En lo que se planteó como un trabajo en conjunto para enfrentar el delito y el narcotráfico, se firmó ayer el convenio para la creación de una delegación regional con asiento en Rosario de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). El mismo se llevó a cabo en la sede local de Gobernación, entre la procuradora de la Nación y cabeza del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó; el fiscal general de la provincia, Julio De Olazábal; y el gobernador Miguel Lifschitz.
Mediante este acuerdo marco, las partes asumieron el compromiso de desarrollar en forma conjunta acciones tendientes a potenciar la persecución penal en materia de narcocriminalidad y delitos vinculados, creándose la mencionada delegación de Procunar.
Esta iniciativa de articulación entre los servicios de justicia federal y provincial y el gobierno de Santa Fe frente al fenómeno de la narcocriminalidad es consecuencia del acuerdo que en febrero de este año firmó Gils Carbó con el gobernador Lifschitz y el Ministerio Público de la Acusación.
El gobernador de la provincia remarcó que el convenio tiene como objetivo poner en marcha en un plazo no mayor a 30 días una oficina de la Procunar en Rosario “con jurisdicción para toda la provincia de Santa Fe”. “La Procunar es la oficina especializada en lucha contra el narcotráfico. Esta delegación va a estar integrada por tres fiscales federales y tres provinciales que van a trabajar de manera conjunta en el mismo espacio físico que es un ámbito que va a proveer el gobierno de la provincia de Santa Fe. Se va a alquilar un edificio adaptado para la realización de estas tareas y allí se van a desarrollar tareas de investigación y de seguimiento de casos de narcotráfico vinculados a la provincia de Santa Fe y con la conexión de esos casos con delitos en el ámbito provincial. La idea es establecer un marco de trabajo conjunto”, señaló.
“Nos parece un paso muy importante para la investigación de algunos delitos donde la frontera entre el homicidio, la asociación ilícita, el robo a mano armada, la entradera y el narcotráfico es difusa y siempre existen puntos de contacto y de vinculación entre un delito y el otro”, añadió.
Investigación penal
Lifschitz recordó que el convenio suscripto “se refiere exclusivamente a las tareas de investigación penal de la Justicia federal y la Justicia provincial y a un trabajo conjunto. Estamos trabajando en un trabajo integral, un abordaje social, territorial en un esfuerzo conjunto”.
“También hemos solicitado apoyo al gobierno nacional en materia de vivienda social, financiamento para proyectos de mejoramientos urbanos, mejoramiento barrial y estructura. Estas oficinas conjuntas entre la Justicia federal y provincial ya están trabajando en Salta con muy buen resultado. Tuve oportunidad de conversarlo con el gobernador Juan Manuel Urtubey y ver la experiencia y la idea es replicarla en la provincia”, subrayó.
Las cifras
Al ser consultado sobre la cantidad de efectivos de las fuerzas federales que llegaron a la provincia durante los últimos días, el gobernador dijo desconocer la cifra “con precisión”. “Habitualmente en la provincia de Santa Fe hay fuerzas federales apostadas que cumplen diversas tareas pero no tenemos precisión respecto de los refuerzos que se han ido produciendo en estos últimos días. Sabemos que hay gestión de alojamiento, de alquiler de predios, sí hay voluntad de la ministra de Seguridad de ir gestionando fuerzas nacionales en el territorio. Ya está funcionando el comité operativo que tiene sede en las instalaciones de Gendarmería en Rosario. Vamos a hacer un trabajo combinado en el territorio, con el patrullaje y también un trabajo coordinado en materia de investigación, de acceso a las distintas fuentes de información que comúnmente tiene cada una de las fuerzas”, estimó.
Por último, Gils Carbó sostuvo que “este acuerdo significa una segunda etapa en el fortalecimiento de la acción conjunta entre el Ministerio Público de la provincia, el federal y la Gobernación. En aquella primera etapa habíamos creado la figura del fiscal coordinador de distrito, con un mandato específico de interacción hacia el Ministerio Público provincial y hacia las políticas de la Gobernación en la lucha contra el crimen organizado”, concluyó.
