El fiscal Fernando Rodrigo fue desplazado de su cargo ante una denuncia presentada por la intervención de dos teléfonos de su ex pareja, una mujer que también trabaja en el Ministerio Público de la Acusación. Según la presentación efectuada por un empleado de Fiscalía, Rodrigo ordenó intervenir los teléfonos celulares de la mujer en cuatro investigaciones que llevaba adelante en su rol dentro de la Unidad de Investigación y Juicio de la Fiscalía Regional Rosario, dijeron fuentes del MPA, que añadieron que el próximo lunes se analizará su suspensión. También se informó que su vivienda y otros domicilios fueron allanados, y que se secuestró material probatorio. Rodrigo es el titular de la Asociación de Fiscales y fue responsable de la oficina de Violencia de Género.
A última hora de este viernes trascendió el caso: el fiscal Fernando Rodrigo presentó un pedido de licencia ante una denuncia en su contra radicada el lunes pasado. Según una fuente judicial, su ex novia, que a la vez trabaja en la Fiscalía aunque no bajo su órbita, lo acusa de haberle intervenido sus teléfonos, en el marco de cuatro investigaciones judiciales que Rodrigo encabezaba. De acuerdo con la presentación, el fiscal aprovechó para filtrar ambos números en las sábanas de intercepciones telefónicas.
Rodrigo, al tomar conocimiento de la denuncia en su contra, pidió licencia, la que le fue otorgada. El próximo lunes el Ministerio Público de la Acusación tomará una determinación en cuanto a si será suspendido en forma provisoria o no, aunque mientras tanto fue separado de las causas que tenía a su cargo como fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, se informó.
Tras conocerse la denuncia, la auditora general de gestión María Cecilia Vranicich ordenó las primeras actuaciones y dispuso que la fiscal de Cañada de Gómez Natalia Benvenutto, que es de otra circunscripción –lo que garantizaría imparcialidad–, tome en sus manos la pesquisa sobre Rodrigo. Así, se produjo una serie de allanamientos: la casa particular y el estudio profesional de Rodrigo –además de la vivienda de un familiar–, en los que se incautó material probatorio como computadoras, impresoras, pendrives, DVDs y teléfonos celulares.
“Es de una muchísima gravedad institucional”, dijo una fuente de Fiscalía, la que añadió que de ninguna manera pueden verse afectadas las pesquisas que Rodrigo encabezaba.
De acusador a acusado
Rodrigo integra el Ministerio Público de la Acusación desde la puesta en marcha del sistema, el 10 de febrero de 2014. Ahora trabajaba en la Unidad de Investigación y Juicio, aunque antes lo hizo en la oficina de Violencia de Género. En ese rol fue cuestionado en marzo de 2015 por organizaciones de mujeres. Fernanda Serna, víctima en un caso de violencia de género, lo denunció por incumplimiento de deberes y pidió su renuncia. “El fiscal Rodrigo considera que son causas civiles y por eso las desestima”, lo describió tras enumerar las causas que Rodrigo mandó al archivo.
Rodrigo fue impulsor y preside la Asociación de Fiscales, entidad gremial de los funcionarios acusadores. En ese rol firmó en febrero último un duro comunicado en ocasión de un episodio que se conoció como bochazo masivo: la casi totalidad de fiscales adjuntos que aspiraban a ser titulares (cuatro sobre 316) reprobaron el examen, incluido el propio Rodrigo. El episodio motivó chispazos entre el Ministerio de la Acusación y el Poder Ejecutivo. Con la firma de Rodrigo el gremio de los fiscales aseguraba repudiar “enfáticamente aquellas manifestaciones públicas que ponen en duda la eficiencia y capacidad de los fiscales adjuntos que rindieron la prueba de Oposición del Concurso de Fiscales de la Provincia”.
En marzo de 2017 fue cuestionado en voz baja hasta por sus propios pares. Denunció al hermano de un hombre al que había imputado luego de que el primero se lo cruzara en un pasillo y lo increpara. Un juez lo mandó 35 días tras las rejas.
La última mención pública del fiscal Rodrigo fue en otro controvertido caso. Un ciruja que ingresó a una vivienda deshabitada buscando protección por el frío fue acusado de intentar hurtar un inodoro por una fiscal, quien pidió la prisión preventiva del imputado porque, al carecer de domicilio fijo, no podía notificarlo y entonces la investigación podía verse perjudicada. El ciruja, que vive en la calle desde hace una década, pasó más de un mes y medio preso hasta que un camarista puso fin al desatino en una audiencia donde Rodrigo se opuso a que fuera liberado con los mismos argumentos que había sostenido su par en primera instancia.
