La denuncia de los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca contra sus pares Matías Edery y Luis Schiappa Pietra desató un vendaval que no para. La implosión institucional del Ministerio de la Acusación (MPA) implicó la intervención de la Legislatura, la cita de la fiscala regional de Rosario María Eugenia Iribarren y de la fiscala general Maria Cecilia Vranich y la apertura de un investigación contra Edery luego de que el auditor general de MPA Leandro Mai declinara su intervención en el caso por entender que se trataba de hechos graves.
A ello le siguió el pedido del senador Traferri, quien es investigado por los fiscales Edery y Schiappa Pietra en una causa por corrupción vinculada con el juego clandestino donde cayeron en desgracia el ex fiscal regional Patricio Serjal y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, este último condenado mediante un acuerdo abreviado.
La semana pasada, luego de que a instancias del propio Traferri la Legislatura determinara despojarlo de sus fueros para poder declarar, se conoció el pedido de apartamiento de los fiscales por parte del senador en la causa que lo investiga. Ambos ya habían sido apartados de las investigaciones que tienen vinculación con la cuestionada informante de Edery, Mariana Ortigala, hoy detenida por una causa de extorsión contra una cadena de loterías e indagada también en el fuero federal, lo que generó también una decisión salomónica por parte de la fiscala regional, quien también apartó de esa pesquisa a los fiscales denunciantes Moreno y Socca.
Además el ex subjefe de la Policía Ariel Zancocchia presentó una denuncia contra ambos fiscales en la auditoría. Este jefe policial dejó su cargo tras una causa por robo de autopartes en móviles policiales que, según su argumentación, fue armada en forma fraudulenta por funcionarios judiciales y del Ejecutivo. Esa causa fue investigada por Edery y Schiappa Pietra.
En el escrito presentado ante la fiscala regional, el senador Traferri hizo eje en el principio de objetividad. Dijo que este concepto tiene un perfil poliédrico que tiene que ver entre otras cosas con la lealtad y la buena fe en la conducción de la investigación como así también con el apego irrestricto a la legalidad.
Para el senador, la dupla fiscal faltó en forma grave y manifiesta a su deber de actuación objetiva. Y agregó que hay hechos con apariencia de delito que corresponde investigar al MPA.
Contó que ya había adelantado desde el inicio de la investigación que ambos fiscales condujeron la pesquisa en su contra con “desapego a la objetividad, buena fe, lealtad y legalidad. Y que, detrás de la maniobra, estaba el por entonces ministro de Seguridad Provincial, el Lic. Marcelo Saín”.
En un recorrido de estos últimos años contextualizó lo que para él ocurrió en la provincia a nivel político-judicial. Dijo que en 2019 hubo una disputa política que involucró al entonces gobernador electo Omar Perotti y a él, y esa disputa se “deslizó al interior del Ministerio Público de la Acusación”.
El conflicto por el liderazgo en la integración del Senado y la salida de Traferri de la mesa de transición del gobierno saliente y el entrante se plasmó en los medios de comunicación y luego esa discusión se trasladó particularmente al Ministerio de Seguridad, explicó.
Otro hecho que echó leña al fuego para el senador fue la aprobación del Presupuesto 2020 enviado por el gobierno de Miguel Lifschitz. “Los sectores del peronismo ligados a Perotti denunciaban un pacto entre Lifschitz y un grupo de senadores encabezados por Traferri”, cuenta el documento.
Asumido el gobierno provincial por Perotti y con Marcelo Saín en el Ministerio de Seguridad (tras conseguir permiso en su cargo como jefe de la policía judicial, o sea el Organismo de Investigaciones -OI- del MPA), “este último atacaba a opositores políticos y a senadores, especialmente Traferri”, embestida que se proyectó a la Fiscalía, aseguró el legislador.
El senador citó algunas testimoniales brindadas en la causa que se sigue contra Saín y su equipo por espionaje ilegal en la ciudad de Santa Fe donde declaran algunos empleados del OI que hablan de un interés en encontrar algo que perjudique a Traferri.
Hizo referencia asimismo a testimonios que hablan de entrevistas hechas en conjunto entre el OI del MPA, en una vivienda donde según asegura vivía Sain, y funcionarios del Ministerio de Seguridad bajo directivas de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, y donde se entrevistaba a personas con intereses políticos, que se convierten en informantes continuos, dice la presentación.
Estas circunstancias luego derivaron en intervenciones telefónicas, según refirió. Traferri explica que estos hechos llamaron la atención de la auditora general devenida luego en jefa de los fiscales a nivel provincial, Vranicich, quien llevó adelante un sumario contra la directora de Inteligencia Criminal Zona Sur del OI, Debora Cotichini, quien terminó expulsada de su cargo.
En el documento hay un sinfín de conversaciones de Whatsapp entre empleados y/o funcionarios del Ministerio de Seguridad y de empleados de OI donde se deja entrever que manejan información reservada y hacen referencia al senador Traferri cuando aún no había sido citado a indagatoria. Puntualmente, después de cada circunstancia relevante que se llevaba adelante en la causa de juego clandestino, entre ellas la declaración del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad.
En el escrito se desmenuzan mensajes que, según el denunciante, evidencian el trato que sobrepasa lo institucional entre los fiscales y el Ministerio de Seguridad
En uno de ellos, el escrito refiere a intercambios de mensajes Saín y el fiscal Schiappa Pietra en referencia a una fiscal de San Lorenzo que terminó imputada en la causa por coimas.
“Ahora … Lewis agarrando la defensa de la fiscal de S. Lorenzo que habla con Coqui —una presunta referencia al empleado del MPA Nelson Ugolini, también imputado— es lamentable… Va, no sé si lamentable. Es lo que es” y Sain contesta: “Es socialista, punto”, refiere.
El escrito hace hincapié que los mensajes de whatsapp también eran entre los fiscales y la directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman, de cuyo celular salieron muchos de los mensajes que hoy son evidencia en la causa por espionaje ilegal. Muchos de ellos eran replicados en grupos que mantenían entre funcionarios del Ministerio donde estaba incluido Sain bautizados “De acá no se va nadie” y “Les Loques”.
El documento relata el punto de vista del legislador respecto del contexto político en el que se dio la investigación penal en la que está involucrado, los carpetazos y la intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial a través de funcionarios del Ministerio Público de la Acusación. Habla de promiscuidad entre la Fiscalía y el Ministerio, la filtración constante de información reservada , planteo que ahora deberá desandar la Fiscalía que tiene por delante un enorme desafío institucional ya que es nada más y nada menos que el organismo encargado de la ejecución de las políticas criminales en la provincia.
En las últimas horas trascendió la decisión de Vranicich de dar curso a la presentación de Traferri. quien pidió apartar a los dos fiscales y además la realización de una audiencia pública para ventilar sus denuncias, pedido que debe resolver Iribarren.
Vranicich, entonces, derivó al auditor general Leandro May la denuncia para que evalúe su gravedad, y en consonancia decida si la investiga él mismo o la deriva a la Legislatura, y a la vez envió copia a la Fiscalía Regional Santa Fe, ya que allí se instruye la pesquisa contra ex funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones del MPA.
