El fiscal de Casación Ricardo Wechsler apeló y pidió que la Corte Suprema de Justicia revea el sobreseimiento del expresidente Fernando De la Rúa en la causa por cinco homicidios cometidos durante la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001.
«Resulta inadmisible sostener que Fernando De la Rúa no conociera los acontecimientos que sucedieron luego de las 22.41 de aquel 19 de diciembre en que anunciara por cadena nacional el estado de sitio. La magnitud de las manifestaciones espontáneas por parte de la ciudadanía, denominados como ´cacerolazos´, le imponían cuanto menos indagar sobre el desarrollo de las mismas y el consecuente despliegue policial», sostuvo el fiscal.
Semanas atrás, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal había confirmado el sobreseimiento del exmandatario, al desestimar un planteo fiscal y de las querellas, lo que dejaba a De la Rúa fuera de la investigación.
Ahora, Wechsler interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que sea el más alto Tribunal el que revise la situación de De la Rúa, al considerar que existe un «estado de sospecha».
El fiscal considera que De la Rúa no podía desconocer lo que ocurría en esas jornadas violentas y recordó que el entonces titular de la SIDE, Carlos Becerra, le brindaba información sobre ello y el presidente «intercambiaba información con Mestre (Ramón, ministro del interior) y Mathov (Enrique, secretario de Seguridad)».
Además, Becerra –tal cual recordó el fiscal- dijo que «desde los despachos de Casa de Gobierno se escuchaban las detonaciones» y que en todos ellos se «encontraban los televisores encendidos».
«La existencia de funcionarios ineficaces, los informes disfrazados sobre los acontecimientos, la existencia de reuniones para mantenerse en el cargo, no justifican de ningún modo la desvinculación del máximo responsable de la situación generada, avalada por una intencionada miopía sobre los hechos», remarcó Wechsler.
Para el fiscal «De la Rúa conocía las acciones de la fuerza o debía conocer (por la gravedad de la medida adoptada y la falta de instauración de carriles de comunicación) y tenía todo el poder para evitarlo y no lo hizo».
En ese sentido es que habla de «inacción del expresidente» y en consecuencia de «no evitar los resultados muertes y lesiones».
También recordó que el Ministerio Público Fiscal apeló en todas las instancias y que lo que pretende «es la realización de un juicio oral y público».
Esta investigación, que tiene a su cargo el juez Claudio Bonadío, es por los homicidios de Diego Lamagna, Carlos Almirón, Marcelo Riva, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, que se produjeron en las inmediaciones de Plaza de Mayo y el Obelisco.
Mientras aún no está definida la situación judicial de De la Rúa, a mediados de este año está previsto que se realice el primer juicio oral y público por esos hechos, que tiene como acusados los policías federales Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, y Orlando Oliveiro, este último exjefe de Asuntos Internos.
A todos ellos se los acusa del asesinato del manifestante Márquez, quien recibió dos tiros en el tórax sobre la Avenida 9 de Julio, a pocos metros del Obelisco, y de las heridas de bala que recibieron Paula Cimonetti y Martín Galli.
El juicio está previsto para junio y aún no se decidió si en él se acumulará la parte que tiene en la mira a los responsables políticos, con De la Rúa por ahora excluido: Mathov; el exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos; el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana de la Federal, Raúl Andreotti; y el exdirector general de Operaciones Norberto Gaudiero.
