndole justicia y una reunión recibiéndolos y diciéndoles que íbamos a poner los mayores esfuerzos. Se siguió todo, y se siguió preguntando, y quedaron claras evidencias que llevaron a la presentación de la denuncia del ministro precisamente porque alguien tenía que explicar”, expresó.
Luego, mencionó las dudas sobre el dinero que aparecía en el lugar del crimen y que, llamativamente, no formaba parte de la investigación. “Si alguien había hecho un operativo y había filmado donde había dinero, ¿por qué después en el trámite que continuaban las acciones no se hablaban de ese dinero y no estaba más?”, se preguntó.
