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Fiscales solicitaron juicio oral para el ex jefe policial Tognoli

El ex comisario está imputado en la causa en la que se investiga el accionar de bandas que traficaban estupefacientes en Santa Fe, en connivencia con algunas de las máximas autoridades de la Policía provincial.

Los fiscales federales de Rosario, Mario Gambacorta, y de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, solicitaron la elevación a juicio de la causa en la que está acusado de complicidad con el narcotráfico Hugo Tognoli, ex jefe de la Policía provincial de Santa Fe.

El comisario Tognoli está imputado en la causa en la que se investiga el accionar de bandas que traficaban estupefacientes en Santa Fe, en connivencia con algunas de las máximas autoridades de la Policía provincial, precisó hoy fiscales.gob.ar, el sitio del Ministerio Público, al informar sobre el pedido de elevación a juicio.

El ex jefe de la Policía y también de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones está acusado de brindar protección a un jefe narco que actuaba en la zona, cuando este último era investigado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), una fuerza de seguridad nacional.

Los fiscales presentaron el requerimiento de elevación a juicio ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Marcelo Bailaque.

Para el Ministerio Público, la protección brindada por Tognoli y otros policías de alto rango a Carlos Andrés Ascaíni, sindicado como jefe de una banda narco con base en la localidad santafesina de Villa Cañás, consistía en «liberar la zona» para su accionar delictivo y en mantenerlo informado sobre la persecución de la PSA, para que pudiera eludirla.

Entre la abundante prueba aportada se cuenta un llamado telefónico del propio Ascaíni a la seccional policial de Villa Cañás para averiguar a quién pertenecía una camioneta blanca que lo seguía desde hacía algunos días. Mediante el uso de una clave de seguridad de uso restringido, Tognoli y otros jefes policiales, entre ellos Néstor Fernández, por entonces jefe de la Brigada Operativa Departamental VIII, tenían acceso a la base de datos del Registro Nacional de Propiedad Automotor.

Con información obtenida de ese modo, avisaron a Ascaíni que era observado por un vehículo que pertenecía a PSA, lo que obstaculizó la detención del narcotraficante, siempre según los fiscales.

Según la acusación, después de esa comunicación telefónica un policía partió hacia donde se encontraba Ascaíni para interceptar y pedir identificación a quienes lo seguían, facilitando su evasión.

Los representantes del Ministerio Público señalaron también que en otra ocasión un comisario que había mostrado interés en investigar a Ascaíni fue desplazado por Tognoli, quien, según testimonios recogidos en el expediente, «recibía de los narcos 30.000 pesos mensuales como retribución por sus servicios».

Sin que las pruebas reunidas hasta ahora involucren a directamente a Tognoli y Fernández en «ostensibles y típicas maniobras de comercialización de estupefacientes, sus acciones habrían sido esenciales a la conducta desarrollada por Ascaíni», precisaron.

Ambos jefes policiales «habrían permitido que la figura principal de la organización dedicada al comercio de estupefacientes se desenvolviera con tranquilidad e impunidad”, señaló el requerimiento de elevación a juicio.

El pedido de juicio oral incluye también al cabo Alfredo Quintana, en calidad de partícipe necesario, y al abogado y funcionario de la policía provincial Oscar Alberto Ledesma, sospechado de haber omitido denunciar a responsables del tráfico de drogas que operaban en la localidad santafecina de Firmat.

La causa en la que Tognoli y otros policías están procesados tiene como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga lavado de activos, entre otros, procedentes del negocio de la droga.

La investigación judicial involucra también a otros cabecillas del narcotráfico en Santa Fe, entre ellos Aldo César Orozco y una veintena de otros acusados, además del ya mencionado Asaíni.

Entre estos imputados se verificaba al parecer una relación “a nivel de jefes de bandas opuestas pero no rivales, sino de distintos territorios”, según el requerimiento de los fiscales.

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