El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy investigar al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, por haber concedido una moratoria, que sería inédita, a la imprenta ex Ciccone Calcográfica.
Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que Di Lello requirió la apertura de una investigación al juez federal Ariel Lijo, a raíz de presuntas irregularidades que se habrían detectado en «los términos y condiciones» de la moratoria que permitió a la gráfica levantar la quiebra.
Se trata de una denuncia que estaba en poder del juez federal Sergio Torres y que ahora se anexó a la causa principal que tiene Lijo, en la que se investiga al vicepresidente Amado Boudou por su supuesta intervención en la venta de la ex Ciccone y presunto enriquecimiento ilícito.
Di Lello le pidió al juez Lijo que requiera los expedientes administrativos a la AFIP respecto al proceso de moratoria de la deuda millonaria de 62,7 millones de pesos que tenía con el organismo a cargo de Echegaray.
Además, pidió que requiera al ente recaudador el listado de moratorias otorgadas en los últimos años para conocer en detalles cómo fueron esas operatorias, aunque según se sospecha, ese plan otorgado a la ex Ciccone no tuvo precedentes.
La moratoria habría sido avalada por el titular de la AFIP en octubre de 2010, algo que le permitía a la ex Ciccone Calcográfica levantar el expediente de quiebra que tramitaba en la Justicia Comercial, y en un proceso que se presume Boudou, entonces ministro de Economía, habría convalidado por el cual se lo investiga por supuesto tráfico de influencias.
La denuncia contra Echegaray la formuló el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien también pidió investigar al jefe de asesores de la Afip, Rafael Resnick Brenner, y al dueño de la nueva Ciccone, Alejandro Vandenbroele, este último titular de la firma The Old Fun la cual adquirió las acciones de la gráfica. La denuncia fue presentada ante el juez Torres, quien subroga el juzgado federal N° 9, y por conexidad se acumuló con la que investiga Lijo.
Sobre la base de informaciones periodísticas, el letrado citó que Echegaray aceptó un pedido de Vandenbroele para obtener una quita excepcional en la deuda de Ciccone con la Afip, y así sólo pagar 62,7 millones de pesos de los 247 millones que adeudaba, lo que implicaba una reducción del 75 por ciento.
La moratoria fue aprobada el 18 de noviembre de 2010 por el titular de la Afip, por Resnick Brenner y por el propio Boudou. Luego por decisión de Echegaray, la moratoria se ajustó a un plan de pago de 96 cuotas mensuales, aunque finalmente no se concretó.
Además, Sánchez Kalbermatten denunció que tras estallar el escándalo en la Justicia, hubo modificaciones en el procedimiento que consta en el sistema informático el cual difiere de la copia en versión papel.
En el escrito presentado, el abogado había sugerido como medida de prueba el allanamiento «con carácter de urgente» de la Afip para recabar documentación vinculado a la moratoria de la ex Ciccone Calcográfica.
Lijo lleva adelante la causa por la supuesta injerencia de Boudou en el levantamiento de quiebra de la ex Ciccone, la cual fue adquirida por la firma The Old Fun del empresario y abogado Vandenbroele, quien se sospecha es amigo del Vicepresidente, aunque ambos niegan conocerse mutuamente.
Esta semana el juez empezó a tomar declaraciones testimoniales en el caso y al respecto Carlos Schneider, de 75 años, testificó que por medio de su yerno le pagaron 200 pesos a cambio de que prestara su nombre para representación en nuestro país de la firma de origen holandés Tierras International Investment, que a su vez figura accionista de The Old Fun. En tanto, la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito se amplió hacia el hermano de Boudou y sus padres.
