En una movida que recorta la autonomía de los nuevos organismos del sistema penal, la Legislatura provincial sancionó en la última sesión una ley que les otorga a las cámaras el control directo y la “potestad exclusiva” de remoción de fiscales y defensores. A partir de ahora, senadores y diputados podrán examinar y –llegado el caso– apartar a los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa Penal.
La reforma de las leyes 13.013 y 13.014, por las cuales se rigen ambos organismos, fue votada el último jueves por unanimidad y sin debate en las dos cámaras legislativas, en tiempo récord. El trámite comenzó en el Senado, que decidió tratar sobre tablas –ya que el tema no estaba en agenda– una iniciativa firmada por Felipe Michlig y Hugo Rasetto (Frente Progresista) y Armando Traferri (PJ). De inmediato el texto fue girado a la Cámara de Diputados y obtuvo sanción definitiva.
La nueva norma modifica artículos de la ley 13.013 (Ministerio Público de la Acusación) y de la ley 13.014 (Servicio Provincial de la Defensa Penal) con el objetivo de reformular el procedimiento de remoción de fiscales y defensores. Hasta ahora, la Legislatura solo podía intervenir en la remoción del fiscal y del defensor general; con estos cambios, la potestad de hace extensiva al resto de los funcionarios del nuevo sistema penal, sancionado en 2007 y en vigencia desde febrero de 2014.
Según el texto aprobado el último jueves, “senadores y diputados tendrán la potestad exclusiva de investigar, acusar y remover a todos los fiscales y defensores” sin necesidad de que intervenga de la Auditoría General de Gestión que, a partir de ahora, dejará de tener capacidad disciplinaria.
La nueva ley determina que los fiscales y los defensores tienen estabilidad en sus cargos pero “podrán ser removidos mediante el procedimiento y por las causales previstas para la remoción del fiscal general y, de igual modo, por las causales previstas para el defensor general”.
Preludio a la ley: los casos Apullán y Martí
El primer antecedente se registró el año pasado durante el proceso que terminó con la suspensión del ex defensor general de la provincia Gabriel Ganón. En aquella ocasión, la Asamblea Legislativa había aprobado una resolución para otorgarse la potestad de suspender a Ganón, que denunció una movida política en su contra. Con la misma herramienta la Legislatura suspendió al fiscal regional de Reconquista Eladio García.
En los últimos meses se generó un cortocircuito entre el Poder Judicial y el Ejecutivo a partir de investigaciones llevadas adelante por los fiscales santafesinos Roberto Apullán y María Laura Martí sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Seguridad, la Policía y la Municipalidad de Santa Fe. La filtración de escuchas telefónicas del celular del ministro Maximiliano Pullaro hizo que subir la tensión y entonces la Legislatura decidió intervenir. En ese marco se dio la reforma de las leyes 13.013 y 13.014.
Vulnerables frente al poder
La Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación criticó con dureza los cambios impulsados desde el Senado. “Se ha reemplazado un modelo de régimen disciplinario legal, previsible y transparente por un sistema de dudosa constitucionalidad, que afecta la independencia de poderes, propia de un modelo republicano de gobierno”, cuestionaron los fiscales.
Según el documento difundido este viernes por la Asociación de Fiscales, con las nuevas reformas los funcionarios quedan “en una posición completamente vulnerable frente a los factores de poder de la provincia”, en clara alusión a los cortocircuitos generados durante las investigaciones que salpicaron a Pullaro, al intendente santafesino José Corral y a ex jefes de la Policía provincial.
“En este sentido –continúa el comunicado– la Asociación de Fiscales considera que se genera un riesgo cierto de menoscabo de la calidad institucional de la provincia, dado que la nueva ley condiciona a los fiscales que pretendan impulsar una investigación contra personas con incidencia política a ser destituidos a través de una simple votación de la Legislatura”.
Qué dice el ministro de la corte suprema
Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, señaló que con las modificaciones sancionadas por la Legislatura “se está modificando el espíritu de la ley del nuevo Código Procesal Penal. Los legisladores sabrán por qué lo han hecho”.
Gutiérrez –electo presidente de la Corte para el período 2018– dijo además que “hay que ver el derecho comparado para saber si hay alguna situación similar en el país o a nivel internacional”.
—¿No llama la atención que sea en este año, cuando los fiscales estuvieron en el ojo de la tormenta? –le preguntaron a Gutiérrez.
—Hay de todo un poco en esto.
—¿Es una cuestión de control o injerencia política?
—Mientras los fiscales cumplan con sus funciones y se mantengan en sus funciones, está bien… Ahora, si después, debido a la función del fiscal, quieren tomar alguna represalia, ahí sí sería preocupante.
Por la nueva ley de remoción, «la labor del defensor público está en riesgo»
