Los fiscales Carlos Amad y Carlos Gonella apelaron un fallo de la Cámara Federal de Resistencia que declaró la incompetencia de la justicia chaqueña para seguir a cargo de la causa conocida como «Carbón Blanco» y dispuso su envío a los tribunales porteños.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) requirieron este martes a la Cámara Federal de Casación Penal que se deje sin efecto la resolución y que se confirme al juzgado que primero investigó el envío de casi una tonelada de cocaína a Europa y que intervenía en el lavado del dinero generado en ese delito.
En el expediente, la jueza chaqueña Zunilda Niremperger dictó el 29 de abril el procesamiento y embargos millonarios al abogado porteño Carlos Salvatore y a miembros de su entorno comercial y familiar, entre ellos su esposa, su hija y su suegro.
Lo acusó de lavado de activos que tuvieron su origen en el tráfico de droga en contenedores de carbón vegetal remitidos desde la empresa Carbón Vegetal del Litoral SRL, radicada en Quitilipi.
En la pesquisa se constató la existencia de un complejo entramado societario y de múltiples personas organizadas para encubrir ganancias producidas por la organización dedicada al contrabando internacional de cocaína.
Sin embargo, el 18 de agosto, la Cámara de Resistencia declaró la incompetencia del juzgado de Roque Sáenz Peña para seguir investigando, tal como lo solicitó la defensa de Salvatore, quien durante la investigación fue escuchado, a través de un teléfono intervenido, cuando le dijo a su esposa que planeaba matar a la jueza Niremperger, señala la agencia Télam.
Para los fiscales Amad, de Chaco, y Gonella, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la permanencia de la causa en el juzgado de Roque Sáenz Peña «será en beneficio de la averiguación de la verdad histórica de los hechos denunciados, que tienen como característica común su extremada complejidad y sus connotaciones de criminalidad económica de tipo trasnacional y organizada».
Según la página fiscales.gob.ar, los representantes del MPF recordaron al respecto la jurisprudencia de la Corte Suprema en ese sentido, que indica que «la solución de la competencia debe estar inspirada por las exigencias de la economía procesal, celeridad, inmediatez y defensa en juicio de los encausados».
Agregaron que si la causa pasa a la jurisdicción federal porteña, se verá «paralizada», pues un nuevo juez deberá ponderar los más de cien cuerpos con los que cuenta el expediente y sus incidentes, más la documentación secuestrada en los 39 allanamientos realizados en marzo.
Para pedir que la causa pase a tramitar en Buenos Aires, la defensa de Salvatore argumentó que las empresas investigadas fueron constituidas en la Capital Federal y que sus socios fundadores tienen el domicilio allí.
En cambio, los fiscales señalaron que «si bien es cierto que algunos de los bienes se encuentran en la CABA, la gran mayoría se encuentran distribuidos tanto en otras jurisdicciones del territorio nacional, así como en el exterior «.
Paralelamente a este nuevo expediente, la causa por narcotráfico se encuentra en la etapa final de juicio oral y mañana comenzarán los alegatos de los defensores de los imputados, para quienes la fiscalía pidió la semana pasada 25 años de prisión.
