La Justicia imputó a la fiscal santafesina María Laura Martí por las escuchas ilegales realizadas el año pasado al ministro de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro. A la funcionaria judicial le atribuyeron tres delitos: falsedad ideológica de documento público, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para Pullaro, la investigación sobre las horas extras de la Policía –en el marco de la cual se filtraron las escuchas telefónicas– fue armada “con fines políticos”.
La fiscal Martí y su colega Roberto Apullán habían sido citados a audiencia imputativa este viernes en la capital provincial. Martí concurrió acompañada por su abogado Alejandro Otte y quedó imputada. Apullán pidió una prórroga y no se presentó; será convocado en nueva fecha –aún no decidida– y quedará imputado por los mismos delitos que su colega. Una docena de fiscales de Santa Fe se acercaron a la sede del Ministerio Público de la Acusación para apoyarlos, pero no los dejaron entrar a la audiencia.
La causa por las escuchas ilegales realizadas sobre el teléfono del ministro Pullaro la llevan adelante los fiscales rosarinos Juliana González y Gustavo Ponce Asahad. La investigación se originó en octubre del año pasado a raíz de una denuncia realizada por el propio Pullaro luego de que se filtraran los audios de las conversaciones que mantuvo, entre otros, con el jefe del Ministerio Público de la Acusación Jorge Baclini, el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti y el gobernador Miguel Lifschitz.
Ante la divulgación de esas grabaciones, Pullaro hizo una denuncia penal para pedir que se investigue cómo se filtraron las escuchas en las que se habla de la detención del ex jefe de la Unidad V de la Policía, Adrián Rodríguez, en el marco de una investigación judicial por las horas extra de la Policía. El ministro de Seguridad se constituyó como querellante y acusó a los fiscales Apullán y Martí de montar una operación política para desprestigiarlo, en un presunto pacto con “sectores oscuros” de las fuerzas de seguridad.
“Desde que juré como ministro de Seguridad, me comprometí en ir a fondo en estas cuestiones y nada nos va a detener”, declaró Pullaro este viernes. “Ni las cosas que nos puedan traer un costo político, ni las cosas que nos puedan traer un costo personal. Bajo ningún concepto voy a frenar la lucha contra el delito y el mejoramiento de la institución policial. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde. Para mí no es fácil, ni poco costoso haber hecho una denuncia de esta característica contra dos fiscales. Lo podría haber dejado pasar, no constituirme como querellante y dejar todo en el marco de la impunidad, pero la verdad es que uno se compromete con mejorar las instituciones de la provincia y esto tiene una gravedad muy pero muy relevante”.
Para Pullaro, la presunta operación en su contra está vinculada con su tarea al frente del ministerio y la depuración de la Policía. Al momento de la denuncia, en octubre de 2017, Pullaro había revelado que impulsó 700 causas por las cuales fueron exonerados policías que estaban siendo investigados por distintos delitos. “Siempre planteé que quería saber la verdad de lo que había sucedido. Sabemos que en este tiempo hemos avanzado en causas de corrupción, hemos tocado intereses de sectores oscuros de la Policía que apartamos, denunciamos, hicimos encarcelar y en más de una oportunidad destituimos. Siempre quisimos saber cuál era el trasfondo de esta cuestión, quienes estaban detrás”, sostuvo este viernes en Santa Fe.
Según el ministro de Seguridad, la intervención de su teléfono “fue ilegal”. Su abogado, Pablo Cococcioni, remarcó que “la investigación va avanzando progresivamente” y dijo que la imputación de la fiscal Martí es “un avance muy importante”.
El abogado explicó que a la fiscal se le atribuyó haber solicitado escuchas telefónicas invocando datos falsos, mintiéndole al juez (Nicolás Falkenberg, quien autorizó las escuchas) y llevándolo a error en incumplimiento de diversas mandas de las leyes del Código Procesal Penal y de la ley del Ministerio Público de la Acusación”.
Cococcioni resaltó que “el juez Falkenberg ya ha prestado declaración como testigo y por el momento no surgen elementos que prueben que él obró con dolo, más bien que los fiscales le ocultaron información relevante al juez y el juez, de haberla tenido, hubiera ponderado la decisión de avanzar en el derecho a la intimidad de las personas”.
