Dos semanas después del enérgico pedido del Gobierno nacional para someter al ex espía Antonio «Jaime» Stiuso a la Justicia, el fiscal federal Franci Picardi lo imputó por realizar escuchas ilegales de periodistas, empresarios y funcionarios y reclamó al juez Luis Rodríguez que lo cité a declaración indagatoria.
La causa la inició la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a cargo de Oscar Parrilli el 16 de junio pasado. Según la denuncia, Stiuso utilizó una causa «inventada» para pinchar durante tres años los teléfonos de decenas de personas, incluyendo a los médicos que atendieron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a ministros nacionales y hasta funcionarios del gobierno porteño de Mauricio Macri.
El fiscal Picardi imputó al ex director general de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia (SI) por considerarlo responsable de haber organizado un sistema de escuchas ilegales para lograr «espurios intereses personales o particulares». Según reveló el sitio fiscales.com, Stiuso había conseguido la intervención de 20 abonados telefónicos y correos electrónicos de la sucursal local de la firma británica de seguridad privada «Dark Star Security» por supuestas actividades de espionaje y contraespionaje en la Argentina. Sin embargo, esas escuchas continuaron por tres años a pesar de que el fiscal Federico Delgado había afirmado que no existían elementos de que esas actividades ilegales hayan existido.
Picardi sostuvo en su dictamen que en este caso Stiuso sería responsable del delito de abuso y violación de los deberes de funcionario público y de haber interceptado indebidamente comunicaciones telefónicas con posterioridad al 23 de febrero de 2012, cuando venció el plazo legal de 60 días que debía renovar el juez. Esas dos infracciones prevén hasta dos años de prisión.
«Mediante actos engañosos, materializados en información espuria, instrumentada en distintas actuaciones, que habrían dado cuenta de actividades de espionaje y contraespionaje en la República y en beneficio de potencias extranjeras», Stiuso logró «inducir a error a las altas autoridades de la ex Secretaría de Inteligencia, como así también del Poder Judicial de la Nación, para la obtención de sucesivas autorizaciones para llevar adelante interceptaciones de comunicaciones», sostuvo el fiscal en el dictamen al que tuvo acceso ámbito.com.
Según reveló el Ministerio Público Fiscal, la causa a cargo de Rodríguez se originó a raíz de un pedido de extracción de testimonios efectuado por el fiscal Delgado ante el juez Sergio Torres, luego de que se comprobara que nunca existieron las actividades de espionaje y contraespionaje en infracción a la ley 13.985 supuestamente desarrolladas en el país por integrantes de «Dark Star Security».
En su página web, «Dark Star Group» se presenta como una «consultora especializada en gestión de riesgos, asesoramiento en operaciones internacionales en los campos de defensa y seguridad en ambientes hostiles o de riesgo».
En el expediente original, iniciado en 2011, la SIDE sostenía que la empresa espiaba a favor del Reino Unido y cada dos o tres meses le enviaba resúmenes de escuchas al juez Torres. Pero la AFI descubrió que esos papers eran armados con diálogo editados, interpretaciones sesgadas y falsedades de datos. Stiuso buscaba que Torres les prorrogara el permiso para seguir interviniendo más y más teléfonos.
Para Picardi, con estas maniobras el exagente escapado a los Estados Unidos «desarrolló tareas propias de su especialidad por razones que no guardaban relación alguna con la posible existencia de actividades que afectaran la seguridad exterior e interior del país, ni actividades de inteligencia de agentes que importaran una amenaza o riesgo para la seguridad del Estado nacional».
Que lo traigan
A fines de agosto Parrilli y Mena dieron una conferencia para informar que el gobierno de los Estados Unidos ratificó que Stisuso se encuentra en su país. Tras detallar las seis pesadas denuncias en contra el exespía, los funcionarios alertaron por la indiferencia de los jueces que deben investigarlo y por la falta de citación a indagatoria. «Consideramos la presencia en la Argentina para que rinda cuentas de todas la causas penales en trámite. No tenemos potestad ni jurisdicción para hacerlo comparecer compulsivamente, lo tienen que hacer los jueces. Lo hemos solicitado en todos los juzgados y nos llama la atención que ningún juez lo ha llamado a comparecer por la fuerza pública», afirmó Parrilli.
Se sabe que Situso salió hacia Uruguay en febrero, después tomó un avión desde Brasil a La Florida. Lo último que se dijo sobre su paradero es que estuvo alojado en un complejo paradisíaco, en Portofino Island. El Gobierno nacional exigió a los EEUU que informe sobre esa estadía, el domicilio actual del exjefe de la SIDE y en carácter de qué se radicó en el país del Norte. Todavía no conoce la respuesta.
Si el juez Rodríguez acepta el pedido a indagatoria del fiscal Picardi y ordena que se presente en su despacho a declarar el trámite podría derivar en el corto plazo en un pedido de extradición a los EEUU. Eso sí, siempre y cuando Stiuso no decida volver a su país.
