El fiscal federal Gerardo Di Masi pidió investigar si el líder de la CGT, Hugo Moyano, y su hijo Pablo Moyano cometieron los delitos de «amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de los servicios públicos» con el paro de transporte de combustibles.
De esta forma, el fiscal impulsó la denuncia que presentó el Gobierno Nacional contra los sindicalistas. Di Masi también le solicitó al juez federal Sergio Torres una serie de medidas de prueba para avanzar, pero que antes establezca si es competente para intervenir en la causa.
Los voceros señalaron que el fiscal le solicitó al juez que fije si el fuero federal porteño es competente en virtud de que los bloqueos a las refinerías se realizaron en localidades de la provincia de Buenos Aires, como La Matanza y Dock Sud, y por lo tanto la causa podría llegar a tramitar en algún juzgado bonaerense.
En tanto, en la causa en la que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, denunció al presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Luis Morales, el juez Julián Ercolini citó para el próximo martes a ratificar la denuncia al abogado patrocinante del funcionario. Luego, el juez le pedirá al fiscal Ramiro González que dictamine si impulsa la causa.
Las dos denuncias fueron presentadas por el Gobierno Nacional ante el paro que camioneros hizo el miércoles y durante algunas horas de ayer en reclamo de un aumento salarial y por el aumento del mínimo no imponible para deducir el Impuesto a las Ganancias y el pago de asignaciones familiares.
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, denunció a los Moyano y a la comisión directiva de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. En la denuncia, Randazzo consideró que el paro fue «un ejercicio abusivo del derecho a huelga» con el cual se «pretende conseguir que los órganos gubernamentales competentes dispongan modificaciones a los regímenes normativos aplicables al Impuesto a las Ganancias y a las Asignaciones Familiares».
Por su parte, De Vido denunció al empresario Morales por el entorpecimiento de los servicios públicos ante la presunta violación de la ley 26.741 que declaró de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos y expropió el 51 por ciento de las acciones de YPF y Repsol.
La norma considera de «interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos».
